Bullrich busca cerrar el dictamen de la nueva ley y llevarla al recinto el 10 de septiembre, en medio de una feroz interna entre el norte azucarero y el complejo maíz/soja
El Senado argentino atraviesa horas decisivas en torno a la nueva ley de biocombustibles. Legisladores oficialistas y opositores confirmaron contactos y negociaciones reservadas para destrabar un proyecto que promete reordenar el negocio del bioetanol y el biodiésel en el país, pero que además desnuda una pelea de fondo entre dos bloques productivos históricamente enfrentados: el sector azucarero del norte y el complejo maíz/soja del centro del país.
Un jueves clave, con el Súper RIGI de telón de fondo
Este miércoles, la Cámara alta tiene previsto avanzar con definiciones sobre el Súper RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones. Pero la mirada de buena parte del arco político y empresario ya está puesta en el jueves, cuando un plenario conjunto de las comisiones de Energía, Minería y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda intentará dictaminar sobre los distintos proyectos que buscan modificar el esquema de cortes obligatorios vigente hasta 2030.
La convocatoria estará encabezada por la senadora salteña Flavia Royón, flamante presidenta de la comisión de Energía, junto al vicepresidente Flavio Fama. Según pudo saber este medio, hasta anoche no había un acuerdo cerrado entre los bloques, aunque sí se reconocían gestos de predisposición para destrabar la discusión antes de la sesión prevista para el 10 de septiembre, según trascendió en fuentes parlamentarias.
Siete proyectos sobre la mesa
La negociación no es sencilla: hay siete iniciativas distintas en danza. Además de la que impulsa la titular del interbloque libertario, Patricia Bullrich, compiten los textos de Flavia Royón, del correntino Carlos Espínola, de la tucumana Beatriz Ávila —en representación del sector azucarero—, del kirchnerista chaqueño Jorge Capitanich, y otras dos propuestas surgidas de Santa Cruz y de Misiones.
El proyecto con mayor respaldo hasta ahora es el que lleva la firma de Bullrich, elaborado en sintonía con los lineamientos que viene trabajando el Gobierno desde hace casi dos años. Ese texto reemplazaría a la Ley 27.640, sancionada en 2021, que fija un corte obligatorio del 12% de bioetanol en las naftas y del 7,5% de biodiésel en el gasoil.
La pelea de fondo: azúcar contra maíz y soja
El corazón del conflicto pasa por cómo se reparte el corte de bioetanol. El esquema vigente divide la cuota en partes iguales entre la producción a base de caña de azúcar —concentrada en Tucumán, Salta y Jujuy— y la elaborada con maíz, con epicentro en Córdoba, Santa Fe y San Luis. El nuevo proyecto propone elevar el corte total de bioetanol del 12% al 15%, manteniendo 6 puntos para la caña de azúcar y 6 para el maíz, mientras que los 3 puntos restantes quedarían liberados a la libre competencia entre ambos orígenes, según explicó en su momento el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.
Para el biodiésel, elaborado principalmente a partir de soja, el corte obligatorio subiría del actual 7,5% al 10%, aunque persisten diferencias en torno al rol de las pymes frente a las grandes empresas integradas. De hecho, la presión de los pequeños productores del sector obligó a modificar un borrador que circula en el Senado, que incorporó cambios en los cupos y extendió el período de transición para intentar cerrar un acuerdo más amplio.
Si el Congreso convalida la suba al 15%, la industria azucarera y maicera proyecta inversiones de hasta USD 1.000 millones. Según un informe del Centro Azucarero Argentino, si ese porcentaje ya hubiera estado vigente durante 2025, el país habría ahorrado unos USD 410 millones en importaciones de naftas.
El round más tenso: cuarto intermedio, gritos y acusaciones de «disparate»
La semana pasada, el debate estuvo cerca de descarrilar. El libertario Juan Cruz Godoy (Chaco) pidió pasar a un cuarto intermedio para evitar avanzar con la firma de los dictámenes, lo que generó una reacción inmediata del peronista disidente Carlos Espínola, quien recordó los meses de mesas de debate previas sobre el tema. Se sumó a esa postura la tucumana Beatriz Ávila.
El primer freno a la maniobra llegó del ex jefe de bloque libertario Ezequiel Atauche (Jujuy), que cuestionó la moción de su propio compañero de bancada. Desde otro espacio se propuso dividir la discusión y acelerar únicamente lo referido al bioetanol, ya que el verdadero obstáculo estaría en la falta de consenso sobre el biodiésel. A esa idea adhirió el justicialista pampeano Pablo Bensusán.
El clima se tensó todavía más cuando Patricia Bullrich pidió avanzar y le solicitó al secretario de la comisión, el neuquino Pablo Cervi, que leyera los últimos cambios al articulado. La lectura resultó desordenada, lo que motivó el enojo del senador puntano Fernando Salino, cercano al kirchnerismo, quien calificó la situación como «una irregularidad absoluta» y agregó que se estaba discutiendo «un dictamen que no se conoce». Recién la intervención de Flavia Royón logró descomprimir el clima y reencauzar la convocatoria para esta semana.
Un debate que excede lo energético
Más allá de los porcentajes, el trasfondo de la discusión es político y territorial: qué provincias capturan el crecimiento de la demanda de biocombustibles hacia adelante. La preservación del cupo para la caña de azúcar resulta central para Tucumán, Salta y Jujuy, mientras que el complejo maíz/soja defiende su posición en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Desde el oficialismo buscan lograr un dictamen único que evite fracturas, aunque los pequeños empresarios del biodiésel insisten en reclamar una mayor participación dentro del cupo obligatorio.
El esquema que impulsa Bullrich, además, propone reemplazar el actual sistema de precios regulados por un mercado electrónico de comercialización, donde productores y mezcladores podrán ofertar y acordar libremente precios y volúmenes, tomando como techo la paridad de importación de cada biocombustible.
Los otros expedientes calientes de la semana en el Senado
El jueves no será solo por biocombustibles. La Cámara alta también seguirá de cerca la definición sobre el Súper RIGI, que contempla beneficios para inversiones superiores a USD 1.000 millones en sectores considerados por la Casa Rosada como «industrias del futuro». En paralelo, los senadores radicales esperan avanzar con el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), orientado a proyectos desde los USD 12 millones.
A eso se suma otro plenario que buscará destrabar la regulación del mercado voluntario de carbono y otros pasivos ambientales, aunque desde una oficina clave del oficialismo reconocieron que todavía persisten diferencias para cerrar ese capítulo.
Qué puede pasar ahora
Con el plenario convocado para las 11 de la mañana de este jueves, el desenlace dependerá de si el oficialismo logra reunir el quórum necesario y, sobre todo, de si las negociaciones entre azucareros, maiceros y las pymes del biodiésel permiten destrabar un dictamen de consenso. De lograrlo, Bullrich apunta a llevar el proyecto al recinto el 10 de septiembre, en lo que sería la reforma más profunda al mercado de biocombustibles desde la sanción de la Ley 27.640 en 2021.