Un explosivo informe respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió las alarmas: el auge global de la minería, impulsado por la creciente demanda de minerales esenciales para las tecnologías de energía limpia, pone en riesgo los objetivos de sostenibilidad si no se implementan controles más estrictos. Publicado ayer jueves por el Panel Internacional de Recursos (IRP) por sus siglas en inglés) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el informe titulado Financiación del suministro responsable de minerales de transición energética para el desarrollo sostenible revela datos impactantes y propone soluciones audaces para evitar un colapso ambiental y social.
La transición hacia energías limpias, impulsada por tecnologías como paneles solares, turbinas eólicas y baterías para vehículos eléctricos, depende de minerales críticos como el litio, el níquel, el cobalto, el grafito y las tierras raras. Sin embargo, la extracción de estos recursos está creciendo a un ritmo alarmante. Según el Panel Internacional de Recursos (IRP), en 2023 la demanda global de estos minerales aumentó entre un 8% y un 15% respecto al año anterior, con el litio liderando el crecimiento con un incremento del 12,5% en su demanda, seguido por el níquel (9,8%) y el cobalto (8,3%). La Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta que, para 2050, la demanda de litio podría multiplicarse por nueve respecto a los niveles de producción de 2023, pasando de 130.000 toneladas métricas a aproximadamente 1,17 millones de toneladas métricas anuales. Este crecimiento exponencial amenaza con colapsar ecosistemas frágiles y comunidades locales si no se implementan regulaciones estrictas. La minería, como sector, ya consume el 50% de las materias primas globales, un aumento significativo desde el 31% registrado en 1970. Este auge extractivo ha triplicado el consumo de recursos en las últimas cinco décadas, con una extracción global que alcanzó los 96.000 millones de toneladas en 2023, según el IRP. Este frenesí tiene un costo ambiental y social devastador: el 60% de las operaciones mineras a gran escala están vinculadas a la degradación de ecosistemas, mientras que el 35% de las minas operan en regiones donde se han reportado violaciones de derechos humanos, como desplazamientos forzados y condiciones laborales precarias. “La transición energética no puede construirse sobre la explotación y la destrucción”, advirtió Janez Potočnik, copresidente del IRP. “Necesitamos una industria minera que respete el medio ambiente y los derechos humanos, y eso solo será posible con una financiación responsable y regulaciones estrictas”.
Costos de la sostenibilidad
El informe del IRP, respaldado por datos de la AIE, estima que se requerirán inversiones acumuladas de 450.000 millones de dólares para 2030 y 800.000 millones de dólares para 2040 (equivalentes a 58.300 y 103.600 millones de chelines kenianos, respectivamente, al tipo de cambio actual) para garantizar el suministro de minerales críticos. Estas cifras representan un aumento del 25% respecto a las proyecciones de 2020, reflejo del crecimiento acelerado de la demanda. Sin embargo, adoptar estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) no tiene por qué ser prohibitivo: según una encuesta del IRP a 200 empresas mineras globales, el 75% estima que implementar prácticas ESG incrementaría sus costos operativos en menos del 25%, con un promedio de aumento del 18%. Además, un estudio del Banco Mundial sugiere que las prácticas sostenibles podrían reducir los costos a largo plazo en un 10-15% al minimizar conflictos sociales y sanciones ambientales. La huella de la minería es alarmante. En 2023, la extracción de minerales críticos generó el 16% de las emisiones globales de CO₂ del sector industrial, equivalente a 5,8 gigatoneladas de CO₂, según la AIE. Además, el 40% de las minas de litio y cobalto operan en regiones con estrés hídrico, consumiendo un promedio de 2,2 millones de litros de agua por tonelada de mineral extraído. En términos sociales, el 20% de las comunidades cercanas a operaciones mineras reportan impactos negativos en su salud, principalmente por contaminación de agua y suelo, según un informe de la ONU de 2024.
Propuestas audaces
El IRP no solo diagnostica el problema, sino que propone un plan de acción ambicioso con metas claras:
- Reciclaje como prioridad: Establecer metas globales para reciclar el 50% del litio, el 40% del níquel y el 30% del cobalto para 2035. En 2023, solo el 8% del litio y el 15% del níquel de baterías se reciclaban globalmente. El IRP propone financiar infraestructura de reciclaje con 10.000 millones de dólares en bonos verdes para 2030, lo que podría reducir la extracción primaria en un 20% para 2040.
- Diseño ecológico: Incentivar tecnologías que reduzcan el uso de minerales críticos en un 30% para 2040. Por ejemplo, las baterías de estado sólido podrían disminuir la demanda de cobalto en un 50% por unidad, según investigaciones del MIT.
- Prohibición en áreas protegidas: Vetar la minería en el 15% de las áreas de alto valor ecológico, que representan el 8% de la superficie terrestre global, para preservar la biodiversidad. Actualmente, el 7% de estas zonas ya enfrentan proyectos mineros.
- Auditorías rigurosas: Exigir que el 100% de las inversiones mineras cumplan con estándares ESG para 2030, con auditorías anuales que evalúen el impacto climático y social. En 2023, solo el 45% de las grandes mineras publicaron informes ESG verificados.
- Impuesto global a la minería: Implementar un impuesto del 0,1% a las empresas mineras, que podría generar 1.200 millones de dólares anuales para un Fondo de Desarrollo Minero Sostenible. Este fondo financiaría la restauración de ecosistemas (con un costo estimado de 500 millones de dólares al año) y programas sociales en comunidades mineras.
Un futuro sostenible
“La minería responsable debe convertirse en la norma, no en la excepción”, insistió Potočnik. Las instituciones financieras, añade el informe, deben alinear el 80% de sus carteras con objetivos climáticos y de biodiversidad para 2030, excluyendo a empresas que no cumplan con estándares ESG (actualmente, el 30% de las inversiones mineras globales no cumplen). Además, el IRP estima que un aumento del 15% en la financiación para tecnologías de reciclaje y diseño ecológico podría reducir la demanda de extracción primaria en un 25% para 2050. El informe del IRP no solo expone una realidad cruda, sino que traza un camino claro respaldado por datos: con 450.000 millones de dólares para 2030, regulaciones estrictas y un compromiso global con la sostenibilidad, el mundo puede evitar que la fiebre por los minerales críticos descarrile el sueño de un futuro verde. Sin embargo, el reloj avanza: solo el 22% de los países con depósitos significativos de minerales críticos tienen regulaciones ESG obligatorias en 2025. La pregunta sigue en pie: ¿están los gobiernos, las empresas y los inversores listos para actuar antes de que sea demasiado tarde?
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