El Gobierno de Mendoza anunció un cambio significativo en la estructura ambiental de la provincia al renombrar y reformular la Dirección de Protección Ambiental (DPA), una de las reparticiones clave en el control de actividades para prevenir la contaminación, incluyendo la supervisión de la minería. A partir de ahora, la entidad pasará a llamarse Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, con nuevas funciones y un organigrama modernizado, según informó el Ejecutivo.
El cambio se enmarca en una serie de modificaciones impulsadas por el actual gobierno en el área de Ambiente. Previamente, la cartera ambiental fue degradada a Subsecretaría y subordinada al Ministerio de Energía y Ambiente, liderado por Jimena Latorre, unificando así todas las funciones relacionadas con la promoción y control de actividades extractivas. Antes, estas funciones estaban separadas para garantizar controles cruzados, pero bajo la gestión del gobernador Alfredo Cornejo se optó por centralizarlas.
Nuevas funciones y enfoque en actividades extractivas
Según el decreto que establece el nuevo organigrama, el Ministerio de Energía y Ambiente priorizará la promoción de actividades extractivas, como la minería y la explotación petrolera, con un fuerte énfasis en el control y la sostenibilidad. “El Ministerio participa en la planificación y ejecución de políticas ambientales destinadas a promover un uso y explotación sostenibles de la tierra y los recursos naturales de Mendoza, en armonía con las políticas de aprovechamiento y transición energética”, reza el documento.
La ahora renombrada Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental mantendrá sus potestades de control, establecidas en la ley provincial de ambiente (5961) y sus decretos reglamentarios. Seguirá siendo el organismo encargado de evaluar los informes de impacto ambiental para autorizar proyectos mineros, petroleros y otras actividades industriales relevantes que el Gobierno busca impulsar.
La subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, explicó en un comunicado que el cambio busca actualizar una estructura con más de 30 años de antigüedad. “Este cambio responde a la necesidad de adaptarla a las nuevas demandas de sostenibilidad, bienestar social y desarrollo económico armónico con la mejora y el cuidado ambiental. Se busca optimizar procesos de control, monitoreo y mejora continua en los procedimientos de fiscalización, además de adecuar la gestión a las demandas actuales en tecnologías, proyectos y procedimientos ambientales”, afirmó.
Estructura y nuevas áreas
La nueva dirección integrará áreas estratégicas como Gestión Ambiental, Innovación, Fiscalización, Economía Circular y un renovado cuerpo de inspectores, aunque las funciones específicas aún no han sido detalladas. Además, el cambio incluyó una mudanza física: la entidad ahora operará desde el cuarto piso de la Casa de Gobierno.
El Ministerio de Energía y Ambiente, que concentra todas las funciones relacionadas con las actividades extractivas, cuenta con dos subsecretarías: Ambiente, a cargo de Nuria Ojeda, y Energía, liderada por Daniel Sánchez Bandini. En el organigrama, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental comparte rango con otras direcciones como Ecoparque, Hidráulica, Áreas Protegidas, Transición Energética, Minería, Hidrocarburos y Servicios Eléctricos. También dependen del ministerio las empresas EMESA, Impulsa Mendoza y la participación en Dioxitex.
Contexto y críticas
La unificación de las funciones de promoción y control bajo un mismo ministerio ha generado debate. Anteriormente, la separación de estas áreas permitía controles cruzados para garantizar mayor transparencia. Sin embargo, la centralización impulsada por Cornejo busca agilizar procesos en un contexto donde el Gobierno provincial apuesta por el desarrollo de industrias extractivas como motor económico, pero también despierta preocupaciones entre ambientalistas que temen una menor rigurosidad en los controles.
El cambio en la Dirección de Protección Ambiental refleja la intención del Ejecutivo de alinear las políticas ambientales con los objetivos de desarrollo económico y transición energética, aunque resta ver cómo se implementarán las nuevas funciones y si efectivamente se logrará un equilibrio entre explotación de recursos y sostenibilidad ambiental.
