La Unión Europea (UE) puso sobre la mesa el Plan Rearm Europe (PRE) por 800.000 millones de euros durante los próximos cuatro años, una cantidad que en Europa podría amenazar las inversiones verdes para avanzar hacia la transición energética. La cifra se debe a que las armas modernas requieren inversiones en tecnología y servicios digitales como software, análisis de datos, sistemas satelitales e internet fiable. El objetivo es comprar sistemas de artillería, defensa aérea y balística, misiles y munición, drones y anti drones, etc. “made in Europe” para tener una “disuasión creíble” en 2030. El proceso de rearme es costoso: implica un gran aumento del gasto público, originando endeudamiento, inflación, impuestos más altos y menos gasto social. Por eso, podría quedar postergado el proyecto europeo de acelerar los pasos hacia una energía más sostenible. Por eso "si los Estados miembros aumentaran su gasto en Defensa en un 1,5% del PIB de media (que es el tope establecido por la Comisión Europea en gasto anual adicional en defensa) se podría crear un espacio fiscal de cerca de 650.000 millones de euros en un periodo de cuatro años", declaró la presidente de la Comisión Europea, Úrsula Gertrud von der Leyen a la prensa el martes. “La era de los dividendos de la Paz ha terminado” aseguró.
Es así como, el Banco Europeo de Inversiones (BEI)) - cuyos accionistas son los países miembros – giró su política de financiación y ahora incluye también proyectos vinculados al rearme militar. La situación que hizo cambiar su naturaleza como entidad, caracterizada en financiar principalmente proyectos de energía sostenible.
Se trata de una cifra estimada y ni siquiera se aprobaron todavía los mecanismos para llevarlo a cabo. Pero se sabe que el plan de rearme seguirá dos estrategias. La Comisión Europea permitirá endeudarse a los en 150.000 millones de euros para invertir en diferentes proyectos prioritarios, mientras que con el resto de los fondos estarán orientados a gastos en defensa: esos son los que se podrán aumentar hasta los 600.000 millones. Mientras, Estados Unidos pisotea décadas de garantías de seguridad transatlántica.
El despliegue renovable en Europa está liderado por una multitud de proyectos multimillonarios. Uno de los “insignia” es el conocido como Plan REPowerEU, que requerirá una inversión adicional de 210.000 millones de euros hasta 2027. Ese plan propone medidas para mejorar la eficiencia energética en edificios y fomentar la adopción de tecnologías limpias en el sector industrial. A estos habría que añadir 225.000 millones de euros en préstamos a través del Plan de Recuperación. Transformación y Resilencia que incluye mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Entre ellas está el programa PREE5000 y el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética. A estas cantidades hay que sumarle otras, como el Mecanismo para una Transición Justa (MTJ), que busca movilizar 55.000 millones de euros hasta 2027 (que aborda los efectos sociales y económicos de la transición en regiones, industrias y trabajadores), o el Fondo de Inversión de 5.200 millones de euros a través de la iniciativa IPCEI Hy2Use, un proyecto que establece subvenciones dentro de 13 estados miembros de la CE.
El año pasado el mercado del hidrógeno en Europa se valoró en 77.800 millones de dólares. Se preveía que para 2033 alcance los 149.130 millones de dólares. Pero con el Plan de Rearme Europeo, todo eso está en duda. Alemania, Países Bajos, Polonia, Francia e Italia aportarían el 57% de la capacidad total de producción de hidrógeno de la UE, la AELC y el Reino Unido. ¿Lo harán pese a verse compelidos a aumentar 1?5 punto del PBI sus gastos de defensa? En cuanto a las estaciones de hidrógeno, en 2023 había 254 estaciones de hidrógeno en funcionamiento en Europa. En cuanto a la regulación, la industria del hidrógeno pide menos trabas y más acción. La industria demanda medidas más ágiles para cerrar la brecha con EE. UU. y China.
Por otro lado, prueba de la sensibilidad energética del BEI fueron los importantes préstamos otorgados a empresas en los últimos meses y que se podrían quedar comprometidos en un futuro. En tal sentido, acordó con Naturgy un préstamo de 1.000 millones de euros para invertir en proyectos de energía solar y eólica terrestre en España en noviembre de 2024. Y, unos días después, firmó préstamos por valor de 700 millones de euros para la puesta en marcha de proyectos de energías renovables y la ampliación de la red eléctrica en el sur de Europa.
La energía renovable está enfrentando renovadas dificultades para su desarrollo en Europa. Los gobiernos de la Unión Europea (UE) presionan a Bruselas para que relaje las normas para los certificados de hidrógeno verde en el futuro mercado. Esta corriente busca que la Comisión Europea cambie su propuesta sobre el gas renovable para que puedan subsistir los proyectos actuales. La norma, conocida como “principio de adicionalidad”, no comenzará a aplicarse hasta 2028, pero genera incertidumbre en las compañías y las inversiones futuras. A partir de entonces, y según lo propuesto por Bruselas, una empresa podrá certificar el origen renovable en el pool (mercado) del hidrógeno si cumple una serie de requisitos. En primer lugar, deben ser parques de nueva construcción (tanto eólicos como solares). En segundo término, debe haber una correlación geográfica (los nuevos parques deben estar cerca de donde se va a producir el hidrógeno) para reducir los costes. Y finalmente, debe existir una correlación temporal (es decir, toda la energía que se genere debe ser enviada al momento a la planta donde está el electrolizador, la pieza clave para crear hidrógeno).
