El Ejecutivo disolvió el organismo que controlaba la inocuidad alimentaria desde 1992. Sus funciones pasan al Senasa, se habilitan laboratorios privados y bastará un certificado de origen para importar. La industria, dividida entre el alivio y la cautela.
En una nueva avanzada desregulatoria, el Gobierno de Javier Milei formalizó el cierre del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el organismo que durante más de tres décadas controló la inocuidad de los productos para consumo humano en la Argentina. La medida, además, flexibiliza los requisitos para importar alimentos y ya generó reacciones encontradas dentro de la industria alimenticia.
Cómo se decidió el cierre del INAL
El INAL dependía de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y había sido creado en agosto de 1992. Cumplía tres funciones centrales: verificar que los productos respetaran el Código Alimentario Argentino (CAA), autorizar establecimientos, productos, importaciones y exportaciones, y realizar análisis bromatológicos e inspecciones de inocuidad.
Sin embargo, el ministro de Economía Luis Caputo, con el aval del presidente Javier Milei, sostuvo que el organismo representaba una «duplicación de controles» sobre los alimentos, en línea con el plan oficial de reducción del Estado.
La decisión se formalizó a través del Decreto 697/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado también por el ministro de Salud, Mario Lugones. La norma dispone que las funciones del INAL se repartan entre dos organismos: el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), que absorbe el registro, el control y la fiscalización de alimentos e importaciones, y el Ministerio de Salud, que concentrará la definición de la política alimentaria, con foco inicial en la eliminación de colorantes y saborizantes de los alimentos procesados.
Según se informó oficialmente, la elección del Senasa como organismo operativo responde a que ya cuenta con infraestructura territorial, laboratorios propios y cuerpo de inspectores desplegados en todo el país, capacidades que el INAL no poseía. El decreto además fija un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino, algo que hasta ahora no tenía un límite temporal definido.
Menos controles y laboratorios privados para alimentos
Sin perder tiempo, el lunes por la tarde el Gobierno convocó a una reunión a representantes de COPAL (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios), que integra, entre otras cámaras, a la CAFIM (Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza).
Raúl Giordano, titular de esa Cámara, consideró que los cambios discutidos «nos acercan al mundo» y graficó el impacto con un ejemplo concreto: la lata de durazno cambiará de tamaño y también el nivel de azúcar permitido, algo que comparó con pasar de un banquito a sentarse en un sillón.
En la mesa de diálogo se planteó unificar los controles entre ANMAT y Senasa y desburocratizar los requisitos que hoy se replican en los niveles municipal, provincial (bromatología) y nacional. Entre los cambios más concretos figura la reducción del formato de la lata estándar, que pasaría de 485 a 450 gramos —el tamaño más utilizado en otros países— y del grado brix (el indicador que mide la concentración de azúcar del producto), que bajaría de 65° a 60°, valor vigente a nivel mundial.
A esto se suma una apertura clave: al igual que hizo el ministro Federico Sturzenegger con el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), ahora los laboratorios privados podrán sumarse a los ensayos bromatológicos de inocuidad alimentaria. Giordano explicó que «una cosa es el control, otra el poder de policía», y remarcó que esos laboratorios deberán homologarse, con equipos calibrados y capacidad suficiente para cumplir esa función allí donde el sector público no llegue.
Otro cambio celebrado por la industria es la eliminación de la renovación bianual del carnet habilitante para manipular alimentos, que pasará a tener carácter permanente.
Importación de alimentos: alcanza con el certificado de origen
El punto más sensible de la reforma es la nueva regla para importar. De acuerdo con la resolución, ya no será necesaria una evaluación exhaustiva de cada producto: bastará con una declaración jurada del importador y un certificado de libre venta emitido en el país de origen para poder comercializar el producto en el mercado argentino.
Fuentes oficiales explicaron que se reconocerán por equivalencia las certificaciones de aditivos e ingredientes emitidas por países alineados al Codex Alimentarius, lo que eliminaría evaluaciones duplicadas que hoy realizan tanto el organismo saliente como el Senasa. Además, se agilizará el ingreso de alimentos envasados para venta directa mediante controles posteriores al ingreso, en lugar de la revisión previa que rige actualmente.
Para Giordano, el resultado dependerá de la calidad regulatoria de cada país de origen: «si los países de origen son de vanguardia, con una trayectoria en normativa internacional y que sean parte del Codex, que se valida periódicamente», el cambio será positivo. De todos modos, reconoció que aunque la importación de alimentos ya existía, se trata de «un cambio importante relativo a la salud». El dirigente remarcó que, dado que los supermercados argentinos ya exhiben productos de todo el mundo en sus góndolas, la medida en definitiva implica «nivelar para arriba».
El propio Giordano aclaró que el cierre del INAL no será inmediato: habrá un proceso de transición, con participación activa del sector privado, antes de que el nuevo esquema quede completamente en marcha.
El otro frente de tensión: la Ley de Etiquetado Frontal
Más allá del decreto sobre el INAL, el Gobierno viene impulsando en paralelo la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal (Ley 27.642), la normativa que desde 2022 obliga a colocar los sellos negros de advertencia en los envases con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. El proyecto, enviado al Congreso como expediente 186/26 y firmado por Milei, Adorni y Lugones, argumenta que la ley mostró «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas» y busca una mayor armonización con el Mercosur.
La iniciativa generó fuerte rechazo: más de 300 organizaciones de salud pública y de defensa del consumidor advirtieron que la derogación representa «un ataque directo a la salud pública», mientras que un informe de la Organización Panamericana de la Salud de marzo de 2026 había ubicado a la normativa argentina entre las mejor alineadas con los estándares internacionales de la región. Entidades como la Sociedad Argentina de Nutrición se mostraron a favor de modificar la ley, pero no de eliminarla por completo. Hasta ahora, el proyecto sigue en debate en el Senado y no fue aprobado.
Un combo de medidas con la industria expectante
El combo de reformas —cierre del INAL, traspaso al Senasa, apertura a laboratorios privados, flexibilización de importaciones y el debate abierto por el etiquetado frontal— redefine de fondo el esquema de control alimentario argentino. Mientras el Gobierno apuesta a simplificar trámites y reducir la burocracia, distintos actores de la industria y de la salud pública seguirán de cerca cómo se implementa la transición en los próximos meses.