Escándalo ambiental: basurales hediondos acechan las ciudades bonaerenses sin planes de remediación

Sustentabilidad

En el corazón de la provincia de Buenos Aires, un drama ambiental se desata a plena vista: varias decenas de basurales a cielo abierto emanan olores nauseabundos y tóxicos, ubicados alarmantemente cerca de barrios residenciales, escuelas y centros de poder municipal. Según un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense, los depósitos de residuos están, en promedio, a solo dos kilómetros de las zonas urbanas, tres kilómetros de la escuela más cercana y cuatro kilómetros del Palacio Municipal —y, por ende, de los bulliciosos centros comerciales— en las localidades afectadas. Esta proximidad no es casual: representa un riesgo inminente para la salud pública y un freno al desarrollo económico local.

La lista de municipios contaminados es extensa y abrumadora. Abarca desde 25 de Mayo hasta General Pinto, pasando por Bahía Blanca, Junín, Tandil y Zárate, entre otros como 9 de Julio, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Balcarce, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Patagones, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Dorrego, Daireaux, Dolores, Exaltación de la Cruz, General Alvear, General Belgrano, General Lamadrid, General Pueyrredón, General Villegas, González Chaves, Laprida, Las Flores, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Marcos Paz, Miramar, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pergamino, Pigüé, Pringles, Rojas, Saliquelló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Miguel del Monte, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tapalqué, Tornquist, Tres Arroyos, Vedia, Luján, San Cayetano, Tres Lomas, Ramallo, Monte Hermoso, General Arenales, Coronel Suárez, Cañuelas, Villa Gesell, La Costa, Baradero, Chacabuco, Mercedes, General Viamonte e Hipólito Yrigoyen. En total, se estiman entre 70 y 80 basurales activos en la provincia, un número que se eleva a 91 si incluimos el área metropolitana, según censos recientes.

Siete de cada diez

Lo más impactante: en siete de cada diez de estos sitios, las quemas constantes liberan nubes tóxicas que envenenan el aire, demostrando un estancamiento en la gestión de residuos. "Esto revela la ausencia de un cambio paradigmático: ver los residuos no como un problema ambiental, sino como una oportunidad económica al tratarlos como recursos reciclables", denuncia Guido Lorenzino, defensor del Pueblo bonaerense. En lugares como el basural de 25 de Mayo, colindante con el cementerio municipal, las incineraciones periódicas agravan la contaminación. En contraste, minoritarios ejemplos como Daireaux cuentan con plantas de tratamiento que evitan estas prácticas destructivas.

Pero los números económicos pintan un panorama aún más sombrío. La provincia genera anualmente cerca de 4.6 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, con más de un millón de toneladas destinadas directamente a estos basurales en los municipios evaluados —una cifra que representa alrededor del 25% del total nacional, donde Argentina produce 45 mil toneladas diarias. El costo ambiental y sanitario es colosal: los basurales liberan metano y contaminantes que afectan suelos, aguas subterráneas y la salud de miles, generando gastos en atención médica estimados en cientos de millones de pesos anuales por enfermedades respiratorias y contaminaciones. Remediar un solo basural puede demandar hasta 8 millones de pesos, y para el conjunto provincial, las proyecciones superan los 800 millones de pesos en inversiones iniciales, sin contar los costos operativos de consorcios regionales. A esto se suma el desperdicio económico: si se reciclase solo el 30% de estos residuos, podría generarse un valor agregado de miles de millones en industrias como el plástico y el papel, transformando un lastre en motor de empleo y sostenibilidad.

El interior bonaerense

A diferencia de los distritos metropolitanos gestionados por la Ceamse, donde existe una política estatal unificada, el interior bonaerense carece de un patrón común, dejando la solución fuera del alcance de presupuestos municipales limitados. "Eliminar estos basurales debe ser prioridad gubernamental", enfatiza Lorenzino, destacando que la falta de acción perpetúa un ciclo de contaminación y riesgos sanitarios para la población.

En respuesta, la Defensoría impulsa una plataforma interactiva para denuncias ciudadanas con fotos y videos, aiming a mapear en tiempo real estos focos de crisis. Mientras, el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Rodrigo Aybar, admite el "drama" de estos sitios y detalla avances lentos: un censo identificó 91 basurales, con trabajos de saneamiento en cuatro —San Vicente, Azul, Junín y Balcarce—. "Los municipios deben involucrarse en consorcios regionales para un destino sustentable", urge Aybar, en un llamado a la acción colectiva.

Este flagelo no solo huele mal: cuesta caro en salud, economía y futuro. ¿Hasta cuándo toleraremos esta bomba ambiental en nuestras puertas?

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