El gobierno de Biden ya recaudó u$s107 millones por casos similares y, según el Departamento de Justicia norteamericano, la lista seguirá engrosándose
Ya hay diez bancos obligados a pagar sumas multimillonarias por negar o desalentar créditos hipotecarios a personas negras o latinas en Estados Unidos. Hasta ahora el Departamento de Justicia norteamericano consiguió indemnizaciones por 107 millones de dólares por casos similares, llamados “redlining” (línea roja)
El último caso ocurrió esta semana con el Ameris Bancorp, que deberá pagar 9 millones de dólares después de que el Gobierno Federal lo acusara de realizar prácticas discriminatorias en vecindarios de mayoría negra y latina en Jacksonville, en el estado de Florida (Estados Unidos).
El dinero se repartirá entre un fondo de subsidio para préstamos hipotecarios a otorgarse durante cinco años en vecindarios de mayoría negra y latina de Jacksonville (7,5 millones); un subsidio (600.000 dólares) para asociaciones comunitarias que prestan asistencia a esas razas, y a publicidad (900.000 dólares) en Jacksonville sobre educación financiera orientadas a esas minorías. Además, se acordó que Ameris deberá abrir una sucursal de servicio completo en algún vecindario mayoritariamente negro e hispano, y a contratar un consultor para revisar su programa de créditos.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció el acuerdo dos años después de que lanzara la iniciativa de “Lucha contra la Línea Roja del Departamento de Justicia” en violación de las leyes de “Vivienda Justa” y de “Igualdad de Oportunidades de Crédito”; una iniciativa del gobierno de Joe Biden para perseguir las prácticas crediticias discriminatorias. Tiene en curso más de docenas de otras investigaciones sobre la exclusión en todo el país. Las irregularidades anteriores se detectaron en Columbus, Ohio; Houston; Los Ángeles; Memphis, Tennessee; Nueva York; Filadelfia; Rhode Island; y Tulsa, Oklahoma.
El acuerdo con el Ameris por un tema de discriminación es el segundo más importante alcanzado con un banco en Estados Unidos por la fiscalía, después de los resonantes 31 millones conseguidos en enero con el Citibank de Los Angeles. Según la acusación entre 2016 y 2021, los préstamos hipotecarios del Ameris, con sede en la ciudad de Atlanta (Georgia), se centraron “desproporcionadamente” en 18 áreas mayoritariamente blancas de Jacksonville. El banco nunca operó con una sucursal en un vecindario mayoritariamente negro e hispano y, en un tercio de esas áreas, no recibió una sola solicitud durante el período de seis años, a pesar de que otros bancos sí lo hicieron, acusó Garland.
El banco ahora sancionado cotiza en el Nasdaq, tiene casi 25.000 millones de dólares en activos, 164 sucursales y opera en nueve estados de Estados Unidos. Deberá pagar, pese a que recientemente la entidad envió correos anunciando cuentas corrientes gratuitas que, según afirmaba, estaban dirigidas a áreas de ingresos bajos y moderados. Sin embargo, al fiscal le pareció reprobable que en el 96,5% de los folletos se promocionara el servicio con modelos blancas y además se enviaran a vecindarios mayoritariamente blancos.
Garland dijo que el gobierno de Estados Unidos obtuvo en dos años 10 acuerdos, y se han comprometido 107 millones de dólares para las comunidades perjudicadas por los bancos y otras instituciones crediticias. "La exclusión no es solo una reliquia del pasado", aseguró Garland, refiriéndose a una práctica en la que el gobierno federal identificó a los vecindarios de mayoría negra y latina como más riesgosos y menos merecedores de préstamos hipotecarios.
Ameris negó las acusaciones, pero acordó para resolver el caso, y consignó: "El banco cumplió con la ley aplicable en todo momento, pero busca resolver este asunto para evitar litigios prolongados". En un comunicado, el director ejecutivo de Ameris, Palmer Proctor, señaló: "Estamos totalmente en desacuerdo con cualquier sugerencia de que hemos incurrido en una conducta discriminatoria, y confiamos en nuestros esfuerzos por brindar un acceso equitativo a créditos hipotecarios asequibles en la comunidad de Jacksonville y en todos los mercados a los que servimos". Por su parte, la alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, emitió un comunicado en el que elogió a Garland y al Departamento de Justicia por "hacer de las investigaciones una prioridad sobre la discriminación". Consignó que espera que el acuerdo de Ameris "proporcione algo de alivio a las familias a las que se les negó la oportunidad de obtener acceso a la propiedad de una vivienda". "El flagelo de la exclusión ha afectado negativamente a las comunidades de color de Jacksonville durante demasiado tiempo", declaró Deegan.
