El gobierno de Donald Trump sigue haciendo esfuerzos para ganarse más enemigos. Luego de provocar una convulsión económica mundial a través de anuncios de “más impuestos” (para todos y todas), ahora pugna lograr alguna influencia en los círculos académicos norteamericanos, pero con el estilo confortativo característico del “pato Donald”. Seis de las siete universidades afectadas por esta “cacería de brujas” pertenecen al prestigioso grupo “Ivy League” (el grupo de ocho universidades privadas de élite en los Estados Unidos). Trump les prometió aplicar recortes federales durante la campaña electoral del año pasado, trabar el ingreso de estudiantes extranjeros, entre otras represalias a “claustros no alineados”, señalando que se centraría en las escuelas que promueven “teoría crítica de la raza, locura transgénero y otros contenidos raciales, sexuales o políticos inapropiados”.
Como era previsible, algunas casas de estudios se negaron a cooperar y, podrían inspirar a otros colegios y universidades a profundizar la rebelión. Ante las dudas de la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional revocó sin previo aviso las visas de cientos de estudiantes y recién graduados de las Universidades de Michigan, California, Berkeley, Stanford, Massachusetts, Harvard, la Universidad de Arizona, y del Colorado, entre otras. Sin embargo, enfrentar los ataques de Trump requerirá una organización sin precedentes en Estados Unidos de estudiantes, profesores y los trabajadores en general.
Los estudiantes internacionales inyectaron casi 44.000 dólares en la economía estadounidense y generaron 378.000 empleos solo el año pasado, según la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA, por sus siglas en inglés), que promueve la educación internacional.
Hasta ahora los recortes en universidades denunciados son los siguientes:
Universidad Brown
A principios de esta semana se informó que el gobierno de Trump pausaría las subvenciones y los contratos federales en la Universidad Brown debido a la respuesta de la escuela de Rhode Island al presunto antisemitismo en el campus, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca. La administración de Trump amenazó con suspender 510 millones de dólares en fondos federales de la Universidad y, al no recibir una respuesta favorable, resolvió revocar visados a estudiantes. El viernes pasado una especialista en trasplantes de riñón y profesora de la facultad de Medicina de la Universidad fue expulsada de Estados Unidos, a pesar de que tenía una visa válida y una orden judicial que bloqueaba temporalmente su expulsión. “El Gobierno responderá a estas graves acusaciones con una respuesta legal y fáctica que exponga su versión de los hechos”, escribió el juez federal de distrito Leo Sorokin, designado por el expresidente Barack Obama, en una orden del domingo.
Universidad de Columbia
La Universidad de Columbia fue la primera gran institución cuyo financiamiento fue señalado por el gobierno de Trump. Inicialmente, se le retiraron 400 millones de dólares en financiación federal. Trump había dicho en las redes sociales que las escuelas que permiten “protestas ilegales” verían recortes de financiamiento. El año pasado, los estudiantes manifestantes de Columbia iniciaron una ola de protestas en el campus contra la campaña militar de Israel en Gaza. Las autoridades de la universidad enfrentaron duras condenas por la proliferación de las protestas, lo que llevó a la expresidenta Minouche Shafik a renunciar. Pero para satisfacer a los republicanos la Universidad comenzó a investigar a activistas estudiantiles propalestinos, como Mahmoud Khalil, quien fue arrestado posteriormente y está en riesgo de deportación. Pese a ello el 7 de marzo, la Universidad dispuso expulsar y suspender a algunos estudiantes manifestantes que ocuparon un edificio del campus durante las protestas y el 21 de marzo anunció que había acordado realizar cambios de política aún más amplios que el gobierno de Trump había exigido. Los cambios incluyeron colocar al Departamento de Estudios del Oriente Medio bajo supervisión, contratar nuevo personal de seguridad que pueda realizar arrestos y prohibir las máscaras faciales “con el propósito de ocultar la identidad de uno”. La universidad también acordó nombrar a un rector senior encargado de revisar el liderazgo y el currículo de varios departamentos de estudios internacionales.
