El plan de Milei y Trump conectará Vaca Muerta y la minería del NOA con los puertos del Atlántico; YPF negocia un crédito de US$6000 millones para su proyecto de GNL
Los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump oficializaron este miércoles el lanzamiento del “Corredor Andes-Atlántico”, un megaproyecto de integración económica que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y la cuenca de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico, a través de inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura digital. El entendimiento contempla financiamiento estadounidense de hasta US$7000 millones hacia 2027.
El anuncio se realizó en un foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura organizado en el consulado argentino en Nueva York, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU. Encabezaron la firma el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau, en representación de ambos presidentes, en lo que se presentó como un paso más en la alianza estratégica entre las dos administraciones. El acuerdo fue calificado por las partes como un hito histórico de inversión para obras de infraestructura, con foco principal en el sector energético.
Una alianza con sello geopolítico
La iniciativa forma parte de la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global (PGI) y, según el Departamento de Estado, es la primera de ese tipo desplegada por Washington en el Hemisferio Occidental. Se suma así a otros dos corredores impulsados por EE.UU. en el mundo: el de Lobito, en Angola, que conecta yacimientos de cobre y cobalto de la República Democrática del Congo con el Atlántico africano, y el de Luzón, en Filipinas, orientado a semiconductores y energía limpia en el Indo-Pacífico. En ambos casos, Washington buscó explícitamente contrarrestar la influencia china sobre las cadenas globales de minerales críticos.
El documento firmado en Nueva York no es ajeno a esa lógica: plantea excluir a actores que no operen según las reglas de mercado, una referencia directa a la disputa con China por el control de las cadenas de suministro regionales. Para la Argentina, rica en litio, cobre, petróleo y gas, el corredor apunta a aliviar los cuellos de botella logísticos que hoy encarecen la exportación de esos recursos hacia los mercados occidentales.
El capítulo más concreto: el GNL de YPF
La novedad más avanzada del paquete es energética. El Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) presentó a Argentina LNG una propuesta preliminar de financiamiento de largo plazo por hasta US$6000 millones, destinada a la compra de bienes y servicios norteamericanos para el desarrollo de infraestructura y producción de gas natural licuado. La oferta es indicativa y no vinculante: su aprobación final depende del directorio de EXIM.
El proyecto, liderado por YPF junto a la italiana Eni y la emiratí XRG, prevé instalar dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales y arranque proyectado para 2031. Hasta esa fecha, los socios estiman invertir US$29.000 millones —unos US$24.000 millones en ductos, puertos, plantas y unidades de licuefacción, y US$5000 millones en el desarrollo gasífero— sobre una inversión total, a lo largo de toda la vida del proyecto, de US$51.000 millones. El presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, participó del anuncio en Nueva York.
El documento también destacó la adjudicación de un contrato superior a US$1000 millones al consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos para el sistema de ductos de exportación, sujeto todavía a la decisión final de inversión.
Ferrocarriles, tendido eléctrico y fibra óptica
El acuerdo, denominado U.S.-Argentina Build the Future Framework, no equivale a un único préstamo, sino a un marco de cooperación para canalizar financiamiento hacia distintos proyectos hasta 2027. Además de EXIM, podría intervenir la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) junto con inversores privados, aunque el documento todavía no asigna montos específicos a cada obra ni fija un calendario de desembolsos.
Entre las iniciativas mencionadas figuran la concesión de la línea de alta tensión AMBA I, estimada en US$800 millones y respaldada por una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); proyectos ferroviarios de cargas sobre las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza; conexiones desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca, y obras vinculadas a la Hidrovía. En telecomunicaciones, se destaca la próxima concesión para modernizar la red de fibra óptica de Arsat —con un préstamo del BID de US$49 millones para su primera etapa—, la compra de seis millones de usuarios por parte de la firma Metrotel, y posibles inversiones en cables submarinos, centros de datos y conectividad satelital.
Como contrapartida, la Argentina se comprometió a seguir fortaleciendo su marco legal y regulatorio y la protección a la inversión, con reglas transparentes y predecibles para las concesiones de infraestructura, tomando como referencia el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Lo que viene: la gira de Landau por el norte argentino
La cooperación tendrá una nueva instancia en octubre, cuando Landau viaje a la Argentina para reunirse con el sector público y privado. Una delegación conjunta de funcionarios del Departamento de Estado, EXIM y DFC recorrerá Buenos Aires, Jujuy y Salta para identificar proyectos concretos y avanzar en posibles operaciones de crédito.
Del anuncio en Nueva York también participaron el presidente y chairman de EXIM, John Jovanovic; su directora comercial, Sarah Whitten; la directora de políticas de DFC, Caroline Vik; los embajadores Peter Lamelas y Alec Oxenford; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el subsecretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Para el Gobierno argentino, el anuncio implica respaldo político de la Casa Blanca y una potencial fuente de financiamiento para obras clave, aunque los desembolsos reales dependerán de que cada proyecto cierre sus propios contratos y condiciones crediticias