El satélite volvió a orbitar sobre el norte santiagueño con la precisión de un verdugo. Sus sensores térmicos, insensibles y exactos, marcaron otras 14.000 hectáreas arrancadas entre julio y septiembre. En lo que iba del año, la cifra ascendía a 45.000, un salto de 18 % respecto al mismo período de 2024 y el nivel más alto desde 2019. Pero esta vez, los números no caían solos como piedras mudas: traían nombres, sociedades, balances, accionistas, firmas, direcciones, dividendos. Un mapa económico del desmonte, valuado en más de 730 millones de dólares solo en 2025. Claro que los políticos de Santiago del Estero, no lo ven.
El informe—filtrado a redacciones y radios rurales como un incendio silencioso—listaba por primera vez las estructuras empresariales que reclamaban como propias esas heridas del monte chaqueño. Empresas ficticias para este relato, aunque verosímiles, aparecían como dueñas de tierras convertidas en polvo para alimentar cadenas globales de muebles, soja y ganadería intensiva.
Madera Dura del Norte
En Tintina, bajo una linterna parpadeante, Leda Martínez volvió a leer el documento. Allí, en negritas firmes como sentencias, aparecía Madera Dura del Norte S.A.: sede en Resistencia, más de 30.000 hectáreas intervenidas en dos décadas, una curva de deforestación que crecía a razón de 1.500 hectáreas anuales. Solo en octubre de 2025, arrasaron 3.000 hectáreas en Alberdi, donde los quebrachos centenarios tardan 300 años en alcanzar su altura definitiva y los guayacanes florecen apenas tres semanas por año. El directorio, liderado por un poderoso empresario forestal ficticio apodado “El Quiebracho”, gestionaba ganancias estimadas en 42 millones de dólares anuales, mientras las multas estatales promediaban apenas 10 dólares por hectárea, equivalentes al 0,03 % de sus ingresos. Un costo operativo menor que el combustible de una topadora.
No te olvides de Grupo Candido
Leda guardó el informe junto a una lista de firmas ciudadanas que ya ascendía a 267.000, un récord provincial. Recordó los antecedentes: gigantes ganaderos como el ficticio Grupo Canido, denunciado por perder 9.000 hectáreas en 2021 y otras 2.000 en el primer semestre de 2025, convertidas en pasturas para novillos destinados a un mercado chino que paga 5.200 dólares por tonelada de carne premium. El negocio del desmonte, calculado por especialistas, generaba 6.000 millones de dólares anuales, pero provocaba pérdidas ambientales equivalentes a 1.000 millones de dólares en emisiones y degradación de cuencas.
A su lado, los ficticios hermanos Fernández, desde Agroexpansión S.R.L., acumulaban ocho mil hectáreas desmontadas en zonas con restricciones judiciales. Ex políticos, expertos en trámites exprés, manejaban un imperio que crecía al 7 % anual, impulsado por capitales mixtos y créditos blandos de bancos regionales.
Benítez Hnos.
Más al norte, en El Sauzalito, Rosa Gómez miraba el silencio devastado donde antes se levantaba su algarrobalar. Allí aparecía otro cartel: Benítez Hnos. S.A.
Desde 2008 habían adquirido 20.000 hectáreas, y solo entre mayo y octubre de 2025 arrasaron 1.500 más, impulsados por una soja transgénica que alcanzaba picos de USD 580 la tonelada en los mercados globales. El patriarca ficticio, Don Eusebio, manejaba el negocio como un general en su puesto de comando, mientras sus herederos recorrían los lotes en avionetas que consumían 120 litros de combustible por hora, un costo ridículo frente a las ganancias de la campaña.
Capitales globales
El informe ampliaba la escala: fondos europeos como European Agro Fund—nombre ficticio para este relato—controlaban 10.000 hectáreas en Santiago del Estero mediante sociedades pantalla. En Chaco, conglomerados agroindustriales renacidos mantenían 7.000 hectáreas deforestadas desde 2020, con movimientos financieros que superaban los USD 95 millones en cinco años.
Las autorizaciones estatales—“manejos silvopastoriles”, “aprovechamientos controlados”, “planes integrales”—ocultaban mecanismos de excepción que crecieron 32 % desde 2021. Un esquema perfecto de puertas giratorias, subsidios mal auditados y silencios pagados.
El costo humano
Rosa se detuvo frente al tocón quemado de un algarrobo que su abuela usaba para preparar remedios. Desde 2008, la región había perdido cerca de 1,3 millones de hectáreas, equivalentes a 66 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
La deforestación ilegal era una maquinaria que empujaba a miles de familias a cinturones urbanos precarios: solo entre 2015 y 2024, más de 38.000 desplazados ambientales fueron registrados en Chaco y Santiago del Estero.
Cada hectárea derribada era un número en la balanza global: madera, carne, soja, seis mil millones de dólares exportados, mil millones evaporados en ecosistemas colapsados, y un futuro hipotecado en silencio.
El juramento
Esa noche, bajo un algarrobo que resistía como un animal herido, Leda y Rosa volvieron a encontrarse. Repitieron los nombres del informe ficticio como un conjuro oscuro. —No son dueños —dijo Leda—. Son administradores de un saqueo con papeles.
Rosa asintió. Sabían que el monte no muere solo: muere cuando se lo nombra tarde.
Y ellas estaban listas para nombrarlo a tiempo.
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