En un escenario de tensión ambiental creciente, vecinos de la Costa de Oro no descartan recurrir a la justicia para frenar un ambicioso proyecto inmobiliario que rodea la Laguna del Cisne, la única fuente natural de agua potable en Canelones que abastece a miles de hogares. Expertos advierten sobre contaminación irreversible y presiones acumulativas, mientras los promotores insisten en que no necesitan permisos ambientales. Este conflicto resalta la urgencia de proteger recursos hídricos vulnerables en Uruguay, en medio de debates sobre desarrollo sostenible y greenwashing.
Un verde inmenso con cabalgatas al viento y noches estrelladas: así promociona el Grupo Laguna su iniciativa de 72 chacras de lujo en 300 hectáreas alrededor de la Laguna del Cisne. El proyecto promete instalaciones deportivas, muelles, piscinas y vigilancia perimetral, posicionándose como guardianes de un área protegida. Sin embargo, esta visión idílica choca con la realidad de una laguna que, desde 1970, suministra agua potable a aproximadamente 78.000 personas en la Costa de Oro, pero que sufre contaminación histórica por agroquímicos, sedimentos y cambios en el uso del suelo.
La Comisión en Defensa de la Cuenca de la Laguna del Cisne y el Yasyry, integrada por vecinos organizados, denuncia que el emprendimiento representa una amenaza directa a la principal fuente de abastecimiento. "Es incompatible con la normativa y carece de Autorización Ambiental Previa", afirman, acusando a los privados de emplear estrategias de lavado verde para legitimar el proyecto. Han presentado denuncias ante el Ministerio de Ambiente, la Intendencia de Canelones y la Institución Nacional de Derechos Humanos, y evalúan acciones judiciales con el apoyo del abogado Juan Ceretta de la Universidad de la República.
Informes oficiales del Ministerio de Ambiente respaldan las preocupaciones. Un documento técnico de la División de Cuencas y Acuíferos, fechado el 20 de marzo de 2025, alerta sobre presiones críticas como elevados nutrientes, trazas de agroquímicos en peces y sedimentos, y la pérdida de servicios ecosistémicos. "Es necesario no seguir presionando aún más la principal fuente de abastecimiento de la Costa de Oro", enfatiza el informe, destacando riesgos como vertidos de aguas residuales y sobreexplotación del acuífero. Otro reporte de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), del 26 de agosto, confirma que el predio está cercado y publicitado como reserva de chacras, pero sin autorizaciones ambientales. Como resultado, se ordenó el cese de actividades de urbanización.
Desde la perspectiva de los promotores, Pablo Bidegain, inversionista y desarrollador, defiende el proyecto como un acto de cuidado ambiental. "Cuando compré el campo, era un basural; lo limpiamos a pulmón", relata. Niega que sea una urbanización cerrada, insistiendo en que son chacras rurales aprobadas por la Intendencia y sin necesidad de permisos adicionales del Ministerio de Ambiente. "Ese lugar nunca fue de todos; era privado", argumenta, reconociendo la remoción de un muelle construido sin autorización en suelo rural natural. Bidegain, quien planea vivir allí, prioriza el medioambiente sobre el lucro y acusa a inspectores de motivaciones políticas.
Vecinos como Pau Padrón, Lorena Jesús y Florencia Beder –esta última magíster en Ordenamiento Territorial– contraponen esta narrativa. "Hay una estrategia de marketing verde; ya afectaron el ambiente con infraestructuras en áreas sensibles", denuncia Padrón. Beder resalta la vulnerabilidad extrema de la laguna, agravada por el abandono de medidas cautelares contra plaguicidas. "Ningún uso del suelo que la afecte debería ser admisible", enfatiza Jesús, lamentando la falta de participación real en la Comisión de Cuenca. El grupo advierte sobre impactos como pérdida de biodiversidad, eutrofización con cianobacterias y segregación territorial, reclamando acceso público a la laguna como bien común.
Este caso no es aislado: el Grupo Laguna impulsa proyectos similares cerca de Laguna de Rocha, La Paloma y Cabo Polonio, en zonas de alto valor paisajístico. Mientras el Ministerio de Ambiente trabaja en un Plan de Cuenca, el conflicto evidencia tensiones entre desarrollo inmobiliario y protección ambiental. Vecinos insisten: "La preservación del agua es primordial; no permitiremos que un grupo minoritario la ponga en riesgo".
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