Esta vez ganaron los ciudadanos de a pie. Con 7 votos en contra, 5 a favor y una abstención, el Concejo Deliberante de Brandsen dio su “no” a las instalaciones de dos centrales termoeléctricas impulsadas por empresarios investigados en la “causa de los Cuadernos”, y por eminentes empresas chinas y de Argentina que hacen del bajo perfil una profesión de fe. Fueron varios meses de luchas titánicas, entre la gente y algunos empresarios, igual que David y Goliat. Ahora queda rezar para que este tipo de obras prohibidas en Brandsen no se re instalen a unos metros de donde estuvieron previstas hasta ahora.
A fines de febrero una multitud de vecinos de Brandsen (al sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires) y de localidades aledañas, se congregó en la Plaza Las Malvinas para manifestarse en contra de la construcción de una central termoeléctrica en el kilómetro 49 de la Ruta 2. La obra, que sería desarrollada por capitales chinos, suscitó una creciente alarma por sus potenciales efectos adversos sobre la salud y el medioambiente. Ni delegados ni subdelegados municipales se habían acercado a informar sobre este plan a quienes habitan y producen en la zona, ubicada en el cinturón frutihortícola más grande del país. Ello es a pesar de que las termoeléctricas son industrias que producen electricidad a partir de la energía del gas natural, mediante el trabajo conjunto de turbinas de gas y de vapor. En el caso de la planta que se proyectaba en Brandsen, se proponía la combinación de gas y fueloil. Esta actividad genera contaminación sonora, del agua y del aire (por la emisión de gases cancerígenos). Tras el rechazo en Brandsen comenzó a circular la versión de que la planta podría instalarse cerca de La Plata.
Desde que la iniciativa tomó estado público, los vecinos se auto convocaron para manifestar su repudio. Con carteles en mano y volantes realizaron cortes parciales en la Ruta 2 para informar a la ciudadanía y reclamar al Concejo Deliberante su rechazo. El intendente Fernando Raitelli fue uno de los impulsores del proyecto y cuenta con cinco días para definir si veta o no la decisión del legislativo local.
Ese mismo día se anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante, con el objetivo de presentar y votar el proyecto en un plazo de 20 días. Ese proceso no contó con audiencias públicas ni informes de impacto ambiental realizados por entes neutrales, autónomos y científicos. Los únicos informes de impacto ambiental se hicieron públicos una semana después de haberse presentado el proyecto en las sesiones extraordinarias. Al mismo tiempo, se dio a conocer la existencia de una donación de vehículos por parte de la empresa, condicionada a la aprobación del proyecto; hecho que suscitó denuncias de un posible delito de tráfico de influencias.
Durante todo el proceso los vecinos observaron la activa presencia de representantes de SCC Power y MSU Energy en áreas restringidas del Consejo Deliberante, accesibles únicamente a miembros del cuerpo y empleados autorizados. Entre ellos se encontraba Guillermo Marseillan, director ejecutivo, co-fundador y actual vicepresidente de MSU Energy, así como su abogado Ezequiel Abad. Esta situación generó sospechas de connivencia entre estas empresas y sectores del oficialismo. La planta estaría a cargo de la empresa china SCC Power, controlada por MSU Energy Holding Ltd (de origen inglés), cuyo propietario, Manuel Santos Uribelarrea, es conocido por su tristemente célebre influencia en el sector agroindustrial argentino. Este individuo es uno de los procesados en la “Causa de los Cuadernos” investigado por pagos indebidos para financiar las campañas políticas del kichnerismo. Uribelarrea admitió haber hecho aportes ilegales junto a otros empresarios en 2015.
Quienes estaban detrás
Cabe recordar que MSU Energy ya había intentado establecer una central similar en Pilar, pero el proyecto fue desmantelado por orden de la Corte Suprema debido a su alto impacto contaminante y los problemas de salud reportados por los vecinos. Pero a poco de indagar las razones de tanto “secretismo” sobre una construcción que prometía cambiar la fisonomía de la zona, se supo que son dos los dueños de esta iniciativa (en partes iguales). Ambos tienen en común, cultivar un bajísimo perfil a la hora de hacer negocios. Por algo debe ser. Son:
- YPF Luz, propiedad de la nacional YPF y de BNR Infraestructura Co-Investment del fondo estatal chino Silk Road Fund, donde participan capitales ingleses, y fondos de inversión multinacionales.
