El Gobierno y el CIN negocian un incremento del 24,33% para docentes y no docentes, pero los rectores mantienen la demanda judicial ante la Corte Suprema y los gremios advierten que el acuerdo está por debajo de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno nacional y las universidades públicas se encaminan este miércoles a firmar un acuerdo salarial que descomprimiría en parte el conflicto presupuestario que sacude al sistema universitario desde fines de 2023. Sin embargo, el entendimiento no cierra la grieta de fondo: los rectores nacionales mantienen la demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo de la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, y los sindicatos docentes advierten que no están dispuestos a aceptar ningún acuerdo que se ubique por debajo de lo que establece esa norma.
El número en disputa
El borrador del acuerdo contempla una recomposición salarial total del 24,33%, distribuida en dos tramos: una suba del 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y otro 3% en octubre sobre los básicos de septiembre. El primer aumento impactaría también en el cálculo del medio aguinaldo del primer semestre.
La propuesta, no obstante, queda lejos de la vara fijada por el Congreso. La Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso Nacional en octubre de 2025, determina un aumento del 51% en el salario docente. La brecha entre ambos números es el núcleo irresuelto del conflicto.
Más allá del salario
El texto del acta en negociación va más allá de los sueldos. Las universidades públicas recibirán una actualización del 20% en sus gastos de funcionamiento a partir de junio de 2026. Además, el Estado nacional inyectará una partida adicional de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios, y las Becas Manuel Belgrano tendrán una suba del 50%.
El acta también prevé convocar a negociación paritaria con docentes y no docentes con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, uno de los reclamos centrales de los gremios universitarios.
La jugada de fondo del Ejecutivo
Mientras negocia el acuerdo inmediato, la Casa Rosada ya tiene un plan para el mediano plazo. El Gobierno planea insistir con una nueva Ley de Financiamiento Universitario propia durante el tratamiento del Presupuesto 2027, como ya intentó hacerlo en la discusión de las partidas de 2026.
La lógica oficial reconoce, además, un riesgo judicial concreto. En el entorno del presidente Javier Milei advierten que, si la Corte Suprema falla en contra del Estado, el Gobierno quedará obligado a aplicar una norma que considera deficitaria porque no establece una fuente específica de financiamiento, lo que podría afectar las metas de equilibrio fiscal y la continuidad del superávit.
Las universidades no bajan la guardia
La Casa Rosada retiró su exigencia de archivar el reclamo judicial ante la Corte Suprema como condición para avanzar en la negociación. Esa concesión allanó el camino al entendimiento económico, pero no neutralizó la presión institucional. Desde el CIN dejaron en claro que no están dispuestos a desistir del reclamo judicial y ofrecieron presentar un acta para informarle a la Justicia que «están avanzando en un acuerdo», pero sin retirar la demanda. «No estamos dispuestos a renunciar a la ley», subrayaron fuentes universitarias.
Por parte del Gobierno participó de las negociaciones Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. En representación de las casas de estudios, asistieron Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.
El acuerdo, si se firma, pondrá un paréntesis a la tensión más visible. Pero la disputa por el control del financiamiento universitario seguirá abierta, con la Corte Suprema como árbitro pendiente y el Presupuesto 2027 como próximo campo de batalla.