Armstrong renunció a su cargo la semana siguiente. La decisión fue recibida con insatisfacción entre algunos miembros de la facultad y una demanda contra los recortes. La presidenta interina de Columbia, Claire Shipman, tenía un nuevo mensaje el lunes. Dijo que, si bien está de acuerdo con algunas de las solicitudes del gobierno federal, la universidad rechazará la “orquestación autoritaria” que “nos requerirá renunciar a nuestra independencia y autonomía como institución educativa”. Las discusiones aún estaban en curso entre el gobierno federal y Columbia hasta el lunes según la carta del campus de Shipman.
Universidad de Cornell
La Casa Blanca anunció la semana pasada que congeló más de 1.000 millones de dólares del financiamiento federal de Cornell. El gobierno de Estados Unidos indicó que el congelamiento se produce al tiempo que investiga presuntas violaciones de derechos civiles en la universidad.
La universidad de Nueva York estaba entre el grupo de más de 75 instituciones de educación superior que recibieron una carta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 10 de marzo instándolas a tomar medidas para proteger a los estudiantes judíos o enfrentar “posibles medidas de cumplimiento”. El DHS suspendió el trabajo para investigaciones pero el gobierno federal no había confirmado si el congelamiento total de fondos ascendía a 1.000 millones de dólares.
Universidad de Harvard
El Departamento de Seguridad Nacional declaró que los proyectos financiados El Gobierno de Estados Unidos anunció el último miércoles la cancelación de dos subvenciones a la Universidad de Harvard, valoradas en más de 2.700 millones de dólares. La razón, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los proyectos financiados “socavan los valores” del país y que la institución “promueve una ideología antiestadounidense y pro-Hamas”.
En declaraciones periodísticas de la secretaria del Departamento DHS, Kristi Noem, consignó que “la arrogancia de Harvard ante el antisemitismo, impulsada por su débil liderazgo, alimenta un pozo negro de disturbios extremistas y amenaza nuestra seguridad nacional”, declaró. Las subvenciones canceladas provenían del propio DHS. Una de ellas, de 800.303 dólares, estaba destinada a un proyecto de prevención de violencia que, según Noem, “tachó a los conservadores de disidentes de extrema derecha en un estudio escandalosamente sesgado”. La segunda, de 1,9 millón de dólares, financiaba un programa de comunicación en salud pública. Según el DHS, ambas iniciativas “socavan los valores fundamentales” del país.
Además de congelar la ayuda económica, el Gobierno exigió a Harvard entregar antes del 30 de abril de 2025 “registros detallados sobre las actividades ilegales y violentas de los titulares de visas de estudiantes extranjeros”, como condición para mantener su certificación en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP). De no hacerlo, la universidad podría perder la capacidad de recibir estudiantes internacionales bajo ese esquema.
La medida se produce días después de que Trump ordenara congelar otros 2.200 millones de dólares en fondos públicos a Harvard, como represalia por negarse a eliminar sus programas de diversidad, igualdad e inclusión, modificar sus políticas de contratación y admisión, y restringir el activismo político en el ámbito académico. En su red Truth Social, Trump escribió que “Harvard es una broma. Enseña odio y estupidez, y no debería seguir recibiendo fondos federales”. Añadió que “ya no puede ser considerada ni siquiera un lugar decente de aprendizaje, y no debería figurar en ninguna lista de las grandes universidades del mundo”.
Asimismo, solicitó formalmente al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que evalúe revocar el estatus de exención fiscal de Harvard como institución educativa sin fines de lucro, según informaron medios estadounidenses. Desde la universidad, el presidente Alan Garber manifestó el rechazo a las presiones gubernamentales. “Ningún gobierno debería dictar a qué puede enseñar una universidad privada, ni a quién debe admitir o contratar, o qué áreas de estudio o investigación se pueden perseguir”, expresó en una nota dirigida a la comunidad académica. “Nos negamos a negociar sobre nuestra independencia o nuestros derechos constitucionales”, añadió.
