En el corazón del Gran Chaco, un coloso verde de 49 millones de hectáreas que respira en el norte argentino, la comunidad Qom y los criollos del Chaco encontraron en la miel orgánica un arma poderosa: no solo una fuente de ingresos, sino un grito de resistencia contra la vorágine del desmonte. Argentina, tercer exportador mundial de miel, envía anualmente 75.000 toneladas de miel convencional y 600 toneladas de orgánica a mercados como Estados Unidos (60% de las exportaciones, con un valor de 150 millones de dólares) y Europa (40%, liderada por Alemania y Francia). Pero en el Impenetrable Chaqueño, donde los caminos de tierra se pierden bajo el sol abrasador y la señal de GPS es un lujo, esta dulce revolución enfrenta un enemigo implacable: la deforestación.
El Gran Chaco, segundo bosque más grande de Sudamérica, perdió 57.343 hectáreas en 2023 y 27.000 más en el primer semestre de 2024, según datos satelitales. En total, el norte argentino sacrificó casi 150.000 hectáreas el último año, con el 75% concentrado en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa. Esto, a pesar de la Ley de Bosques Nativos (2007), que clasifica los bosques en categorías roja (intocable), amarilla (uso sostenible) y verde (desmonte regulado), y exige a las provincias actualizar cada cinco años sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) con procesos participativos y fondos nacionales. Sin embargo, la realidad es otra: el Chaco lleva una década de incumplimientos, corrupción y una carrera desenfrenada por tierras baratas para soja y ganadería.
La miel: un tesoro del monte
En Pampa del Indio, a 220 km de Resistencia, Silvia Godoy, apicultora Qom, custodia 20 hectáreas de monte nativo heredadas de su familia. “Me ofrecieron fortunas por mis árboles, pero este bosque es mi vida”, dice con orgullo. Aquí, las abejas Apis mellifera y las delicadas Meliponas —sin aguijón, de miel ácida y medicinal— zumban entre mistoles, algarrobos y quebrachos, aprovechando hasta ocho meses de floración. La apicultura, con 30 años de tradición en su familia, no solo genera ingresos (un apicultor puede ganar hasta 2.000 dólares al año por colmena), sino que protege nidos de Meliponas rescatados de árboles talados, un acto de amor por la biodiversidad.
Desde 2011, el Plan Apícola del Chaco transformó la región, creando 1.000 empleos y salas de extracción que producen 13.600 colmenas certificadas de miel orgánica, un negocio que genera un 30% más de ganancias (hasta 8 dólares por kilo frente a 5,5 de la convencional). En 2017, Chaco se coronó líder nacional en exportación de miel orgánica, con 25% de sus 4.000 apicultores especializados, superando a provincias como Buenos Aires (5.000 colmenas). Este oro líquido no solo sostiene familias, sino que fortalece el arraigo al monte, enseñando a las nuevas generaciones a “vivir de las flores”.
La Ley de Bosques: un escudo de papel
La Ley de Bosques Nativos prometía ser un bastión contra la deforestación, con multas de hasta 1 millón de pesos (3.300 dólares) por hectárea talada ilegalmente y fondos nacionales que alcanzan 500 millones de pesos anuales para conservación. Pero en Chaco, el sistema cruje. El OTBN, vencido desde 2014, fue actualizado en 2024 con la polémica Ley 4157-R, que reclasificó 1 millón de hectáreas protegidas (amarillas) a desmontables (verdes), desoyendo el principio de no regresión ambiental. Suspensiones judiciales, como la de 2020 y 2024, no logran detener las topadoras: el 50% de los desmontes entre 2009 y 2016 fueron ilegales, impulsados por un entramado de corrupción que involucra a exfuncionarios y empresarios.
La presión agropecuaria es feroz. Desde 1998, Chaco perdió 859.503 hectáreas, el 17% para ganadería (1,2 millones de cabezas en 2020) y el resto para soja, que genera 2.000 dólares por hectárea al año. Grandes productores compran tierras a precios irrisorios (500 dólares/ha) y enfrentan multas irrisorias, a menudo con descuentos del 50%. La fiscalización, a cargo del Ministerio de Producción, es un espejismo: sin monitoreo satelital efectivo, las talas ilegales se “blanquean” con autorizaciones dudosas. El Fondo Nacional, que debería financiar la conservación, cubre solo el 10% de las 1,2 millones de hectáreas protegidas, dejando a Chaco con un presupuesto de 50 millones de pesos, insuficiente frente a los 1.500 millones necesarios.
Un futuro en juego
La deforestación no solo arrasa con el hábitat del yaguareté y el tapir, sino que dispara emisiones de carbono (10 toneladas por hectárea) y agrava sequías que rozan los 50 °C. Las comunidades rurales, que representan el 10% de la población chaqueña, viven sin transporte público ni servicios básicos, dependiendo del monte para cosechas, artesanías y apicultura. La exclusión de indígenas Qom en los OTBN y desalojos violentos agravan el conflicto.
Sin embargo, en este pulmón verde, la resistencia florece. Los apicultores no solo combaten el desmonte, sino que inspiran: en escuelas rurales, enseñan a niños el valor de las abejas y el bosque. Para salvar el Gran Chaco, se necesitan sanciones penales contundentes, OTBN participativos, un fondo nacional robusto (al menos 2.000 millones de pesos) y monitoreo satelital como VISEC, que detecta talas en tiempo real. Mientras las abejas zumban y la miel viaja al mundo, el Chaco clama por un futuro donde la ley no sea solo papel y el monte siga siendo vida.
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