Un proyecto de ley para regular los criaderos de animales en Argentina desató un escándalo político y mediático. Organizaciones proteccionistas denuncian que la iniciativa de la diputada libertaria Karen Reichardt busca legalizar la venta de mascotas y esconde un negocio millonario detrás del «bienestar animal».
Un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, para regular los criaderos de animales en todo el país desató una ola de críticas por parte de organizaciones proteccionistas, veterinarios y referentes de refugios, que denuncian que la norma legaliza y blanquea un negocio basado en la explotación de animales.
La iniciativa, identificada como el expediente 3401-D-2026, propone crear un Régimen Nacional de Presupuestos Mínimos para la regulación, habilitación, fiscalización y control de criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados para animales de compañía. Bajo el argumento de combatir la clandestinidad, el proyecto busca establecer un marco legal para una actividad basada en la reproducción de animales con fines comerciales.
Qué dice el proyecto
Según el texto presentado por Reichardt, la ley crearía el Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC), en el que deberán inscribirse obligatoriamente todos los criaderos, refugios, pensionados y hogares de tránsito antes de iniciar sus actividades. La norma define expresamente qué se entiende por criadero: un establecimiento destinado a la «reproducción planificada y responsable de animales de compañía con fines comerciales o de preservación genética para el mejoramiento de razas».
En paralelo, el proyecto prohíbe la eutanasia como método de control poblacional y promueve programas de captura, esterilización y retorno (CER), junto con campañas masivas de castración para reducir la cantidad de animales en situación de calle.
El punto más cuestionado, sin embargo, es que la iniciativa coloca bajo el mismo marco regulatorio a dos actividades de naturaleza opuesta: los criaderos comerciales, que reproducen animales para venderlos, y los refugios sin fines de lucro, que rescatan, curan y albergan a víctimas del abandono y el maltrato. Para las organizaciones proteccionistas, imponerles exigencias similares puede terminar en el cierre de numerosos espacios de rescate, sostenidos por voluntarios y sin financiamiento estatal.
El escándalo en LAM que hizo viral el debate
La discusión escaló al plano mediático cuando Reichardt fue invitada al programa LAM (América TV), conducido por Ángel de Brito, para explicar su proyecto. Allí protagonizó un tenso cruce con la panelista Matilda Blanco, que terminó con gritos, insultos y el abandono del estudio por parte de la diputada.
«Vos querés legalizar la venta de animales. No tenés ni idea de lo que estás haciendo. Hay dieciocho millones de perros en la calle. Los refugios son privados, los pagamos nosotros con lo que podemos», lanzó Blanco durante el móvil en vivo. Reichardt intentó defenderse aclarando que se trataba de un proyecto de ley, no de una ley aprobada, y que su intención era «regularizar y controlar» la actividad.
El cruce subió de tono con acusaciones cruzadas: Blanco tildó a la legisladora de «comerciante» del sector, mientras que Reichardt la calificó de «hipócrita» y amenazó con acciones legales y una carta documento por calumnias e injurias. El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y sumó nuevos cuestionamientos de organizaciones de defensa animal.
«Campos de horror»: el testimonio de los refugios
Uno de los principales críticos del proyecto es Sergio Moragues, referente del refugio El Campito, donde viven más de 400 animales. En diálogo con distintos medios, Moragues fue categórico: «Es una actividad que debería ser prohibida» y describió a los criaderos como «verdaderos campos del horror», donde se registran hembras sometidas a múltiples cesáreas, reproducción permanente y animales en condiciones precarias.
«El proyecto de Reichardt tiene muchas contradicciones. Habla de seres sintientes y al mismo tiempo quieren regular su explotación. Cuando hablamos de venta estamos hablando de una explotación de vientres», sostuvo el referente proteccionista.
En la misma línea se manifestó el veterinario Enrique Romero, quien cuestionó públicamente la propuesta: «Está equivocadísima. La diputada está mezclando los refugios con los criaderos», remarcando que unos tienen una finalidad comercial y los otros, una función social y de rescate.
La ONG Proyecto Galgo Argentina también salió a repudiar la iniciativa bajo la consigna «los criaderos no se regulan, se prohíben», en sintonía con el reclamo histórico del movimiento proteccionista argentino.
Quién redactó el proyecto
Un dato que alimenta las sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de la norma es que sectores ligados al negocio de la cría habrían participado en la elaboración de la iniciativa. Una publicación de la agrupación «Criadores Unidos» reivindicó la participación de criadores en la redacción del proyecto y celebró la posibilidad de convertirse en establecimientos habilitados por el Estado. Para los críticos, una política de bienestar animal no puede confeccionarse a la medida de quienes obtienen ganancias de la reproducción y venta de seres vivos.
El antecedente de los galgos
La lucha contra las carreras de galgos funciona como un antecedente clave en este debate. En 2016, la movilización de organizaciones proteccionistas logró la sanción de la Ley 27.330, que prohibió las carreras de perros en todo el territorio nacional, enfrentando directamente a los intereses económicos que sostenían esa práctica. En aquel proceso, la bancada del Frente de Izquierda – Partido Obrero, a través del entonces diputado Néstor Pitrola, acompañó activamente las movilizaciones y la pelea legislativa por la prohibición.
Esa experiencia histórica demuestra que los negocios que se benefician de la explotación animal pueden ser derrotados mediante la organización y la movilización popular, un camino que hoy vuelve a plantearse frente al proyecto de Reichardt.
Distintos operativos realizados en los últimos años en criaderos clandestinos permitieron rescatar a cientos de perros, gatos y otros animales hacinados en jaulas, entre sus propias heces y con graves problemas de salud, lo que refuerza el argumento de que el problema no se resuelve distinguiendo entre establecimientos clandestinos y habilitados, sino atacando de raíz un negocio que convierte a los animales en mercancía.
La propuesta de fondo: prohibir, no regular
Frente al abandono, la sobrepoblación y el maltrato que hoy desbordan a refugios y rescatistas —que afrontan de su propio bolsillo alimentos, medicamentos y tratamientos veterinarios—, organizaciones y sectores políticos plantean que la salida no puede ser reglamentar la explotación comercial de los animales, sino avanzar hacia la prohibición de la reproducción y venta con fines de lucro.
Entre las propuestas que circulan se destacan:
- Una transición controlada de los criaderos existentes, bajo supervisión estatal y de organizaciones protectoras.
- El embargo de cuentas y activos de los propietarios de criaderos para financiar rescate, tratamiento y cuidado de los animales.
- Que las excepciones de reproducción por razones científicas, veterinarias o sanitarias sean evaluadas y desarrolladas únicamente por instituciones públicas y sin fines de lucro.
- Una política integral de castraciones masivas, sistemáticas y gratuitas, atención veterinaria pública, campañas permanentes de adopción y financiamiento estatal para refugios y rescatistas.
El debate por el futuro de los criaderos en Argentina recién empieza y, tras el escándalo mediático, promete seguir sumando capítulos tanto en el Congreso como en la agenda pública.