El Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR por sus siglas en inglés), que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, generó un intenso debate en Argentina, especialmente en el sector agro exportador, debido a la clasificación del país como de “riesgo estándar” en materia de deforestación. La UE es uno de los mayores consumidores mundiales de productos que causan desforestación: se estima que es responsable del 16% de la desforestación mundial asociada al comercio internacional de productos agrícolas. El objetivo es reducir el impacto ambiental y cumplir con los compromisos climáticos y de biodiversidad pero, en este caso, ("de paso cañazo") poner trabas a la importación de productos del campo argentino.
La medida, que exige a los exportadores de productos como la soja y la carne bovina demostrar que sus productos no provienen de tierras deforestadas después de 2020, fue recibida con críticas y reclamos por parte del gobierno y el sector privado argentino. La Comisión Europea, encargada de implementar el reglamento, pospuso la entrada en vigor de la normativa hasta 2026 tras presiones de países productores como Argentina y los del Mercosur, quienes consideran que la medida podría convertirse en una barrera comercial encubierta. Según el gobierno argentino, la calificación de “riesgo estándar” es injustificada, ya que el país cumple con estándares que lo posicionarían como de “riesgo bajo”. En un comunicado oficial, la Secretaría de Agricultura y la Cancillería expresaron su rechazo y solicitaron a la Comisión Europea reconsiderar esta clasificación antes de la fecha de implementación. También pidieron abrir un diálogo bilateral para abordar aspectos prácticos del reglamento.
El sector agroindustrial, representado por entidades como la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), ha calificado la normativa como “unilateral” y “excesiva”. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, destacó que Argentina cuenta con sistemas avanzados de trazabilidad, como la plataforma VISEC, que garantiza que la soja y la carne exportadas cumplen con estándares de sostenibilidad. Sin embargo, algunas entidades, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), han rechazado VISEC, argumentando que el reglamento europeo vulnera la soberanía nacional al imponer exigencias que no respetan la legislación local sobre bosques.
Por su parte, el gobierno argentino ve en la normativa tanto un desafío como una oportunidad. La Secretaría de Agricultura ha creado el Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales para facilitar la certificación de productos libres de deforestación, lo que podría fortalecer la posición de Argentina en el mercado europeo si se implementan sistemas de trazabilidad más rigurosos. Sin embargo, el sector productivo teme que los mayores costos operativos y la burocracia adicional afecten su competitividad en un mercado clave como el europeo.
Consecuencias de no cumplir con el reglamento europeo
Si Argentina no logra cumplir con las exigencias del EUDR, las exportaciones de soja, carne bovina y otros productos agrícolas al mercado europeo, que representa un destino clave para el país, podrían enfrentarse a restricciones significativas o incluso a una prohibición total. Esto implicaría una pérdida económica considerable, dado que la Unión Europea absorbe una parte importante de las exportaciones agroindustriales argentinas. Además, el incumplimiento podría dañar la reputación del país como proveedor confiable de productos sustentables, afectando su competitividad global. Los productores tendrían que asumir costos adicionales para implementar sistemas de trazabilidad más estrictos o enfrentar sanciones, lo que podría reducir los márgenes de ganancia y desincentivar la producción en ciertas regiones.
Alternativas de mercado para las exportaciones argentinas
En caso de no poder exportar a Europa, Argentina podría redirigir sus productos a mercados con regulaciones menos estrictas en materia de deforestación. Países como China, que es el principal comprador de soja argentina, India, y otras naciones del sudeste asiático, como Vietnam e Indonesia, representan destinos viables debido a su alta demanda de productos agroindustriales. Además, mercados en África, como Egipto y Argelia, han mostrado interés en la carne bovina y granos argentinos. Sin embargo, estos mercados suelen ofrecer precios más bajos que el europeo, lo que podría impactar negativamente en los ingresos por exportaciones. A largo plazo, diversificar los destinos de exportación y fortalecer acuerdos comerciales con países de Asia y África será crucial para mitigar el impacto de las restricciones europeas.
Mientras el debate continúa, el reglamento europeo ha reavivado la discusión sobre la sostenibilidad en la producción agropecuaria argentina. Si bien el país ha perdido más de 6 millones de hectáreas de bosques nativos entre 1998 y 2021, principalmente en la región chaqueña, los productores aseguran que la soja se concentra mayormente en la región pampeana, donde la presencia de bosques nativos es escasa. Este argumento, respaldado por estudios multidisciplinarios, será clave en las negociaciones con la UE para lograr una reclasificación como país de “riesgo bajo” antes de 2026.
La resolución de este conflicto será crucial para el futuro de las exportaciones argentinas, especialmente de la soja y la carne, que representan una parte significativa de la economía nacional. Mientras tanto, el gobierno y el sector privado trabajan en conjunto para adaptarse a las exigencias europeas, buscando convertir esta regulación en una oportunidad para posicionar a Argentina como líder en producción sustentable.
