La reciente disposición 381/2025 de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, publicada en el Boletín Oficial a principios de abril, desató una ola de críticas entre especialistas en conservación de fauna. La normativa, firmada por el subsecretario Fernando Brom, derogó regulaciones históricas que prohibían la exportación de animales vivos y el tránsito inter provincial de especies autóctonas, además de la comercialización de fauna silvestre y sus subproductos en jurisdicción federal.
Estas restricciones, vigentes desde 1986 hasta 2022, buscaban frenar el tráfico ilegal de animales, pero ahora expertos advierten que la medida podría abrir las puertas a esta actividad.
Un retroceso de décadas
La disposición elimina tres prohibiciones clave: la exportación de animales vivos, el tráfico interprovincial de ejemplares de fauna autóctona y la comercialización de animales y productos derivados de la fauna silvestre. Según fuentes consultadas, hasta 1986 Argentina exportaba principalmente aves, monos y reptiles, una práctica que las normativas posteriores lograron reducir significativamente. “Esta medida hace retroceder al país varias décadas”, señalaron las fuentes, advirtiendo que la desregulación podría intensificar el comercio ilegal de fauna.
Alejandra Juárez, responsable del refugio Proyecto Carayá en La Cumbre, Córdoba —el único centro del país dedicado a la rehabilitación de monos carayá—, expresó su preocupación: “Será un encubrimiento de la utilización comercial de la fauna autóctona. El gobierno solo facilita las cosas a comerciantes de animales vivos o a la exportación de trofeos, como pieles, bajo el argumento de eliminar el ‘exceso de burocracia’ y equilibrar beneficios económicos, culturales y recreativos. En ningún momento se menciona el beneficio para la fauna, solo el económico”.
Juárez también destacó que varias provincias permiten la cacería de especies nativas como pumas, guanacos y aves en zonas con criaderos que abastecen cotos de caza. Aunque Santa Cruz prohibió recientemente la caza de pumas tras la presión de ambientalistas, la desregulación a nivel nacional podría incentivar estas prácticas en otras regiones.
Tráfico y mercados asiáticos
La especialista señaló que la medida abre la posibilidad de exportar fauna silvestre a mercados asiáticos, donde hay demanda de ejemplares para zoológicos y de partes como huesos y colmillos de yaguareté, un animal en peligro crítico de extinción que lucha por recuperarse en el Gran Chaco. “Hay desesperación por ser parte de los proveedores de compradores asiáticos”, afirmó Juárez, quien cuestionó la falta de consulta a científicos y sugirió que la medida beneficia principalmente a comerciantes y dueños de cotos de caza.
Franco Peruggino, del refugio MundoAparte en Rosario, que trabaja con animales rescatados del tráfico para mascotas, comparó la situación con Uruguay, donde se exportan lobos marinos a acuarios asiáticos. Según el gobierno uruguayo, entre el 1 de abril y el 31 de octubre de cada año se permite capturar lobos marinos vivos, con precios regulados: 48 Unidades Reajustables (UR, unos 2.075 dólares) por machos y 65 UR (unos 2.809 dólares) por hembras. “Reproducen animales nativos para venderlos a un continente que les es totalmente ajeno, tanto por el clima como por su alimentación, y encima para vivir en cautiverio toda su vida”, criticó Peruggino.
Casos recientes de rescates en Argentina
La desregulación llega en un momento crítico para la fauna argentina, como lo demuestran recientes operativos de rescate. En marzo de 2025, la Policía Federal desmanteló una red de tráfico en Misiones, rescatando 15 guacamayos rojos y 8 monos caí, destinados a ser vendidos como mascotas en mercados ilegales de Brasil y Asia. Otro caso ocurrió en febrero de 2025 en Corrientes, donde se liberaron 3 yaguaretés que eran transportados en jaulas hacia un supuesto “criadero” en Paraguay, un destino común para el comercio ilegal de grandes felinos.
Además, en enero de 2025, la Fundación Rewilding Argentina reportó el rescate de un aguará guazú en Santa Fe, hallado en una vivienda particular tras ser capturado en su hábitat natural. Estos casos reflejan la magnitud del tráfico de fauna en el país, un delito que, según estimaciones, genera entre 15 y 20 millones de dólares anuales a nivel global, siendo el cuarto comercio ilegal más lucrativo después de la venta de drogas, la falsificación y el tráfico de armas.
Voces de alerta
Peruggino advirtió que la desregulación “le allana el camino a los que se dedican a la comercialización de animales vivos para mascotas y a otros negocios como los cotos de caza”. Por su parte, Juárez lamentó el impacto en un contexto de deterioro ambiental: “Nos lleva a retroceder, por lo menos, 50 años, justo ante un ambiente deteriorado con una disminución drástica de la fauna”.
La disposición 381/2025 ha puesto en alerta a los defensores de la fauna silvestre, quienes exigen una revisión inmediata de la medida y un enfoque que priorice la conservación de las especies autóctonas sobre los intereses comerciales. Mientras tanto, el riesgo de un aumento en el tráfico ilegal de animales amenaza con agravar la crisis de biodiversidad en Argentina.
