El gobierno australiano inicia la mayor acción legal de su historia contra la multinacional estadounidense 3M por contaminación PFAS en 28 instalaciones de defensa. La demanda por químicos eternos en suelo y agua expone décadas de ocultamiento corporativo y reclama más de 2.000 millones de dólares australianos en daños ambientales, económicos y culturales.
El gigante corporativo que envenenó las bases militares de Australia
El gobierno de Australia presentó una demanda contra la empresa 3M y su filial local, reclamando más de 2.000 millones de dólares australianos —equivalentes a 1.430 millones de dólares estadounidenses— en daños y perjuicios por la contaminación vinculada a los llamados «químicos eternos» PFAS, utilizados en espumas extintoras de incendios.
La fiscal general Michelle Rowland indicó que la demanda, presentada ante el Tribunal Federal, constituye la reclamación legal más grande jamás interpuesta por el gobierno de la Commonwealth y está relacionada con la contaminación en 28 instalaciones de defensa australianas.
La acción judicial no es solo una disputa por cifras millonarias: es la historia de un Estado que, durante décadas, utilizó un producto que su propio proveedor sabía que era tóxico, y que continuó haciéndolo incluso después de que las advertencias llegaron con nombre y apellido.
Lo que 3M sabía y no dijo
El gobierno federal alega que 3M ocultó los resultados de sus propios ensayos ambientales internos, que demostraban efectos adversos significativos asociados a sus productos PFAS. Este punto transforma la demanda de una simple disputa de responsabilidad ambiental en un caso de negligencia corporativa deliberada con consecuencias que se miden en suelo contaminado, agua envenenada y comunidades afectadas durante generaciones.
En mayo del año 2000, 3M anunció la eliminación progresiva de la espuma, y las autoridades estadounidenses advirtieron al gobierno australiano ese mismo día que los ingredientes químicos clave del producto «podrían representar un riesgo para la salud humana». Sin embargo, los documentos indican que el Departamento de Defensa australiano no reemplazó completamente la espuma de 3M hasta julio de 2012.
Doce años de uso continuado después de conocer el riesgo. Esa brecha temporal es uno de los ejes centrales de la acusación.
El costo que ya pagaron los contribuyentes
El viceministro de Defensa Peter Khalil informó que el departamento ha gastado hasta ahora 1.300 millones de dólares australianos en lidiar con los impactos de la contaminación, incluidos 408 millones de dólares en acuerdos legales con comunidades afectadas.
Según el funcionario, 28 bases de defensa en todo el territorio australiano resultaron impactadas por la contaminación con PFAS. El departamento trató o removió más de 200.000 toneladas de suelo contaminado y procesó más de 13.000 millones de litros de agua.
Esos números no son abstractos. Representan tierra que no puede ser utilizada, agua que no puede ser bebida y familias que viven sobre el legado de una decisión corporativa tomada del otro lado del planeta.
¿Qué son los PFAS y por qué se los llama «eternos»?
Los PFAS son un grupo de químicos sintéticos ampliamente utilizados en productos resistentes al calor, las manchas, la grasa y el agua. Conocidos como «químicos eternos», no se descomponen de manera natural en el medio ambiente, lo que genera preocupación por su acumulación en ecosistemas, agua potable y el cuerpo humano.
La investigación científica ha vinculado la exposición a PFAS con problemas de salud que incluyen daño hepático, bajo peso al nacer y cáncer testicular.
Desde la década de 1950, las PFAS se incorporaron en productos tanto domésticos como industriales debido a sus propiedades que repelen el calor, las manchas, la grasa y el agua. Generaciones de consumidores —y soldados— los utilizaron sin saber que estaban siendo expuestos a sustancias que el tiempo no borra.
La defensa de 3M y el antecedente de 10.000 millones
La compañía no admitió responsabilidad y anunció que impugnará la demanda. En su defensa, 3M afirmó que nunca fabricó PFAS en Australia y dejó de vender los productos relacionados en el país hace aproximadamente dos décadas. Sin embargo, reconoció que el Departamento de Defensa australiano continuó utilizando espumas contra incendios que contenían PFAS durante casi dos décadas más.
El argumento traslada la responsabilidad al Estado, pero esquiva la pregunta central: ¿qué sabía 3M, cuándo lo supo y qué hizo con esa información?
No es la primera vez que 3M enfrenta este tipo de consecuencias: en 2023, la empresa llegó a un acuerdo de 10.300 millones de dólares con varios proveedores de agua potable de Estados Unidos para financiar la detección y tratamiento de estas sustancias. La compañía no reconoció responsabilidad en ese caso.
Un fallo del Senado que abrió el camino
A fines del año pasado, una investigación del Senado australiano sobre el alcance, la regulación y la gestión de los PFAS formuló 47 recomendaciones, entre ellas que el gobierno federal debía iniciar acciones legales contra 3M y otros fabricantes para financiar la remediación de los sitios afectados. La demanda presentada esta semana es la consecuencia directa de ese mandato parlamentario.
Australia no actúa sola. Este juicio se inscribe en una tendencia global: gobiernos y comunidades que ya no aceptan que los costos del lucro corporativo sean pagados con dinero público y salud colectiva.
La pregunta que ahora pende sobre los tribunales es si 3M deberá responder, por fin, ante una justicia que no se conforma con acuerdos silenciosos.