La Universidad de Harvard presentó una demanda contra el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un tribunal federal de Boston, con el objetivo de detener el congelamiento de más de 2,300 millones de dólares en fondos federales destinados a la institución. La acción legal, marca un precedente como la primera acusación judicial de una institución académica contra el mandatario, en respuesta a sus políticas de “austeridad” y medidas contra universidades estadounidenses.
La universidad alegó que la retención de fondos de Trump es “arbitraria” e “ilegal”, además de constituir un ataque en contra de la libertad académica. Según el documento, el gobierno estaría utilizando el congelamiento de fondos como herramienta para controlar las decisiones académicas de Harvard. “En el transcurso de la última semana, el Gobierno federal tomó varias medidas tras la negativa de Harvard de cumplir con sus demandas ilegales”, afirmó ayer el presidente de la universidad, Alan Garber, en un comunicado. “Hace unos momentos, hemos presentado una demanda para detener el congelamiento de la financiación, porque es ilegal y está fuera de la autoridad del Gobierno”, agregó.
La demanda nombra a varias agencias federales, incluyendo los departamentos de Educación, Salud y Servicios Humanos, Energía, Justicia y la Administración de Servicios Generales. Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni las agencias mencionadas hicieron comentarios sobre el caso.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó por su lado por su lado una demanda colectiva contra la administración Trump acusándola de cancelar “ilegalmente” las visas F1 de cientos de estudiantes extranjeros. La querella representa a jóvenes afectados en New Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island y Puerto Rico, quienes se enteraron de la revocación por correo y sin previo aviso.
Las acciones de Trump contra las universidades
El conflicto entre la administración Trump y las principales universidades estadounidenses comenzó a intensificarse en marzo de 2025, cuando el gobierno inició una revisión de 9.000 millones de dólares en fondos federales destinados a Harvard. Posteriormente, la administración entregó a la universidad una lista de demandas que incluían la prohibición de mascarillas en el campus y la eliminación de todos los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Al no cumplir con estas exigencias, Trump congeló 2.300 millones de dólares en fondos y amenazó con retirar la exención fiscal de Harvard, así como su capacidad para matricular estudiantes extranjeros. Además, el presidente exigió información detallada sobre los vínculos de la universidad con el extranjero, su financiamiento, estudiantes y profesorado.
Harvard no ha sido la única institución afectada. Universidades como Columbia, Northwestern, Princeton, Cornell y Brown también han enfrentado la suspensión de fondos federales, una medida que, según la administración Trump, responde a la supuesta mala gestión de las protestas pro palestinas en 2024 y la tolerancia hacia el antisemitismo en los campus. Desde su investidura, Trump ha adoptado una postura dura contra las universidades de élite, acusándolas de ser “semilleros de ideologías radicales” y prometiendo reformar el sistema educativo superior mediante recortes y controles más estrictos.
Alan Garber, presidente de Harvard, defendió la postura de la universidad en su declaración, asegurando que la institución continuará luchando contra el odio y cumpliendo con las leyes antidiscriminación. “No permitiremos que estas medidas arbitrarias comprometan nuestra misión académica ni nuestra autonomía”, afirmó. Garber también señaló que la universidad está comprometida a proteger su comunidad diversa ya resistir lo que describió como un intento del gobierno de imponer su agenda política sobre las decisiones académicas.
Contexto y repercusiones
La congelación de fondos y las demandas de la administración Trump han generado un debate más amplio sobre la relación entre el gobierno federal y las instituciones educativas. Expertos en derecho constitucional, como Laurence Tribe, profesor emérito de Harvard, han advertido que las acciones de Trump podrían sentar un precedente peligroso para la independencia de las universidades. “El uso de fondos federales como arma para imponer políticas es una clara violación de los principios democráticos”, señaló Tribe en una entrevista con The Boston Globe
Por ahora, el caso está en manos del tribunal federal de Boston, y se espera que la batalla legal entre Harvard y la administración Trump tenga implicaciones significativas para otras universidades afectadas. Mientras tanto, la comunidad académica observa con atención, consciente de que el resultado de esta demanda podría redefinir el equilibrio de poder entre el gobierno federal y las instituciones de educación superior en Estados Unidos.
