La Corte Suprema de Justicia ordenó que se trabaje para terminar con la contaminación del basural a cielo abierto de Luján. Se confirmó la presencia de niveles críticos de sustancias tóxicas en tierra, agua y aire. A pesar de las pruebas científicas y testimoniales, pese a la orden de la Corte, hasta ahora no se tomaron medidas efectivas para clausurar o remediar el basural. Tal como ayer, sigue operando ilegalmente “sin que nadie lo vea”, en tanto que la Justicia “se toma sus tiempos” para dictaminar sobre este dislate investigado desde 2011. El basural a cielo abierto de Luján es el más grande (y vergonzoso) de Argentina. Son 13 hectáreas a 800 metros de la ruta 192, pese a que su funcionamiento representa una severa amenaza para la salud pública y el medio ambiente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se retomen los trabajos de construcción del Centro Ambiental Laudato Sí y de remediación del basural a cielo abierto, en Luján. En el fallo, que lleva las firmas de Horacio Rosati, Carlos Rosenkranyz y Ricardo Lorenzetti, desestima los recursos presentados por la Asociación Civil Nuevo Ambiente, que responde a Viviana Novelle, heredera de la fortuna de los Terrabusi y vecina del nuevo centro ambiental.
Por el otro lado, un estudio ordenado por el Juzgado Federal de Mercedes y realizado por el Laboratorio de Estudios Ambientales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Nicolás, detectó contaminantes que superan ampliamente los límites legales, poniendo en riesgo la salud de los vecinos y el medioambiente. Es por la causa “Asociación Civil Nuevo Ambiente y otros c/ E.V.A. S.A. y otros s/ amparo ambiental”.
Entre las sustancias identificadas se encuentran amonio, benceno, cobre, cromo, cadmio, plomo, y plaguicidas prohibidos como aldrín, lindano y DDT. También se hallaron solventes orgánicos inflamables e hidrocarburos aromáticos poli cíclicos (HAPs), además de material particulado PM10, altamente dañino para el sistema respiratorio.
Según los peritos, la exposición prolongada a estos compuestos puede causar leucemia, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, y daños hepáticos, renales, neurológicos y respiratorios. Su alta persistencia ambiental podría generar efectos nocivos durante décadas, afectando tanto a la población como a los ecosistemas locales.
Las muestras fueron tomadas el 7 de julio de 2023. Los resultados son:
- En agua: niveles de amonio, manganeso, cinc, flúor y nitrito que exceden los valores permitidos para consumo humano y protección de la vida acuática.
- En suelo: benceno, cobre y etilbenceno en cantidades inaceptables para uso agrícola o residencial.
- En aire: presencia de HAPs y PM10, peligrosos para la salud respiratoria.
Estos contaminantes están clasificados como residuos peligrosos según la Ley Nacional 24.051, que regula el manejo de sustancias tóxicas, inflamables y reactivas.
Una municipalidad distraída y kirchnerista
En diciembre, la II Cámara Federal de San Martín ordenó la reanudación del saneamiento de ese predio y encomendó al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires su supervisión. Obviamente que los trabajos, si es que se hicieron, no dieron resultados. El comisario inspector Alberto Raúl Candia, jefe del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, declaró en el expediente judicial (Nº FSM 9100/2011/CMF1) que la Municipalidad de Luján no ejerce control alguno sobre el volcado de residuos peligrosos. Candia denunció que no se fiscaliza el ingreso de camiones, ni la clasificación de residuos, lo que convirtió al basural en un foco de contaminación sin precedentes. Además, el informe destaca que la quema constante de basura en el lugar agrava la liberación de sustancias tóxicas al ambiente.
Por su parte, el dictamen del fiscal federal, Carlos Alberto Stagnaro, fue contundente: “El Basural a Cielo Abierto de Luján no cumple con ninguna condición técnica de instalación ni de gestión para ser considerado un relleno sanitario. Se vuelcan residuos peligrosos de forma sistemática y se quema basura permanentemente”.
La causa, impulsada por las denuncias de los vecinos Daniel Vicente Curci Castro y Viviana Novelle, puso bajo escrutinio a la gestión del intendente ultra kirchnerista Leonardo Boto que está ejerciendo su segundo mandato (hasta el 2027). El fiscal Stagnaro solicitó en tres ocasiones - el 24 de mayo, el 8 de junio y el 25 de octubre de 2024 - la declaración indagatoria de Boto y varios funcionarios de su administración, pero el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto rechazó los pedidos y asumió la investigación directamente.
El caso se perfila como uno de los mayores escándalos ambientales de Argentina, con posibles consecuencias legales y políticas para el equipo kichnerista que gobierna la municipalidad. La falta de acción por parte de las autoridades locales genera indignación entre los vecinos, quienes exigen soluciones inmediatas para proteger su salud y el entorno. La causa federal sigue abierta, y ahora se espera que las próximas etapas de la investigación determinen responsabilidades y medidas concretas para mitigar el daño. Hasta entonces, todo seguirá igual.
