La empresa norteamericana Atanor está envuelta en un nuevo escándalo de contaminación ambiental. Esta vez porque se detectó que viene manejando una bomba sumergida que evacua líquidos industriales contaminantes dentro del predio de la empresa. Un fallo judicial previo le prohibía esa práctica. Sin embargo, todo siguió como siempre, igual. Entonces las organizaciones Greenpeace y Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA) pidieron que el caso sea revisado y sancionado, al tratarse de un vuelco clandestino de efluentes industriales en la planta de San Nicolás, en violación a una orden judicial que prohibió expresamente a la empresa a esta práctica.
Atanor de San Nicolás, donde se producen herbicidas y productos agroquímicos, estuvo cerrada durante más de siete meses debido a otro incidente en marzo del año pasado que provocó una explosión y contaminación con una nube tóxica que afectó a los vecinos y obligó a cerrar las escuelas cercanas. La jueza Luciana Díaz Bancalari, autorizó la reapertura de la planta excepto el sector de síntesis química de atrazina, después de que la empresa implementó algunas medidas de seguridad ambiental.
Antes que eso, la empresa arrastraba un frondoso prontuario de acciones criminales. En la planta de Córdoba, fue acusada de verter desechos tóxicos (glifosato, endosulfán y otros) en canales pluviales y de contaminar el aire con emisiones peligrosas. En San Nicolás, la planta fue clausurada en 2016 por la emisión de gases tóxicos, vertidos de residuos industriales al río Paraná y afectación de barrios cercanos como Química y Las Mellizas. En 2019 la Cámara Federal de San Martín ratificó un procesamiento por contaminación. También la planta de Munro (Vicente Lopez) fue clausurada brevemente en 1997 por la emisión de gases tóxicos y emisiones contaminantes. En 2021 la empresa fue objeto de reclamos por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación que consideró insuficientes sus medidas de mitigación de daños ambientales. La lista sigue.
Ahora la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), que realizó una inspección en la planta de San Nicolás, detectó una bomba sumergida que evacuaba líquidos contaminantes al suelo dentro del predio de la empresa. Este sector se encuentra a metros de la barranca del río Paraná, por lo que la descarga representaría un nuevo riesgo de contaminación hídrica.
A raíz de este hecho, FOMEA solicitó a la jueza en la causa el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda el uso del recurso hídrico por parte de Atanor, hasta tanto se implemente un sistema que evite desvíos ilegales de efluentes.
Desde 1997 Atanor es una subsidiaria de una empresa de agroquímicos llamada Albaugh Netherlands B.V. con sede en Iowa (Estados Unidos). Hasta entonces pertenecía al grupo Bunge y Born. En 2014 la china Huapont Nutrichem adquirió el 20% de participación de la empresa de Estados Unidos. O sea que Atanor es 80% de los norteamericanos de Albaugh y en un 20% de los chinos. En Argentina tiene plantas en Pilar, San Nicolás, Baradero, Munro, Río Tercero y Lavallol, La firma no publica sus estados contables completos, pero fuentes especializadas estiman que factura unos 600 millones de dólares anuales.
Fabián Maggi, abogado representante de los vecinos de San Nicolás que lograron un fallo judicial en 2023 que compromete a Atanor a cumplir una serie de acciones de remediación ambiental, sostuvo: “Este caso refleja el accionar criminal de una empresa que no solo contamina, sino que además desafía las decisiones judiciales y pone en riesgo a comunidades enteras como una muestra de total desprecio por las leyes ambientales y la salud pública. Los funcionarios de la Autoridad del Agua declararon en audiencia judicial que no se puede garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir. Por eso, el Poder Judicial debe ordenar la inmediata clausura de esta industria que ya tiene una condena en Primera Instancia y fue ratificada por la Cámara de Apelaciones. Exigimos que se garanticen sanciones ejemplares, que se refuercen los controles estatales y que se actúe con la urgencia necesaria para proteger el río Paraná y los derechos de la población en riesgo”.
La jueza que lleva adelante la causa, encontró a Atanor culpable en 2023 de daño irreversible al Río Paraná. Entonces notificó a la Fiscalía General departamental y a la Fiscalía Federal para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos y personal de la empresa, en el marco del artículo 239 del Código Penal (desobediencia de orden judicial) y de la Ley de Residuos Peligrosos Nro.24.051. El expediente judicial aclara que Atanor solo contaba con autorización para volcar efluentes cloacales, no industriales.
Durante una audiencia con integrantes de la Autoridad del Agua de la provincia (ADA), quedó confirmado que la empresa utilizó una conexión clandestina para el vuelco de efluentes industriales, desviando el líquido a través de un ducto que debía estar inactivo y seco. Por ello, la jueza solicitó que se incorpore el incidente al expediente asociado a la medida cautelar de marzo 2024 que había frenado las actividades de Atanor y fue levantada en octubre. Además, exigió a la Autoridad del Agua un nuevo informe detallado que cuantifique el impacto ambiental de lo sucedido, incluyendo el tipo y volumen de líquidos volcados, las condiciones del suelo y los riesgos asociados.
Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina sostuvo: “Este vuelco clandestino confirma lo que venimos denunciando: Atanor opera con total impunidad, repite prácticas ilegales. Desobedece fallos judiciales y pone en riesgo al ambiente y salud de toda la población. No estamos ante un accidente, sino frente a un patrón sistemático de contaminación. Es urgente que la justicia actúe con firmeza y que el Estado garantice controles reales para que esto deje de ocurrir.”
