En un golpe demoledor contra las redes de drogas sintéticas, un juez federal procesó hoy a Alejandro García Furfaro, un empresario vinculado al mundo de la salud, junto a 16 cómplices, por su presunta participación en la distribución de fentanilo adulterado que causó al menos 96 muertes confirmadas. La Justicia impuso penas de hasta 25 años de prisión y un embargo millonario por $1 billón de pesos, en un caso que sacude los cimientos de la lucha antidrogas en Argentina.
El fallo, dictado por el juez Ariel Lijo, llega como un mazazo en medio de la creciente alarma por el fentanilo, el opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y responsable de miles de sobredosis letales en el mundo. Según la investigación, García Furfaro lideraba una organización que importaba y comercializaba el fármaco de manera irregular, mezclándolo con sustancias para evadir controles y venderlo en el mercado negro. El embargo de $1.000.000.000 busca bloquear bienes y cuentas de los acusados, asegurando fondos para eventuales reparaciones a víctimas. Este escándalo se conecta directamente con la crisis sanitaria de 2025, donde dos lotes contaminados con bacterias multirresistentes como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, producidos por el laboratorio HLB Pharma de García Furfaro, se distribuyeron en más de 200 hospitales, causando infecciones graves y al menos 96 fallecimientos confirmados hasta agosto, con casos adicionales bajo investigación. Las víctimas, principalmente pacientes hospitalizados por dolencias no relacionadas, incluyen hombres de 45 a 64 años, pero también niños menores de 10 y jóvenes de 18 y 19 años; el brote inició en abril en el Hospital Italiano de La Plata, expandiéndose a provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
La causa se originó tras la muerte de un joven en 2023 por consumo de fentanilo contaminado, lo que desató una pesquisa de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Las pruebas incluyen documentos de importaciones falsas, transferencias bancarias sospechosas y testimonios de distribuidores, ahora agravados por peritajes que vinculan el fentanilo adulterado a las 96 muertes en el sistema hospitalario. "Esta red no solo traficaba muerte, sino que la disfrazaba de negocio legítimo", señaló una fuente judicial cercana al expediente, que ahora avanza hacia un juicio oral.
García Furfaro, conocido por sus vínculos en el sector farmacéutico y políticos locales, enfrenta cargos por asociación ilícita agravada y suministro de estupefacientes, mientras que sus aliados –incluyendo importadores y vendedores– suman imputaciones similares. El caso trasciende lo penal: en un contexto de aumento del 300% en incautaciones de fentanilo en Argentina este año, expertos advierten que podría exponer fallas en los controles aduaneros y redes de corrupción, exacerbadas por la falta de trazabilidad que permitió la circulación de cerca de 300.000 ampollas infectadas.
La defensa de los procesados anunció apelaciones inmediatas, alegando "falta de pruebas concretas". Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad celebró el fallo como un "avance clave" en la guerra contra las nuevas drogas. ¿Será este el principio del fin para las mafias del fentanilo en el país? La Justicia, al menos, ya dio el primer paso firme.
