Mas vale tarde: Milei empezó a hacer gestiones para evitar que la CE trabe las exportaciones (¿llegará a tiempo?)

Sustentabilidad

El país se opone a una categorización, de riesgo medio o estándar de deforestación, que afectaría las exportaciones de carne, soja, y maderas entre otros productos. Pese a la mancha que tiene el historial del país en materia de desforestación (especialmente por lo que ocurre con el Gran Chaco) el viernes el gobierno presentó una carta formal de objeciones. De ese modo activó su estrategia para evitar que la norma frene las exportaciones del país. La ley exige garantizar a las empresas la legalidad de sus productos con el cumplimiento de normas de protección ambiental y su trazabilidad. Las empresas que no cumplan con los requisitos pueden tener una sanción de hasta al 4% del volumen de negocios neto, el decomiso de productos y la prohibición de actividades comerciales en la Unión Europea.

Hartos de saber que los países mas pobres desforestan sin pudor sus bosques, la Unión Europea implementará a partir del 30 de diciembre de este año (para grandes empresas) y el 30 de junio de 2026 (para pequeñas empresas) su reglamento contra la deforestación, conocido como EUDR (European Union Deforestation Regulation). Este reglamento (Nro 2023/115) sobre productos libres de desforestación prohíbe la importación y comercialización de productos que hayan contribuido a la deforestación o degradación de bosques después del 31 de diciembre de 2020.

La implementación de la EUDR representa un cambio significativo en el comercio exterior de Argentina y demás países en vía de desarrollo, donde el sector agropecuario y de materias primas juegan un rol fundamental en su economía, lo cual se traduce en un claro condicionamiento para las pequeñas y medianas empresas exportadoras, ya que el cumplimiento de la normativa impone costos más elevados.

La ley busca garantizar que los productos vendidos o exportados a la UE no provengan de tierras deforestadas o degradadas después de esa fecha. La normativa abarca una variedad de productos como como cacao, café, aceite de palma, caucho y sus derivados como cuero, chocolate y muebles, pero también carnes, soja, y maderas en general. A partir de 2026, las empresas argentinas que exporten a la UE deberán presentar información georreferenciada que demuestre que sus productos no provienen de áreas deforestadas después de 2020. Esto lógicamente generó preocupación en el sector agroexportador debido a los mayores costos operativos y la burocracia adicional que implica el cumplimiento de estas nuevas reglas.

Se trata de un plan para abordar la desforestación, esbozado por primera vez en la Comunicación de la Comisión de 2019 sobre la intensificación de la acción de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo, y posteriormente confirmando el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 y la Estrategia “de la granja a la mesa”.

Tres objetivos

Las nuevas reglas tienen básicamente tres objetivos:

  • evitar que los productos enumerados que los europeos compran, usan y consumen contribuyan a la deforestación y la degradación forestal en la UE y en todo el mundo
  • reducir las emisiones de carbono causadas por el consumo y la producción de los productos básicos pertinentes en la UE en al menos 32 millones de toneladas métricas al año.
  • Abordar toda la deforestación impulsada por la expansión agrícola para producir los productos básicos incluidos en el ámbito de aplicación del reglamento, así como la degradación forestal.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el país con la implementación del reglamento EUDR es que la mayor parte de exportaciones a la UE quedarán sujetas a controles ambientales estrictos. Entre los principales productos alcanzados por esta normativa, en una primera etapa, se destacan la carne, soja y madera. La Unión Europea es el 3º socio comercial más importante de Argentina (después de Brasil y China), representando el 12% del comercio total argentino en 2024. La principal exportación de Argentina hacia la UE es la harina de soja con un valor que alcanzó los 628 millones de dólares, la cual explica el 22% de las exportaciones totales a la Unión Europea. En tanto, Argentina exportó 49 mil toneladas de carne bovina a la Unión Europea por un total de u$s 479 millones, siendo el segundo destino de exportación detrás de China.

Lo viejo es nuevo

Las disposiciones del Reglamento sobre Productos Libres de Desforestación (EUDR por sus siglas en inglés) no son nuevas. Entraron en vigor el 29 de junio de 2023 en vistas de que la principal causa de la deforestación es la expansión de las tierras agrícolas vinculadas a la producción de productos básicos como ganado, madera, cacao, soja, aceite de palma, café, caucho y algunos de sus productos derivados, como cuero, chocolate, neumáticos o muebles. Como importante economía y consumidora de estos productos básicos vinculados a la deforestación y la degradación forestal, la UE es en parte responsable de este problema y se propone liderar su solución.

Según el Reglamento, cualquier operador o comerciante que introduzca estos productos en el mercado de la UE o los exporte, debe poder demostrar que los productos no proceden de tierras recientemente deforestadas ni han contribuido a la degradación forestal. El Reglamento sobre productos libres de deforestación deroga el Reglamento de la Madera de la UE (EUTR). Para los productos de madera producidos antes de la entrada en vigor del EUDR el 29 de junio de 2023, el EUTR seguirá aplicándose hasta el 31 de diciembre de 2027. Para otros productos y productos de madera producidos después de la entrada en vigor del EUDR, el EUTR quedará derogado cuando el EUDR entre en vigor.

En diciembre de 2024la Unión Europea concedió un período de aplicación gradual adicional de 12 meses, haciendo que la ley sea aplicable el 30 de diciembre de 2025 para las grandes y medianas empresas y el 30 de junio de 2026 para las micro y pequeñas empresas. Asi es como se llega a la actualidad Argentina.

Culpables, con los únicos culpables

La deforestación en Argentina es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, desplazamiento de comunidades indígenas y emisión de gases de efecto invernadero. Afecta sobre todo a la región del Gran Chaco, el segundo bosque más grande de Sudamérica. Desde 1998, Argentina perdió más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos. Entre 2007 y 2023 (tras la Ley de Bosques), se desmontaron más de 3 millones de hectáreas. Las provincias más afectadas: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa (representan el 80% del desmonte total del país). En este caso las principales causas son: la expansión agrícola (soja transgénica, maíz); la ganadería intensiva; la urbanización; los megaproyectos y la falta de controles de las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Existe una Ley de Bosques (N° 26.331) sancionada en 2007 para frenar el desmonte que exige un ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) y prohíbe desmontes en zonas de alto valor de conservación. Sin embargo, muchas provincias autorizaron desmontes ilegales, incluso en zonas protegidas (Categoría I y II). El resultado es la pérdida del hábitat para especies (como el yaguareté y el tatú carreta) la pérdida de tierras y medios de vida de las comunidades indígenas y campesinos.

Aún así debería tenerse en cuenta que tanto Argentina como América Latina son acreedores ambientales, es decir que absorben más carbono del que generan y que contribuyeron menos al cambio climático en comparación con las principales economías del mundo. La respuesta de nuestro país ante las exigencias, fue la presentación de un reclamo formal en la UE para solicitar la reclasificación del país “de riesgo medio” a “riesgo bajo”. Al tiempo que, el sector agroindustrial está invirtiendo en certificaciones ambientales e implementación de sistemas de trazabilidad georreferenciada. En mayo de 2024, Argentina exportó por primera vez en su historia carne bovina certificada libre de deforestación, con destino Alemania, principal comprador de carne argentina en la Unión Europea, resultado del trabajo conjunto entre el IPCVA, la Secretaría de Bioeconomía y el Senasa.