Exigieron el pago de 16 millones de dólares de un “bono verde” en defalut que usó la provincia para financiar la construcción de unos parques eólicos. Uno de esos parques fue vendido al grupo de la familia Mindlin en 171 millones de dólares, pero la provincia se quedó una deuda de 200 millones. Significa que el bono verde cambió de color, y ahora permanece impago.
Los inversores institucionales que financiaron la construcción de parques eólicos en La Rioja, entraron en pánico. Ayer viernes se conoció una intimación del estudio de abogados de los bonistas, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, para que les paguen “el saldo de las cantidades que estaba obligada a pagar el 24 de febrero en un plazo de 14 días”. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, por su parte, pagó lo que quiso, por lo que el bono está impago. Marcando un estilo de gestión, ayer salió públicamente a exigir a la CGT que convoque a otro paro “de 24, 48 o 72 horas” en clara oposición al Gobierno Nacional.
La polvareda es por un “bono verde” por 200 millones de dólares que la provincia debía pagar parcialmente el 24 de febrero último, luego de “negrearlo” al vender un parque eólico a una empresa de la familia Mindlin en 171 millones, pero quedándose con la deuda que resolvió no pagar. Los reclamantes son un grupo de acreedores internacionales, que se hacen llamar ahora el “grupo AHG”, integrado por el Grupo Allianz, seguido por Credit Agricole, junto a los bancos Denske Bank, Landesbank Berlin Investment, Vontobel y el banco UBS, todas entidades que ya probaron el sabor de los defaults pergeñados por distintos gobiernos locales desde 2003 hasta la fecha, y que se tentaron con prestar nuevamente al país para obtener rápidas ganancias (contabilizaban utilidades por el bono del 9,75% anual).
El 26 de febrero el gobierno riojano debía afrontar un vencimiento por 26 millones de dólares por capital e intereses. Dijo, palabras más o menos, que la plata de la venta del parque eólico “se venteó”, y que pagaría solo 10 millones de dólares por los intereses contenidos en esa cuota, quedando en default el pago del capital.
Los afectados enviaron ayer una intimación al gobierno provincial “a abonar el saldo de las cantidades que estaba obligada a pagar el 24 de febrero en un plazo de 14 días. El Grupo –de acreedores - se ha reservado todos sus derechos, incluido el de declarar inmediatamente vencida y pagadera la totalidad del principal de los Bonos Verdes o tomar otras medidas, en caso de que la Provincia mantenga su postura actual”.
El Ministerio de Hacienda riojano había anunciado a fines de febrero que la provincia enfrentaba “limitaciones en su capacidad de pagar capital e intereses” echándole las culpas a “la contracción de la economía argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía de la provincia, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial”. Obviamente que omitió decir el destino de los 171 millones embolsados por la venta de uno de los parques eólicos que había financiado el bono verde, que ya cambió de color. “La Provincia se convirtió en la única de Argentina en incumplir su deuda internacional desde el período de reestructuración de 2020-21. Mientras que todas las demás provincias con deuda emitida internacionalmente han realizado pagos de amortización del principal y han pagado su deuda con prontitud, La Rioja se destaca por no respetar sus obligaciones contractuales”, relata el comunicado emitido por los bonistas. Además, agrega la misiva, que “este fracaso es particularmente atroz a la luz del hecho de que los ingresos de los Bonos Verdes se utilizaron para construir una serie de parques eólicos, uno de los cuales se vendió posteriormente por 171 millones de dólares a Pampa Energía S.A. Es evidente que la Provincia efectivamente tenía los medios para pagar su deuda, pero decidió no hacerlo”.
