En una decisión que ha desatado una ola de críticas, la Legislatura de Río Negro aprobó el pasado 3 de julio, por mayoría oficialista, un nuevo régimen de gestión integral de fauna silvestre que autoriza la comercialización y exportación de especies nativas, así como su material genético, elimina el cuerpo de guardafaunas provinciales y transfiere competencias clave de protección ambiental al área de Desarrollo Económico.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, fue sancionada en una única sesión parlamentaria, sin espacios de consulta ciudadana ni debates técnicos ampliados, lo que ha generado fuertes cuestionamientos de sectores ecologistas, científicos y comunidades locales.
Una ley que mercantiliza la vida silvestre
El nuevo régimen reemplaza a la histórica Ley Q Nº 2056 de 1985, que durante décadas reguló la protección de la fauna en la provincia. Entre los puntos más polémicos del texto se encuentran:
Explotación económica de fauna silvestre: Se autoriza la comercialización de especies nativas, incluyendo el guanaco, el avestruz patagónico (ñandú), el pudú-pudú, la avutarda (choique) y especies endémicas como la mojarrita desnuda y la ranita de Challhuaco.
Comercialización de material genético: La ley habilita la venta de esperma y óvulos de estas especies, abriendo la puerta a un mercado biotecnológico sin claros mecanismos de regulación.
Eliminación de guardafaunas: Se suprime el cuerpo de guardafaunas provinciales, encargado de fiscalizar y proteger la biodiversidad en un territorio de 203.013 km².
Transferencia de competencias: Las responsabilidades de gestión de fauna pasan del área de Medio Ambiente al ámbito de Desarrollo Económico, priorizando un enfoque productivista.
Especies afectadas y su estado de conservación
La ley permite la caza y comercialización de varias especies nativas, muchas de las cuales enfrentan amenazas significativas. Entre las especies afectadas se encuentran:
Guanaco (Lama guanicoe): Aunque no está clasificado como en peligro de extinción, sus poblaciones han disminuido en algunas regiones debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Es una especie clave para los ecosistemas patagónicos.
Avestruz patagónico (ñandú, Rhea pennata): Catalogado como casi amenazado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), su población está en declive por la fragmentación de su hábitat y la caza.
Pudú-pudú (Pudu puda): Clasificado como vulnerable por la UICN, este pequeño ciervo enfrenta riesgos por la deforestación y la presión humana en su hábitat boscoso.
Avutarda (choique, Rhea pennata): Similar al ñandú, está en categoría casi amenazada, con poblaciones afectadas por actividades agropecuarias y urbanización.
Mojarrita desnuda (Gymnocharacinus bergii): Endémica de Río Negro, está catalogada como en peligro crítico debido a su distribución restringida y la degradación de los cuerpos de agua donde habita.
Ranita de Challhuaco (Atelognathus nitoi): También endémica, está clasificada como en peligro por la UICN, amenazada por la alteración de humedales y el cambio climático.
Organizaciones como la Fundación Humedales han calificado la ley como “un retroceso sin precedentes” que promueve la “mercantilización de la vida silvestre”. Según sus expertos, el modelo propuesto tiene paralelismos con prácticas de extracción de recursos naturales como el marfil en África, con graves consecuencias ecológicas y vacíos científicos en su diseño.
Consumo humano en poblaciones rurales
La ley no establece disposiciones claras para diferenciar entre la explotación comercial de fauna silvestre y el consumo humano tradicional practicado por comunidades mapuche-tehuelche y criollas rurales. Estas poblaciones han utilizado históricamente especies como el guanaco y el ñandú para autoconsumo, en prácticas sostenibles reguladas por saberes ancestrales. Sin embargo, el nuevo régimen no contempla excepciones ni salvaguardas específicas para estas comunidades, lo que podría limitar su acceso a recursos tradicionales al priorizar la comercialización a gran escala. “La captura de guanacos y avutardas para fines comerciales no es comparable con el»
System: autoconsumo de poblaciones rurales. Esta legislación ignora saberes ancestrales, agrava la pérdida de biodiversidad y vacía el rol del Estado como garante ambiental”, señalaron expertos independientes.
Fiscalización en crisis: pocos recursos para un vasto territorio
Durante las discusiones en comisiones legislativas, la diputada Magdalena Odarda (Vamos con Todos) expuso las limitaciones del sistema de fiscalización actual. Según datos oficiales, solo cinco agentes y tres vehículos están disponibles para controlar una superficie de más de 200.000 km², que incluye 14 cotos privados de caza. Muchos de estos cotos, ubicados en áreas sensibles como el Parque Nacional Nahuel Huapi o zonas de conflicto territorial con comunidades indígenas, ya enfrentaban cuestionamientos por su impacto ambiental y social.
Cotos de caza y conflictos territoriales
La ley también desdibuja las diferencias entre los cotos de caza con especies exóticas, como los operados por capitales de Emiratos Árabes Unidos en el Alto Chubut, y los criaderos de especies nativas, cuya regulación ahora queda más ambigua. Entre los cotos habilitados se encuentran:
Bariloche: FutannTüe, El Ñandú, El Cóndor, Río Villegas y Río Foyel.
Pilcaniyeu: Cerro David y Limay Sur.
Adolfo Alsina: Peumayén, El Porrón y Loma Blanca.
Conesa: San Benito.
Pichi Mahuida: El Águila y La Luna.
Avellaneda: La Celestina.
Estos espacios, muchos de los cuales se superponen con tierras reclamadas por comunidades mapuche-tehuelche, han sido objeto de controversia por la falta de consulta previa y planificación ambiental adecuada.
Voces críticas: un modelo neocolonial
Mientras a nivel global crece el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, esta ley apuesta por un modelo de libre mercado sobre la fauna silvestre, ignorando saberes ancestrales y los usos tradicionales de comunidades rurales y originarias. La comunidad científica también ha advertido sobre la falta de estudios de impacto ambiental que sustenten la explotación comercial de especies vulnerables. “No hay datos suficientes sobre poblaciones de fauna nativa ni sobre los efectos de su comercialización en los ecosistemas patagónicos. Esta ley parece responder más a intereses económicos que a criterios de sostenibilidad”, afirmó un biólogo de la Universidad Nacional de Comahue.
Un debate ausente
La aprobación en una sola vuelta legislativa, sin instancias de participación ciudadana ni consultas técnicas, ha sido uno de los aspectos más criticados. Organizaciones ambientalistas y comunidades mapuche-tehuelche han convocado a movilizaciones para exigir la derogación de la ley y la apertura de un diálogo inclusivo. Mientras tanto, el gobierno provincial defiende la norma como una oportunidad para el desarrollo económico, aunque sin detallar cómo se garantizará la conservación de la biodiversidad.
En un contexto de crisis climática global, la decisión de Río Negro marca un precedente preocupante, colocando en peligro las riquezas naturales del país