- Pampa Energía de un grupo llamado EMES (del ex grupo Dolphin) cuyos dueños son la familia Mindlin (encabezada por Marcelo y Damián), Gustavo Mariani y Ricardo Torres. Son los mismos accionistas de la empresa Transener que maneja el monopolio del transporte de alta tensión en Argentina. También opera en el mercado de la generación con 3648 megavatios de potencia instalada y es la mayor distribuidora de electricidad del país.
La Central Termoeléctrica “Ensenada de Barragán” que se montaría en un predio sobre diagonal 74, camino a Punta Lara, frente al relleno sanitario de la Ceamse. Es la obra de infraestructura más grande de la región capital de la provincia de Buenos Aires. Más de 1.300 trabajadores pasarían a diario por la obra desarrollada por la empresa multinacional Techint, de la que participaban otras firmas subcontratistas de distintos servicios, como logística, salud, servicios generales y transporte, entre otros rubros de la industria pesada.
El expediente ingresado por el Intendente reunía dos informes ambientales correspondientes a las dos centrales termoeléctricas. Las mismas iban a emplazarse a menos de dos kilómetros de los barrios Las Golondrinas, Las Calandrias, La Rueda, Ruta del Sol, El Peligro y Gómez, afectando también a tres escuelas de la zona. Entre ellas, la escuela rural 11 “Gabriela Mistral”, donde concurren 120 niños. La contaminación alcanzaría un radio de 30 kilómetros a la redonda de las centrales, con perjuicios a los municipios de La Plata, Berazategui, Florencio Varela y Brandsen.
Los estudios, presentados por las empresas, no contemplaban los efectos acumulativos ni regionales, lo que violaba principios básicos de la Ley General del Ambiente y ponía en peligro a toda la región. Pero además, en la documentación se registraron otras irregularidades, como fojas copiadas del año 2019, y la utilización del censo de 2010 para establecer el impacto ambiental en la región (tomaban datos de una población muchísimo inferior a la que efectivamente reside en la zona).
Agua derramada
El plan presentado incluía la extracción de siete millones de litros diarios del acuífero Puelche, lo que desencadenaría la formación de un “cono de depresión”, con impactos en pozos cercanos e introduciendo contaminantes en las napas. Siete millones de litros de agua potable al día equivale a una demanda diaria de una ciudad con un millón de habitantes. Además, el agua residual contaminada sería vertida en el Arroyo San Luis, un humedal protegido por la Ordenanza N° 1236, lo que podría causar un grave impacto ecológico y amenazar la biodiversidad y la producción agropecuaria de la región.
El ruido producido por los generadores alcanzaría hasta 107 dB (decibelios, unidad de medida logarítmica del sonido), equivalente al estruendo de un avión despegando, mientras que la OMS (Organización Mundial de la Salud) establece un límite seguro de 55 dB. Este nivel de contaminación sonora puede provocar insomnio, estrés, ansiedad, confusión y problemas de salud mental y cardiovascular. Los daños serían enormes en la zona rural, ya que constituye el cordón frutihortícola más importante del país, perdiendo la capacidad de suministrar agua a esos emprendimientos.
Desde que se conoció el proyecto, la comunidad de Brandsen se mantuvo alerta y unida. Exigió transparencia, participación ciudadana y la adecuada evaluación de los impactos ambientales y de salud que, de materializarse, afectarían el futuro de la región. El revuelo generado por el proyecto y los sucesos en el Concejo Deliberante reavivaron la discusión sobre el respeto a la información pública y la necesidad de consultar a la ciudadanía en decisiones que ponen en juego la vida y el entorno.
El 10 de marzo, día en que se iniciaron las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, los vecinos se concentraron frente al Museo Histórico de Brandsen para manifestar su descontento. El Intendente no dudó en tildar de “hipócritas”, “mentirosos” y “desinformados” a los manifestantes. En respuesta, los vecinos entregaron al Consejo una nota respaldada por 200 firmas, solicitando la realización de audiencias públicas.
