El sábado 29 de marzo una multitud de vecinos de Brandsen (al sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires) y de localidades aledañas, se congregó en la Plaza Las Malvinas para manifestarse en contra de la construcción de una central termoeléctrica en el kilómetro 49 de la Ruta 2. La obra, que sería desarrollada por capitales chinos, suscitó una creciente alarma por sus potenciales efectos adversos sobre la salud y el medioambiente.
“Nos quieren enfermos, sin agua y rodeados de contaminación. No vamos a permitirlo”, expresaron con firmeza los integrantes de Vecinos Unidos por Brandsen, quienes se oponen a este proyecto que, según ellos, podría incrementar enfermedades respiratorias, inmunológicas y cáncer en un radio de hasta 100 kilómetros. Las comunidades más cercanas, como Las Golondrinas, Las Calandrias y Gómez, se encuentran a menos de dos kilómetros del sitio propuesto para la planta, lo que intensifica las preocupaciones de los residentes.
Las localidades afectadas por este proyecto incluyen Abasto, Olmos, Berisso, Ensenada, Florencio Varela, Hudson, El Pato, Guernica, entre otras. Expertos advierten que la cercanía a zonas urbanas y rurales aumenta los riesgos sanitarios y ecológicos, ya que la concentración de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno en el aire podría derivar en problemas respiratorios y cardiovasculares, afectando especialmente a niños y adultos mayores.
Un aspecto crítico de la situación es la proximidad de la Escuela Rural N° 11, cuyos alumnos estarían expuestos a la contaminación sonora y ambiental generada por la central. La planta está a cargo de la empresa china SCC Power, controlada por MSU Energy Holding Ltd (de origen inglés), cuyo propietario, Manuel Santos Uribelarrea, es conocido por su influencia en el sector agroindustrial argentino. Cabe recordar que MSU Energy ya había intentado establecer una central similar en Pilar, pero el proyecto fue desmantelado por orden de la Corte Suprema debido a su alto impacto contaminante y los problemas de salud reportados por los vecinos.
Uno de los puntos más alarmantes es el uso proyectado de millones de litros de agua potable al día para el funcionamiento de la planta, una demanda equivalente al consumo diario de una ciudad con un millón de habitantes. Además, el agua residual contaminada sería vertida en el Arroyo San Luis, un humedal protegido por la Ordenanza N° 1236, lo que podría causar un grave impacto ecológico y amenazar la biodiversidad y la producción agropecuaria de la región.
La preocupación ha llegado al Concejo Deliberante de La Plata, donde la oposición ha presentado un pedido de informes para que el Ejecutivo Municipal evalúe los impactos ambientales y sanitarios de la planta. Sin embargo, los vecinos denuncian que el proceso de aprobación ha sido apresurado y carece de estudios de impacto ambiental detallados. “Nos vendieron esto como un progreso, pero es un retroceso. No hay control, no hay garantías, solo negocios”, afirmaron los manifestantes.
Mientras la construcción de la termoeléctrica avanza, las protestas continúan en aumento y la comunidad exige respuestas claras de las autoridades. La movilización del sábado se perfila como un momento clave para visibilizar el reclamo y definir los próximos pasos en la lucha contra un proyecto que amenaza la salud y el entorno de miles de personas.
Un dato no menor es que la empresa SCC Power, responsable de la central, tuvo que cerrar una planta que tiene en Pilar, tras múltiples reclamos de vecinos y ambientalistas.
Desde su instalación en 2017, la planta enfrentó el rechazo de distintos sectores vecinales, como también de los municipios de Pilar y Escobar. Producto de las luchas vecinales y distintas resoluciones judiciales, en 2022, la otra central termoeléctrica que operaba en la misma área, APR Energy, ya había cesado sus actividades y abandonado el predio.
Tras años de resistencia vecinal y decisiones judiciales adversas, la empresa SCC Power (antes Araucaria Energy S.A.) comenzó el proceso de desmantelamiento de la central termoeléctrica Matheu III, ubicada en el límite de las localidades de Villa Rosa, en el partido de Pilar, y Matheu, en Escobar.
El cierre definitivo de Matheu III marca el final de un extenso conflicto ambiental y urbanístico en Villa Rosa, con el cual la comunidad y las autoridades locales logran su objetivo de retirar las centrales termoeléctricas de la zona.
