La Ley de Glaciares, que protege estos cuerpos de hielo y sus entornos como reservas vitales de agua, podría sufrir modificaciones significativas a principios de 2026, según revelaron fuentes oficiales. En el oficialismo, se reconoce que desde hace meses se escuchan los reclamos de provincias con fuerte vocación minera, como San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz, que demandan ajustes en la reglamentación para atraer mayores inversiones en el sector extractivo.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue contundente al respecto durante una reunión este lunes con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. “Es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación, estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar”, expresó Orrego, subrayando la necesidad de descentralizar el control ambiental para fomentar el desarrollo económico regional.
Según pudo saber este medio de fuentes cercanas al Gobierno, una fracción del oficialismo impulsa reformas a la normativa vigente, promulgada en 2010, que resguarda los glaciares y el ambiente periglacial como fuentes estratégicas de agua dulce, sitios de valor científico y atractivos turísticos. La ley actual prohíbe estrictamente actividades que podrían alterar estas zonas, tales como la minería, la exploración de hidrocarburos y la construcción de infraestructuras que impacten su condición natural.
El eje del reclamo provincial, potenciado por presiones de empresas mineras, radica en la revisión del concepto de periglaciar. “Modificar el concepto de periglaciar, que muchas veces perjudica hasta la posibilidad de explorar si un territorio tiene posibilidades de explotación”, explicaron desde el entorno gubernamental. Una fuente del Senado, al tanto de las demandas, agregó: “Hay mineras que no pueden seguir laburando porque están al lado de un periglaciar o de una zona que ya figura en el inventario de posibles periglaciares que se realizó junto con la ley”. Este inventario, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), ha sido clave para identificar y proteger áreas sensibles, pero ahora se percibe como un obstáculo para la expansión minera.
En este escenario, el Gobierno nacional busca tejer alianzas con sectores dialoguistas para presentar el proyecto en el Congreso con un respaldo sólido. “Se va a presentar a principios del año que viene porque es algo para lo que se necesita muchos consensos”, indicaron desde La Libertad Avanza (LLA), el espacio oficialista liderado por el presidente Javier Milei. La estrategia incluye activar negociaciones previas: Diego Santilli ya inició rondas con gobernadores, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, coordina encuentros con referentes del Senado para allanar el camino en la Cámara Alta.
Antes de avanzar con la reforma glaciar, el Ejecutivo priorizará otras agendas legislativas. Entre el 11 y el 31 de diciembre, durante sesiones extraordinarias, se tratará el Presupuesto 2026. Posteriormente, en febrero, el foco estará en la reforma laboral y tributaria, proyectos clave para el modelo económico del Gobierno. Para garantizar el desembarco exitoso de estas iniciativas en la Cámara de Diputados, se ha activado un plan de convencimiento que involucra a gobernadores y bloques opositores moderados.
Esta posible modificación a la Ley de Glaciares genera controversia en un contexto de crecientes tensiones entre desarrollo económico y preservación ambiental. Ambientalistas y científicos advierten que relajar las protecciones podría comprometer las reservas hídricas del país, especialmente en regiones andinas donde los glaciares son vitales ante el cambio climático. Por el contrario, las provincias mineras argumentan que la normativa actual frena inversiones millonarias, afectando empleo y crecimiento en economías locales dependientes de la extracción.
El debate promete intensificarse en los próximos meses, con el oficialismo apostando a un consenso multipartidario para evitar bloqueos en el Congreso. Mientras tanto, el Gobierno mantiene el foco en equilibrar las demandas provinciales con los compromisos ambientales, en un año que se perfila como pivotal para las reformas estructurales.
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