Seis empresas que arrojan sus efluentes tóxicos al arroyo Saladillo quedaron autorizadas a seguir para adelante con lo suyo, hasta que les llegue un plan de saneamiento estatal
La jueza del Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la 13° Nominación de Rosario, Verónica Gotlieb ordenó a seis empresas, con plantas instaladas en las orillas del arroyo Saladillo y la reserva hídrica ecológica “Villa Gobernador Gálvez” que adecuen sus procesos de gestión de efluentes a la legislación vigente.
Esa es la pena que dispuso la magistrada en respuesta a una demanda civil elevada por la Fiscalía Extrapenal de Rosario. Se trata de firmas instaladas en el polo industrial de Villa Gobernador Gálvez que, de acuerdo a la presentación de la fiscalía, contaminan sin pudor, vertiendo en el arroyo sus residuos químicos sin el apropiado tratamiento.
El arroyo Saladillo nace en un área al nor-noreste de la localidad de Venado Tuerto y al oeste de Firmat, conocida como “Bajo de los Leones”. Constituye un conjunto de bajos inundables que recogen el agua de lluvia y la conducen a través de la cañada Maldonado aguas abajo, por medio del resto de su curso que a partir de ésta se define como un cauce, en realidad de origen antrópico por estar en gran parte canalizado. A lo largo de sus casi 200 Km de extensión, atraviesa una zona actualmente dominada por el cultivo, predominantemente de soja, aunque en ciertas áreas se desarrolla la ganadería.
La jueza determinó, palabras más o menos, que los demandados pueden seguir haciendo de las suyas tranquilamente, mientras que se adecúan a la legislación vigente, con la condición de recomponer “algún día” (sin fecha) el medio ambiente dañado. Para eso el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático debe presentar un plan de saneamiento en 180 días, y la Municipalidad debe encargarse de la tutela de la reserva hídrica.
Según el fallo de la jueza “considero que, sin ley expresa que lo autorice, no luce atendible receptar el rubro punitivo peticionado. Tampoco se torna procedente recurrir a sanciones económicas contra las demandadas previstas en el acuerdo Escazú por defecto de petición en su instancia procesal oportuna. Tal juicio negativo a la recepción de la medida punitiva solicitada no desconoce que la materia deviene opinable. Por ello habrá de distribuirse las costas en el orden causado”, consignó.
La investigación del fiscal se inició a partir de una publicación periodística titulada “Espuma, olor y náuseas: así contaminan la reserva natural de Villa Gobernador Gálvez”. Los líquidos no solo se perciben por el olfato, sino también por una copiosa espuma blanca que ahora caracteriza el arroyo, coloreada de tanto en tanto por pinturas y tintes de diferentes tonalidades. Obviamente que esa anomalía afecta a la fauna y flora, lo cual fue denunciado por el guarda fauna del lugar ante la Municipalidad de Villa Gobernador Galvez.
Las empresas pertenecen a la industria química, frigorífica, alimenticia y de residuos cloacales. Sus nombres:
- la procesadora de subproductos de origen animal Euro SA, dedicada al procesamiento de tripa vacuna lavada y, “Aquiles” que fabrica alimentos para perros;
- la elaboradora de químicos para el hogar y la industria Total Química,
- la productora de tripas lavadas bovinas, porcinas y ovinas Shorton Argentina SRL,
- el frigorífico Mattievich SA junto a la firma Subproductos Ganaderos Rosario,
- la firma Baños Químicos, y sus dueños, Sebastián Peralta y Mauro Michelotti, y,
- las fábricas de envases plásticos Reciclar SRL o Reciclarte SRL.
Gracias a ellas, el arroyo tiene un valor elevado de “bacterias coliformes, que permite tener una idea de contaminación con exceso de materia orgánica; lo que concluye representa un riesgo para la salud de quienes consuman peces del arroyo, naden en sus aguaso, incluso simplemente pasen cerca”. Es decir que los dueños de esas empresas “no se privaron de nada” para contaminar. Ahora la jueza les “impartió justicia”: curioso.
