Luego de una década de pesquisas y trámites burocráticos, los directivos de Comarsa fueron acusados de derramar residuos de YPF sin tratamiento y de falsear balances.
La Justicia argentina tardó diez años: diez años de denuncias, allanamientos y negociaciones con la firma Comarsa (Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A.), para que finalmente el fiscal jefe de Delitos Ambientales de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, presentara una acusación concreta contra los jerarcas de la firma por contaminar sin pudor. Según la Fiscalía la empresa acopió y abandonó residuos patagónicos, especialmente de YPF, desde el 2014 sin tratarlos. La empresa argumentaba que los trataba y, de esta manera, generaba ganancias y dejaba un pasivo ambiental de envergadura en la planta de Parque Industrial de Neuquén Oeste (PINO) en la capital provincial. Según el fiscal, “se necesitarían 10.000 camiones para remover las montañas de basura petrolera sin tratamiento” acumulada a cielo abierto. Fueron necesarios diez años de trámites y denuncias, para que la Justicia “vea” este desastre, exagerando groseramente el refrán de que “la justicia demora, pero llega”.
Si bien por el momento los imputados fueron tres, el fiscal Maximiliano Breid Obeid dijo que seguramente la medida se amplíe dada la complejidad de los delitos que implican, fundamentalmente con funcionarios gubernamentales que operaron en connivencia para que esto se pueda llevar adelante. Los accionistas y demás funcionarios responsables están siendo jaqueados por políticos, ambientalistas, organizaciones de derechos humanos y comunidades con denuncias de contaminación. Se trata de una firma de los empresarios Juan Manuel Luis y del empresario neuquino Claudio Urcera, famoso en la farándula por ser el suegro de la modelo Nicole Neumann.
Algunos dirigentes políticos, como los peronistas que apoyaron al gobernador electo Rolando Figueroa (Frente Popular Neuquino), tales como Marcelo Zúñiga o Soledad Martínez, habían presentado solicitudes de informes sobre los derrames de Comarsa cuando representaban a la oposición en marzo del año pasado. En rueda de prensa los referentes calificaron a la situación “como una gran irresponsabilidad, dado que Comarsa es un basurero petrolero que ha constituido el desastre ambiental más importante de la ciudad de Neuquén y se viene denunciando desde hace muchos años con pedidos de intervención hasta en la Justicia”. El actual secretario de Ambiente, Santiago Nogueira, designado por el Gobierno actual, había señalado que allí se alojaban hasta hace poco 300.000 metros cúbicos de residuos petroleros sin tratar y “nunca se cumplieron los planes anunciados de cierre, de biorremediación, ni de traslado de residuos -sin tratar- a disposición final, lo que también era igualmente una barbaridad”. Destacó que “Comarsa es una larga historia de mentiras, complicidades, e incumplimientos”.
A lo largo de toda una década, la Justicia realizó varias inspecciones para recolectar y analizar muestras de aguas y suelo, y detectar la falta de respeto a las medidas de seguridad ambiental. La fiscalía valúo preliminarmente que el pasivo ambiental que legó Comarsa supera los 7,35 millones de dólares. La causa está centrada en la planta que tiene la empresa en la ciudad de Neuquén a 2,5 kilómetros del pueblo Unión de Mayo (no en la que posee en la localidad de Añelo (Neuquén), que espera su turno en el corazón de Vaca Muerta). Por ahora los imputados son Juan Manuel Luis (fundador y director de la firma), Héctor Basilotta (directivo) como coautores de contaminación peligrosa en concurso real y administración fraudulenta. También la medida se extendió a Federico Ponce (gerente general) quien fue acusado de los mismos delitos en carácter de partícipe necesario. El juzgado de Neuquén dispuso embargos a la empresa, a las cuentas personales de los acusados y una prohibición para salir del país. Pero el fiscal adelantó que prevé “ampliar la imputación” a más personas.
Según la fiscalía uno de los dueños de Comarsa, Juan Manuel Luis, entre 2006 y 2007 se hizo de 2,3 millones de dólares en concepto de ganancias y honorarios. Según la exposición, las montañas de barro de Comarsa poseen hidrocarburos totales de petróleo, que contienen compuestos volátiles y altamente tóxicos, entre los cuales se pueden mencionar los BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) y HAPS (Hidrocarburos aromáticos policíclicos, como naftaleno, fluoreno, fenantreno) y metales pesados como plomo, bario y mercurio, entre otros. La empresa recibió estos residuos por encima de su capacidad de tratamiento, lo que generó que el acopio en el predio se incremente año a año. Paralelamente, la empresa emitió a YPF certificados de tratamientos de esos residuos y cobró a sus clientes por tratamientos que, según la fiscalía, nunca realizó. Esta maniobra les permitió disimular la situación real de la empresa para continuar recibiendo residuos peligrosos, mantener los contratos y justificar ganancias y entorpecer las labores de contralor.
