La Secretaría de Energía oficializó un régimen que obliga a los megaproyectos eléctricos —centros de datos, minería y GNL— a generar su propia energía antes de conectarse a la red. Los hogares y las pymes quedan primeros en la fila si el sistema no da abasto.
El Gobierno nacional trazó una línea clara entre los usuarios de siempre y los gigantes que golpean la puerta del sistema eléctrico argentino. A través de la Resolución 264/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por María Carmen Tettamanti, la Secretaría de Energía creó el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM), una normativa que obliga a los proyectos de alto consumo eléctrico a llegar al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con su propia energía bajo el brazo.
La decisión llega en un momento clave: Argentina se convirtió en los últimos meses en un destino atractivo para la instalación de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial, con anuncios de inversión que suman miles de millones de dólares. El Gobierno quiere ordenar esa llegada antes de que comprometa el suministro del resto del país.
Qué dice la nueva resolución
El texto oficial es contundente: los consumos de gran escala deberán ingresar al sistema «de manera ordenada, con su propia oferta de energía y de potencia», sin comprometer la seguridad del suministro del resto de los usuarios. La norma modifica el artículo 13 de la Resolución 400/2025, la que en octubre del año pasado había dado el primer paso hacia este esquema, pero solo alcanzaba a las demandas conectadas directamente al transporte en alta tensión.
Ahora el radar se amplía: quedan incluidos también los proyectos que se conectan a través de distribuidoras y las ampliaciones de consumos ya existentes.
¿A quién alcanza? El régimen aplica a toda demanda nueva o ampliación que represente al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, un umbral que la Secretaría equipara hoy a unos 80 megavatios (MW). En criollo: cualquier proyecto de esa escala —sea una minera, una planta de GNL o un data center— entra automáticamente en la categoría XDEM.
Las obligaciones: 80%, 100% y hasta 115%
Cada desarrollador podrá elegir libremente la tecnología y el proveedor con los que va a abastecerse, incluida la generación propia instalada en el mismo punto de conexión. Pero la letra chica es exigente. Cada proyecto deberá presentar un Plan Especial de Abastecimiento que garantice:
- Al menos el 80% de su consumo mensual cubierto con contratos de generación nueva.
- Potencia firme equivalente al 100% de su demanda máxima.
- En el caso específico de los centros de datos, ese respaldo de potencia firme sube al 115% de la demanda máxima.
¿Por qué el trato diferencial para los data centers? La propia resolución lo explica: su perfil de consumo es de «elevada continuidad, densidad de carga y sensibilidad operativa», es decir, no toleran cortes ni variaciones como sí puede hacerlo, en algunos casos, una industria tradicional.
Los usuarios de siempre, primeros en la fila
El corazón político de la medida está en una frase: si en algún momento falta oferta de energía, el sistema va a priorizar a los usuarios ya conectados. La Secretaría fue explícita al sostener que los hogares, comercios, pymes e industrias «ya forman parte del sistema» y por lo tanto tendrán preferencia frente a las grandes demandas que no cuenten con respaldo suficiente.
El mensaje de fondo apunta a un temor extendido: que la llegada de proyectos hiperconsumidores termine trasladando costos al resto de la sociedad a través de las tarifas. Por eso el comunicado oficial cierra con una definición tajante: cada gran iniciativa deberá abastecerse «a su propio riesgo», sin trasladar costos al resto de los usuarios mediante las facturas eléctricas.
No es un dato menor en un país donde las boletas de luz acumulan subas superiores al 300% desde diciembre de 2023, según cálculos de consultoras del sector.
Un cargo para frenar la especulación
La resolución también apunta a un problema estructural del sistema de transporte: la capacidad limitada de las líneas de alta tensión. En sus fundamentos, el texto advierte que «cuando múltiples solicitudes de acceso concurran sobre una capacidad de transporte limitada, resulta necesario evitar la inmovilización especulativa de capacidad y priorizar proyectos con grado suficiente de madurez y cumplimiento».
Para eso, el Gobierno habilitó un cargo de reserva de capacidad, pensado como un costo de oportunidad que desaliente a quienes reserven espacio en la red sin intención real de construir, y que premie a los proyectos que cumplan con los cronogramas comprometidos.
El boom de los data centers que motivó la medida
La resolución no aparece en el vacío. Argentina, y en particular la Patagonia, se convirtió en el último año en uno de los destinos más comentados del mapa mundial de la inteligencia artificial gracias a una combinación de energía renovable barata, gas de Vaca Muerta, bajas temperaturas y disponibilidad de agua para refrigeración.
El proyecto más resonante es Stargate Argentina, impulsado por OpenAI junto al desarrollador local Sur Energy: contempla hasta 500 MW de potencia y una inversión que podría llegar a USD 25.000 millones, aunque todavía depende de la firma de acuerdos definitivos y ya sumó memorandos de entendimiento con Genneia y Central Puerto.
No es el único. En Neuquén, Pampa Energía avanza con un centro de datos junto a su central térmica Loma de la Lata, con una primera etapa de 120 MW e inversión de USD 1.400 millones, abastecida con energía de Vaca Muerta. En Chubut, la firma polaca Green Capital proyecta otro centro que arrancaría en 300 MW y podría escalar hasta 3.000 MW, con una inversión inicial de USD 3.000 millones.
El contraste de escala es elocuente: según un relevamiento de CABASE, hoy Argentina tiene apenas 13 centros de datos de más de 1 MW, con una capacidad conjunta cercana a los 32 MW, concentrada en Buenos Aires. Un informe reciente de IIR News Intelligence contabilizó una cartera de 15 proyectos por USD 46.400 millones en danza en todo el país. A nivel global, un estudio de PwC y Oxford Economics proyectó que la inversión mundial en data centers podría llegar a USD 31,6 billones hacia 2050, con un escenario más agresivo que rozaría los USD 50 billones.
La otra cara: el temor de los hyperscalers
En otros países, el avance de las hyperscalers —como se conoce a las grandes tecnológicas que construyen granjas de servidores— ya generó rechazo social por la presión sobre las redes eléctricas y el riesgo de aumentos tarifarios. En Argentina esa resistencia todavía no se instaló de forma masiva, en parte porque los data centers de gran escala aún no forman parte de la vida cotidiana de la población. La Resolución 264/2026 parece anticiparse a ese escenario: busca que la carrera por la inteligencia artificial no termine, como ya ocurrió con otros tarifazos, en la factura de los usuarios residenciales.