En un avance clave para la seguridad rural y la protección de la propiedad privada en la provincia de Buenos Aires, un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense propone prohibir de manera definitiva la caza sin autorización en predios privados y endurecer las penas contra los infractores. Esta iniciativa, que aspira a convertirse en un hito legislativo, responde al creciente reclamo de productores agropecuarios afectados por la caza furtiva, una práctica que genera daños económicos millonarios, riesgos a la fauna silvestre y sensación de inseguridad en el campo.
El diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, junto a su par Andrés De Leo, impulsan esta norma que establece la caza en campos privados sin permiso del propietario como una “contravención grave contra la seguridad rural”. Según los fundamentos del proyecto, la provincia enfrenta desde hace años un aumento de cuadrillas organizadas que ingresan de noche con perros galgos y armas, provocando daños patrimoniales, enfrentamientos y pérdidas para el sector agropecuario, pilar de la economía bonaerense.
La caza furtiva no es solo un problema ambiental o de bienestar animal: representa un riesgo económico concreto para miles de productores. Aunque no existen cifras oficiales consolidadas recientes para Buenos Aires, informes de entidades rurales como el Foro de Seguridad Rural Argentino (Fosera) destacan un incremento sostenido de episodios, con denuncias que se repiten en distritos productivos. Cada incursión puede generar pérdidas por daños a cultivos, ganado estresado, cercas destruidas y animales silvestres que alteran el equilibrio ecológico de los campos.
En contextos comparables, estudios internacionales sobre la actividad cinegética regulada (como en España) revelan un impacto económico positivo de miles de millones de euros cuando es controlada, pero la versión furtiva genera el efecto contrario: pérdidas directas para los dueños de los predios y costos asociados a seguridad y litigios. En Argentina, el sector agropecuario bonaerense, que aporta una porción significativa del PBI provincial (alrededor del 20-25% según estimaciones históricas del INDEC y ministerios provinciales), ve amenazada su productividad por estas prácticas ilegales. Productores estiman que las invasiones generan daños por decenas de miles de pesos por evento, multiplicados por la frecuencia en zonas rurales.
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El proyecto detalla sanciones rigurosas: multas de entre 1.000 y 20.000 Unidades Fijas, inhabilitación de hasta 10 años para permisos de caza, decomiso de armas, perros, vehículos y presas obtenidas. En casos de ingreso sin autorización a establecimientos rurales, las multas escalan a 5.000-30.000 Unidades Fijas, con inhabilitación de 15 años y prohibición permanente ante reincidencia. Agravantes como actuar en grupo (tres o más personas), de noche o con vehículos elevan las penas un 50%.
Además, se crea un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, y los perros decomisados pasarán a controles veterinarios y posibles adopciones, priorizando el bienestar animal. Bugallo enfatizó: “Queremos prohibir de manera expresa y definitiva la caza en todo predio privado en la provincia, protegiendo la seguridad rural, la propiedad privada y la fauna silvestre”.
Productores y entidades como CARBAP y municipios como San Antonio de Areco ya impulsan medidas similares de “tolerancia cero”, incluyendo secuestro de perros galgos. La normativa vigente en el Código Rural bonaerense se considera insuficiente ante la organización de estas cuadrillas, que generan no solo pérdidas económicas sino también un clima de inseguridad que afecta la inversión en el sector.
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Este proyecto llega en un momento clave para el campo argentino, donde la productividad y la defensa de la propiedad privada son esenciales para el crecimiento económico. De aprobarse, representaría un mensaje claro de orden y protección en la ruralidad bonaerense, desalentando prácticas que perjudican a la inmensa mayoría de productores responsables y al patrimonio natural de la provincia.
La iniciativa ya genera expectativa en el sector agropecuario: ¿logrará la Legislatura bonaerense dar esta respuesta definitiva a un problema que lleva años sin solución efectiva? El debate está abierto y promete ser central en la agenda rural.