La causa del fentanilo adulterado por laboratorios de los ex presidiarios Ariel García Furfaro y su socio Jorge Salinas, empezó a recalentarse. No es que hayan apresado a los máximos responsables del ilícito, y de sus cómplices que los autorizaron a operar en el gobierno de los presidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández (la Justicia tiene sus tiempos, dicen), sino porque aparecieron dos novedades significativas que trascendieron en la prensa.
La primera: son 34 los muertos por haber usado el medicamento, y no 15 como se había informado a mediados de mayo último. La causa judicial por los masivos decesos la lleva adelante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. El crecimiento habla a las claras que el impacto de la contaminación provocada por los laboratorios de Furfaro y Salinas excede por mucho los cálculos iniciales.
La segunda: ayer García Furfaro “se acordó” que hay otros implicados en esta causa. Con tal sentido acusó al titular del Consejo Deliberante de San Nicolás, Andrés Quinteros, quien aparece en documentos oficiales como apoderado de Laboratorios Ramallo y como jefe de Productos Regulados de HLB Pharma. El viernes pasado, el diario El Norte de San Nicolás accedió a dos testimonios que señalan a Quinteros como el instigador de una trama por supuesto abuso sexual e incluso una instigación de homicidio.
En entrevistas pasadas García Furfaro, conocido por su vinculación con múltiples escándalos sanitarios y judiciales en las últimas dos décadas, admitió haber estado preso por “delitos menores”, aunque prefirió no brindar detalles al respecto. Actualmente, aunque no es un “delito menor” por el que se lo investiga, esta libre como las mariposas. En los últimos días cerraron uno de los negocios de García FUrfaro. El era accionista de IP Noticias, que suspendió sus envíos ayer. Según se anunció, volverá a ser gestionado por el Grupo Octubre vinculado al gremialista Víctor Santamaría.
El tema Laboratorio Apolo de Rosario en 2016, se lo investiga por una explosión en una planta del barrio La Tablada de Rosario, que causó graves daños materiales. La empresa, que producía suero fisiológico, se había declarado en quiebra dos meses antes del incidente. García Furfaro era uno de los principales accionistas junto su socio de siempre, Jorge Salinas. Ambos fueron procesados por el delito de “estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”, aunque posteriormente fueron sobreseídos tras acuerdos económicos con los damnificados.
El escándalo mayor llegó HLB Pharma Group y el caso del fentanilo contaminado con 34 muertos, adquirida en San Isidro 2017. Un mes atrás, ese laboratorio fue clausurado por la ANMAT tras detectarse que había distribuido fentanilo contaminado, lo que provocó al menos muertos en hospitales de La Plata y Rosario. La investigación reveló múltiples irregularidades, incluyendo fallas en la trazabilidad y la presencia de bacterias intrahospitalarias en la línea de producción. De igual modo ocurrió con Laboratorios Ramallo, clausurada por la ANMAT en 2025 debido a deficiencias críticas en sus procesos de producción, depósitos y control de calidad. Estas irregularidades comprometían la seguridad y eficacia de los productos elaborados.
García Furfaro participó en la distribución de la vacuna Sputnik V. Durante la pandemia de COVID-19, participó en la comitiva que viajó a Rusia para intermediar en la adquisición de la vacuna Sputnik V. Posteriormente fue apartado del proceso por el gobierno argentino, y no se escuchó más su nombre hasta la cuestión del fentanilo adulterado, con un creciente número de muertos.
