La minería en Madre de Dios está acabando con los bosques. Un reciente reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés) indica que entre 2021 y setiembre de 2023 se deforestaron 23 881 hectáreas. Esta cifra equivale a más de 43 mil canchas de fútbol o seis veces el distrito limeño de Chorrillos.
Lo que llama la atención de los expertos es que si se comparan estos resultados con el reporte previo, la cifra actual supera en 5460 hectáreas lo contabilizado para el período del 2021 al 2022.
La mayor parte de la deforestación reciente se concentra en la Zona de pequeña minería y minería artesanal de Madre Dios, área conocida también como el ‘corredor minero’. En ese sector de casi medio millón de hectáreas se han deforestado 18 174 hectáreas en los últimos tres años. Las 5707 hectáreas restantes perdidas se atribuyen al avance desmedido de la minería ilegal que ha penetrado los territorios de por lo menos diez comunidades indígenas y las zonas de amortiguamiento de tres áreas naturales protegidas.
Minería ilegal en áreas protegidas y territorios indígenas
Los datos de MAAP indican que la minería ilegal en las comunidades indígenas ha arrasado con 3406 hectáreas en estos tres años. La más afectada es Barranco Chico que ha perdido 891 hectáreas entre 2021 y 2023. En la lista le sigue San José de Karene con una deforestación de 744 hectáreas y Tres Islas con 645 hectáreas. Kotsimba registra 208 hectáreas de pérdida de bosque; mientras que Puerto Luz y Boca Inambari tienen 207 hectáreas deforestadas cada una.
“La minería en Madre de Dios sigue avanzando, incluso, después de las interdicciones, los mineros ilegales han huido hacia las comunidades indígenas y hacia algunas áreas naturales protegidas. Es sumamente preocupante”, dice Julio Cusurichi, líder indígena shipibo de Madre de Dios y tesorero de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Cusurichi señala que personas ajenas a las comunidades nativas ingresan a los territorios indígenas para realizar actividades mineras ilegales. Precisa que los territorios indígenas están excluidos del corredor minero y, por lo tanto, la minería en estas zonas es completamente ilegal.
MAAP también identificó, entre 2021 y 2023, la deforestación causada por la actividad minera en zonas de amortiguamiento de tres áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional de Tambopata perdió 421 hectáreas, el Parque Nacional Bahuaja Sonene en total 40 hectáreas deforestadas y la Reserva Comunal Amarakaeri alcanzó las 119 hectáreas perdidas. El reporte también indica que dentro de estas áreas protegidas la minería ha sido controlada.
Sidney Novoa, director SIG y Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica (ACCA), menciona que la deforestación continúa en las comunidades nativas y que cerca de 3000 mineros se han instalado nuevamente en La Pampa, un sector de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata donde se concentra gran parte de la minería ilegal de la región y que fue desalojada en febrero de 2019 durante la Operación Mercurio.
“Ha habido incremento de 400% de mineros ilegales y de infraestructura minera en La Pampa”, señala Novoa, en referencia a un anterior reporte de MAAP que daba cuenta del retorno de la minería aurífera ilegal en zonas degradadas de La Pampa.
El informe de MAAP precisa que en el año 2021, tras el fin de la Operación Mercurio y el inicio del Plan Restauración, se identificaron 148 dragas en espacios degradados. Sin embargo, dos años después, en agosto de 2023, se encontraron 598 dragas.
Matt Finer, investigador principal y director de MAAP, señala que en La Pampa se ha dado “un gran aumento en la actividad minera en áreas ya deforestadas por minería; mientras que en el corredor minero el incremento de la actividad minera se está dando en bosques primarios, causando nueva deforestación”.
Cambios en la legislación
“Es importante que desde el Estado se reporte de forma clara y completa la información sobre la situación de la minería, pues es el inicio de cualquier estrategia. La población y las entidades estatales deben tener información oficial oportuna del problema para que se tomen las decisiones que correspondan”, señala Mariano Castro, director del Programa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) Perú.
Lo que sucede en Madre de Dios es muy grave, explica Castro, aludiendo al 400% más de infraestructura para la minería ilegal detectada en La Pampa. “Esto revela no solo ausencia de información sino ausencia de control y de presencia del Estado, además de las amenazas al ambiente, a la salud y al conjunto de actividades que se desarrollan en Madre de Dios”.
Castro también cuestiona el proyecto de ley que propone establecer nuevas condiciones para el acceso al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y un nuevo plazo de inscripción en este, iniciativa que se encuentra actualmente en la agenda del Pleno del Congreso de la República.
La propuesta presentada por los grupos parlamentarios Avanza País, Perú Bicentenario y Acción Popular plantea reabrir la inscripción de mineros informales en el Reinfo. Esto para los expertos significaría un gran retroceso, considerando que la ley para la formalización minera vigente tiene como plazo el 2024 para finalizar el proceso con los mineros actualmente inscritos en el Reinfo. De aprobarse la polémica propuesta de ley, se permitirían nuevas inscripciones y se avalaría la extensión de los plazos del proceso de formalización.
“Esta iniciativa legislativa propone que la inscripción para el Reinfo sea de carácter permanente, lo que significaría que no haya ni metas ni plazos en el proceso de formalización minera y que no se asegure que dejen de usar mercurio. Pretenden habilitar una actividad que causa daño y eso es inconstitucional y carente de toda ética”, señala Castro.
Martín Arana, especialista de la Iniciativa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación del Desarrollo Sostenible (FCDS) Perú, menciona que “el Reinfo se utiliza claramente para encubrir y proteger actividades de minería ilegal”, y que existen diversas modalidades para hacerlo.
Una de ellas, por ejemplo, era operar utilizando el documento de inscripción en el Reinfo en una zona sin ningún título minero. “Uno de los temas pendientes es el depuramiento y fiscalización del Reinfo. Todas las inscripciones de operaciones inexistentes se deberían eliminar”, dice Arana.
En el caso de María de Dios —continúa Arana— se estableció una zona específica para el desarrollo de la actividad minera, el llamado corredor minero, y todo lo que estaba fuera de este espacio está prohibido para la minería, excepto los derechos preexistentes, es decir, aquellas concesiones mineras que fueron otorgadas antes de la definición de esta zona de exclusión. Sin embargo —explica— en algunas comunidades nativas existían títulos mineros que fueron otorgados antes de establecerse el corredor y por eso hay registros de formalización dentro de territorios indígenas. “Tener un plazo indefinido o un proceso completamente abierto no facilita la lucha contra la minería ilegal”.
