El Congreso convierte en delito las pseudoterapias que la ONU califica como tortura, en un hito histórico para los derechos del colectivo en vísperas del Orgullo 2026
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves una reforma del Código Penal que convierte en delito la aplicación de las llamadas terapias de conversión dirigidas a modificar, reprimir o eliminar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. La norma, impulsada por el PSOE, establece penas de prisión de entre seis meses y dos años, junto a multas y inhabilitación profesional para quienes las practiquen o promuevan.
La votación reflejó un amplio respaldo parlamentario: 178 votos a favor, 32 en contra y 138 abstenciones. El Partido Popular optó por la abstención, mientras que Vox fue la única fuerza que votó en contra. El texto ahora continúa su tramitación en el Senado.
De la multa administrativa al delito penal
Con la Ley 4/2023, las terapias de conversión ya estaban prohibidas en España, pero su persecución se mantenía en el ámbito administrativo. La nueva norma lleva esas conductas al terreno penal. Hasta la aprobación de esta reforma, esas prácticas se sancionaban con multas de hasta 150.000 euros como infracción administrativa muy grave en la ley trans, pero no figuraban como delito en el Código Penal.
Para la Federación Estatal LGTBI+, este paso era necesario porque muchas de las organizaciones que impulsan estas prácticas podían asumir una multa y continuar con su actividad. La reforma cierra esa brecha con una respuesta jurídica de mayor peso: antecedentes penales e inhabilitación para quienes las ejerzan.
Circunstancias agravantes y menores de edad
La modificación del Código Penal incluye la inhabilitación temporal de quienes ejerzan las terapias de conversión y vetos para los que trabajen con menores. Se considerará un agravante que las víctimas sean menores de edad, que haya habido violencia, intimidación o daño, o que quien la ejerza pertenezca a una organización dedicada a la ejecución de estas prácticas.
Una práctica que la ONU considera tortura
La ONU ha considerado estas prácticas una forma de tortura, mientras que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha reclamado en reiteradas ocasiones su prohibición global. La Asociación Mundial de Psiquiatría también ha advertido de sus efectos dañinos, entre ellos depresión, ansiedad, daño psicológico grave y aumento del riesgo suicida.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó la jornada de «mañana histórica» y subrayó que estas prácticas constituyen «tortura, violencia y tratos inhumanos o degradantes» que vulneran el artículo 15 de la Constitución.
Debate encendido en el hemiciclo
El debate parlamentario no estuvo exento de tensión. El diputado del PP Jaime de los Santos afirmó que la ley es «necesaria» porque «las terapias de conversión son un delito contra los derechos humanos», pero lamentó que estuviera «corrompida por el sectarismo de algunos». «Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas», declaró el parlamentario popular. El portavoz del PSOE, Víctor Gutiérrez, respondió con dureza: «Usted es una vergüenza para el colectivo LGTBI+, yo también soy maricón, pero orgulloso de estar en el lado correcto de la historia».
Desde Sumar, la diputada Tesh Sidi defendió la vía penal al argumentar que las sanciones económicas resultan insuficientes, aunque lamentó que la reforma no contemplara medidas de reparación efectiva para las víctimas.
La victoria de años de lucha
El presidente de la Asociación No es Terapia, Saúl Castro, calificó la votación como «una victoria increíble», especialmente para las víctimas, y recordó que la propuesta comenzó a trabajarse en 2022. Castro lamentó, no obstante, que la reforma no haya incorporado otras medidas de protección, entre ellas ayudas económicas y alternativas habitacionales para las víctimas que conviven con sus agresores o dependen económicamente de ellos.
Con esta votación, España refuerza su marco legal de protección y se posiciona a la vanguardia europea en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ frente a unas pseudoterapias que los organismos internacionales llevan años señalando como incompatibles con la dignidad humana. La ley llega en vísperas de las principales movilizaciones del Orgullo 2026, dotando de un contundente simbolismo político a una jornada que el colectivo ya celebra como un punto de inflexión.