Harvard es la segunda universidad en ser blanco del Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo, creado por Trump mediante una orden ejecutiva. La primera fue la Universidad de Columbia, que enfrentó la congelación de 400 millones de dólares hasta que aceptó la supervisión del departamento de estudios sobre Medio Oriente.
Mientras tanto, el vice portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, declaró que las acciones del IRS “serán realizadas de forma independiente del presidente” y que las investigaciones sobre posibles violaciones del estatus fiscal “fueron iniciadas antes de la publicación del presidente en redes sociales”.
La presión del Gobierno se concentró especialmente en universidades que albergaron protestas contra la campaña antiterrorista de Israel en Gaza, acusándolas de tolerar el antisemitismo. Los fondos ahora congelados estaban destinados a programas de investigación en áreas clave como la salud pública, en los que Harvard desempeña un papel destacado. La posibilidad de que pierda su estatus fiscal plantea un escenario inédito para una de las universidades más antiguas, influyentes y financiadas del país, con 162 premios Nobel entre su comunidad académica.
Universidad Northwestern
Al igual que Cornell, Northwestern también vio una interrupción en parte de su financiamiento federal la semana pasada. La Universidad informó que investigadores con subvenciones federales recibieron 100 órdenes de suspensión de actividades (“stop-work orders”), lo que afecta proyectos en áreas como medicina e ingeniería. A principios de esta semana, el gobierno de Donald Trump anunció que había congelado USD $790 millones de fondos destinados a Northwestern y más de USD $1.000 millones a la Universidad de Cornell, debido a presuntas violaciones a los derechos civiles. el presidente de Northwestern, Michael Schill, junto con otros administradores, indicaron que aún no han recibido una notificación oficial sobre una “suspensión generalizada ni su justificación”, aunque las subvenciones afectadas abarcan investigaciones sobre dispositivos portátiles, robótica, nanotecnología, entrenamiento militar extranjero, la enfermedad de Parkinson y “muchos otros programas de investigación fundamentales para nuestro país”.
Universidad de Pensilvania
A diferencia de las otras universidades, la Universidad de Pensilvania vio recortes de financiamiento debido a un atleta transgénero que compitió en el programa de natación de Penn, según el gobierno de Trump. Después de una orden ejecutiva del 5 de febrero que prohibía a los atletas transgénero participar en deportes femeninos y de niñas, el Departamento de Educación lanzó una pesquisa un día después sobre los programas de atletismo en Penn y la Universidad Estatal de San Jose. La investigación de Penn se centró en Lía Thomas, quien es la primera atleta abiertamente transgénero en ganar un título de la División I de la NCAA y se graduó de la universidad en 2022. Más de un mes después, la Casa Blanca anunció la suspensión de aproximadamente 175 millones de dólares en financiamiento federal del Departamento de Defensa y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El gobierno detalló que la interrupción del financiamiento el 19 de marzo se produjo después de una revisión separada de dinero federal discrecional. La universidad informó en ese momento que no fue notificada directamente de la medida.
Universidad Princeton
Docenas de subvenciones de investigación fueron suspendidas en la Universidad Princeton sin una justificación clara, según un mensaje del campus emitido el 1 de abril por el presidente de la universidad, Christopher Eisgruber. Las subvenciones provenían de agencias federales como el Departamento de Energía, la NASA y el Departamento de Defensa. Antes de la pausa en el financiamiento, Eisgruber había expresado su oposición a los recortes amenazados por Trump en la Universidad Columbia en un ensayo en la revista The Atlantic. Llamó a la medida del gobierno una “amenaza radical a la excelencia académica y al liderazgo de Estados Unidos en investigación”.