Una semana después se celebró una sesión en la que, nuevamente, se manifestó el rechazo ciudadano. Los concejales votaron por unanimidad en favor del llamado a audiencias públicas y para que el proyecto fuera tratado en una Comisión Honoraria. La comisión se reunió el 3 de abril y se aprobó la instalación de las industrias.
Las comisiones del Concejo Deliberante decidieron tratar el tema del cambio de uso de suelo en la sesión del 8 de abril, mientras el Intendente suspendía el llamamiento a las audiencias públicas. Pero esa sesión fue suspendida abruptamente, ese mismo día, por el presidente del Concejo Municipal (Daniel Caraballo, UP). El tema de la desafectación (paso necesario para la instalación), finalmente fue tratado el lunes 21 de abril y rechazado por mayoría. Brandsen no tendrá termoeléctricas.
Las empresas chinas SCC Power y MSU Energy pretendían instalar dos centrales termoeléctricas en el kilómetro 49 de la Ruta 2, en Brandsen (provincia de Buenos Aires). Sus termoeléctricas ya fueron clausuradas en Pilar y Escobar debido a una sentencia judicial de 2024, ante el reclamo vecinal por los efectos nocivos de los ruidos y las vibraciones. SCC Power publicita en su página web que su producción es de “alta confiabilidad” y que cuenta con plantas “estratégicamente ubicadas a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires” (en Matheu, Luján, Las Palmas y San Pedro). MSU Energy tiene plantas en General Rojo y Barker (Buenos Aires) y en Villa María (Córdoba). Ambas pertenecen al Grupo MSU, que se dedica al agronegocio y a la producción de energía. La mayoría de sus centrales están judicializadas por litigios con los vecinos.
Se trata de una industria considerada insalubre que encontró un freno este lunes 21 en el Concejo Deliberante debido al repudio y la movilización popular. El Municipio tenía el proyecto en su poder desde octubre pasado, pero la ciudadanía denunció que no se había informado a vecinos ni a productores agropecuarios sobre su alcance, que no se habían realizado audiencias públicas y afirmaron que el estudio de impacto ambiental no contemplaba los efectos acumulativos ni regionales de contaminación.
El Concejo Deliberante debía definir el cambio de uso del suelo (de rural a industrial y de municipal a provincial) para permitir la instalación de las termoeléctricas, consideradas como una industria de categoría “Grado 3” (insalubres, incómodas y peligrosas según la Ley 11.459). La re categorización del suelo traería aparejadas otras complicaciones, ya que los vecinos no podrían hacer reclamos en el Municipio para que ejerza controles ante cualquier riesgo que pudiera suscitarse.
Sin embargo, la iniciativa - presentada por el intendente Fernando Raitelli (Unión por la Patria liderada por la ex presidente, Cristina Fernández) - no prosperó. La votación fue de siete votos en contra (de Juntos por el Cambio, la continuadora de Cambiemos), cinco a favor (de Unión por la Patria) y una abstención (de La Libertad Avanza). Fuera del Concejo se levantó una vigilia con 300 personas que se manifestaban contra las termoeléctricas.
Las termoeléctricas son industrias que producen electricidad a partir de la energía del gas natural, mediante el trabajo conjunto de turbinas de gas y de vapor. En el caso de la planta que se proyectaba en Brandsen, se proponía la combinación de gas y fueloil. Esta actividad genera contaminación sonora, del agua y del aire (por la emisión de gases cancerígenos). Tras el rechazo en Brandsen comenzó a circular la versión de que la planta podría instalarse cerca de La Plata.
Desde que la iniciativa tomó estado público, los vecinos se auto convocaron para manifestar su repudio. Con carteles en mano y volantes realizaron cortes parciales en la Ruta 2 para informar a la ciudadanía y reclamar al Concejo Deliberante su rechazo. El intendente Raitelli fue uno de los impulsores del proyecto y cuenta con cinco días para definir si veta o no la decisión del legislativo local.
