En un precedente ambiental clave, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado el cobro a empresas que descargan aguas residuales contaminantes en ríos, incluso sin medición directa. Este fallo histórico sobre contaminación de ríos en México, derechos por descargas residuales y ley federal ambiental, fortalece el principio de "quien contamina paga" y promueve la instalación de medidores para un control más estricto, beneficiando la calidad del agua y el derecho a un medio ambiente sano.
La resolución, emitida el 15 de enero durante una sesión del Pleno de la SCJN, surge de un amparo en revisión promovido por una empresa de la industria del acero que cuestionaba la constitucionalidad de los artículos 277-A y 277-B de la Ley Federal de Derechos. La Corte, presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, determinó que el cálculo basado en un promedio de las descargas de los últimos cuatro trimestres es razonable y proporcional, rechazando argumentos de arbitrariedad. "Estas reglas brindan certeza jurídica a las empresas, buscan que quien contamina pague y contribuyen a proteger el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano", destaca el comunicado oficial de la SCJN.
Este fallo no solo resuelve un conflicto fiscal, sino que marca un hito en la protección ambiental en México, donde la contaminación de ríos por descargas industriales es un problema recurrente que afecta comunidades y ecosistemas. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y organizaciones como Greenpeace, más del 58% de las aguas superficiales monitoreadas presentan algún grado de contaminación, con las descargas industriales generando hasta un 340% más polución que las aguas residuales municipales. Entre los ríos más afectados por esta problemática se encuentran el Río Lerma-Santiago, que atraviesa estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán, contaminado por metales pesados y residuos orgánicos de industrias y granjas; el Río Atoyac en Puebla y Tlaxcala, impactado por descargas textiles y químicas con altas concentraciones de cromo, plomo y colorantes; y el Río Tula, que recibe efluentes industriales y urbanos. Otros casos graves incluyen el Río Coatzacoalcos en Veracruz, degradado por la industria petroquímica, y el Río Tijuana, que transporta aguas residuales y toxinas transfronterizas, liberando incluso gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno. Estos ríos emblemáticos ilustran la urgencia de medidas como las avaladas por la SCJN, ya que su contaminación no solo daña ecosistemas acuáticos, sino que genera riesgos para la salud pública, como enfermedades respiratorias y cáncer, en comunidades aledañas.
Al incentivar la instalación de medidores, la decisión impulsa una mayor vigilancia ambiental y responsabilidad corporativa, sin impactar a personas físicas que usan el agua para consumo personal o doméstico. Expertos en derecho ambiental señalan que este precedente podría extenderse a otros casos de contaminación hídrica, fortaleciendo la lucha contra la degradación de cuerpos de agua en un país con crecientes desafíos ecológicos.
La medida se alinea con esfuerzos nacionales para garantizar agua limpia y sostenible, beneficiando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de ríos para su subsistencia. En un contexto de crisis climática global, este fallo de la Suprema Corte envía un mensaje claro: la responsabilidad ambiental no es opcional, y las industrias deben asumir el costo de sus impactos.
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