En un giro controvertido que reaviva el debate sobre discriminación y avances científicos en las Fuerzas Armadas de EE.UU., el Pentágono ha ordenado la pausa inmediata en el entrenamiento básico de reclutas VIH positivos que ya habían sido aceptados tras un fallo judicial histórico de 2024. La medida, implementada el viernes 17 de enero de 2026 por la Oficina del Secretario de Defensa, señala que una decisión final sobre el restablecimiento de la prohibición total de alistamiento para personas con VIH se espera en las próximas semanas, bajo la gestión del secretario Pete Hegseth.
La directriz, enviada por el Comando de Procesamiento de Ingreso Militar (MEPCOM) y obtenida por CNN, indica explícitamente: “Mientras esperamos la decisión, pausamos el envío de cualquier solicitante VIH positivo y daremos seguimiento en las próximas semanas”. Esta acción responde directamente a la suspensión, en diciembre de 2025, por parte del Cuarto Tribunal de Apelaciones de un fallo emitido en agosto de 2024 por un juez federal. Aquel dictamen declaraba inconstitucional rechazar reclutas únicamente por su condición asintomática de VIH, siempre que mantuvieran cargas virales indetectables gracias a tratamientos antirretrovirales modernos, que eliminan el riesgo de transmisión según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
El caso, conocido como Wilkins v. Hegseth, fue impulsado por tres demandantes, entre ellos Isaiah Wilkins, exmiembro de la Guardia Nacional de Georgia diagnosticado con VIH y que no pudo pasar a la Reserva del Ejército. Wilkins celebró el fallo de 2024 como “una victoria no solo para mí, sino para otras personas que viven con VIH y desean servir”. Desde agosto de 2024, las Fuerzas Armadas habían incorporado a reclutas en esta situación sin reportar problemas operativos, como enfatizó Greg Nevins, asesor principal de Lambda Legal: “Han estado admitiendo personas desde agosto de 2024 y no hemos tenido noticias de ningún problema ni inconveniente”.
El Departamento de Justicia, en su apelación, sostiene que aceptar a estos individuos causa “daños” a la preparación militar, aunque los activistas interpretan esto como una admisión tácita de que no existe perjuicio real. Bajo la administración actual, el secretario Pete Hegseth ha endurecido varias políticas: prohibió el ingreso de militares transgénero, emitió un memorando en julio de 2025 listando condiciones médicas no elegibles para exenciones y ahora impulsa esta revisión. En contraste, en 2022 el exsecretario Lloyd Austin permitió que miembros activos con VIH se desplegaran en misiones, reconociendo que los tratamientos suprimen el virus a niveles indetectables y permiten el cumplimiento pleno de funciones militares.
Datos del Sistema de Salud Militar entre 1990 y 2024 registran 11.280 casos de VIH en personal en servicio activo, Guardia y reservas. Aunque las tasas generales de diagnóstico han disminuido, se observa un aumento entre hombres menores de 30 años, donde el 96,3% de los casos corresponden a este grupo demográfico. Estos números subrayan la relevancia de políticas basadas en evidencia científica, en lugar de estigmas desactualizados que podrían limitar el reclutamiento en un momento de desafíos para atraer personal calificado.
La pausa afecta a un número no especificado de reclutas ya aceptados, dejando en incertidumbre a miles de aspirantes que buscan servir a su país pese a vivir con una condición médica controlable. Mientras el tribunal de apelaciones mantiene la suspensión del fallo original, la comunidad de derechos civiles y veteranos advierte que el retroceso podría perpetuar la discriminación y contradecir los avances médicos que han transformado el VIH en una condición crónica manejable.
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