Un informe oficial del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) encendió todas las alarmas: 47 localidades santafesinas se encuentran en el nivel 6 de calidad del agua, la categoría máxima de riesgo por presencia de arsénico. Esto implica que el agua que llega a los hogares no es apta para el consumo humano y requiere tratamientos específicos antes de ser distribuida.
El problema golpea con mayor fuerza al oeste provincial, donde las redes se abastecen de napas subterráneas con concentraciones naturales elevadas de este metaloide tóxico. Los prestadores están obligados a garantizar agua segura mediante plantas de ósmosis inversa o la entrega de bidones y canillas públicas. Sin embargo, la solución estructural sigue siendo esquiva.
Aunque la extensión de acueductos permitió mejorar la situación en algunas zonas, la salinización, el envejecimiento de las napas y la falta de tratamiento adecuado profundizan una crisis que lleva décadas. El límite provincial tolera hasta 100 microgramos por litro, diez veces más que los 10 microgramos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
¿Por cuánto tiempo permanecerá contaminada el agua?
Expertos coinciden en que la contaminación por arsénico en las napas subterráneas de Santa Fe es una amenaza sanitaria persistente y estructural, de origen principalmente geológico, con procesos que datan de miles de años por depósitos volcánicos y erosión de rocas. La recuperación natural de los acuíferos es prácticamente imposible a escala humana debido a la vastedad de la contaminación y la imprevisibilidad de su movilización. Factores como sequías prolongadas, variaciones del nivel freático y sobreexplotación liberan arsénico de forma continua, transformando una condición natural en un problema crónico e indefinido en el tiempo. Estudios indican que, sin intervenciones masivas como acueductos o cambio total de fuentes, las napas afectadas podrían permanecer contaminadas por décadas o siglos, requiriéndose controles permanentes y tratamientos indefinidos.
Arsenicosis crónica, cáncer de piel, vejiga y pulmón, daños en piel, sistema nervioso, riñones e hígado: estos son los riesgos que enfrentan miles de santafesinos por el consumo prolongado de agua contaminada, según detalla Noticias Ambientales. En el ambiente, el arsénico contamina suelos, reduce la fertilidad agrícola y altera la cadena alimentaria, afectando peces, aves y microorganismos acuáticos. Los ecosistemas ribereños y subterráneos sufren una pérdida silenciosa de biodiversidad por cambios en pH y oxígeno disuelto.
Causas naturales y humanas
El arsénico es un elemento natural de la corteza terrestre que se acumula en napas de regiones áridas como el centro-oeste santafesino por procesos geológicos y volcánicos antiguos. Pero la sobreexplotación de pozos, el uso intensivo de agroquímicos, la falta de mantenimiento de redes y las sequías prolongadas agravan su liberación, convirtiendo una condición geológica en una emergencia sanitaria persistente.
¿Qué medidas tomar si el envenenamiento es por uso intensivo de agroquímicos?
Aunque el arsénico en Santa Fe es predominantemente natural, el aporte antropogénico de agroquímicos (como fertilizantes fosfatados y pesticidas históricos) puede desplazar y movilizar el metaloide ya presente en los suelos y napas. Para mitigar este agravante, se recomiendan: reducción drástica del uso de agroquímicos arsenicales (prohibidos en muchos casos, pero con legado histórico), promoción de agricultura sostenible con rotación de cultivos y fertilizantes bajos en fosfatos, monitoreo estricto de suelos agrícolas para evitar lixiviación hacia acuíferos, y remediación in situ mediante biorremediación o adsorbentes naturales. A largo plazo, regulación más estricta de insumos agrícolas y inversiones en tecnologías de precisión para minimizar escorrentía. En casos de contaminación confirmada por fuentes humanas, urge tratamiento de residuos y posible responsabilización legal de productores, junto a programas de restauración ecológica.
Las 47 localidades en nivel 6 (Resolución 042/2024 del Enress) Alcorta, Arequito, Berabevú, Bernardo de Irigoyen, Bombal, Cañada Rosquín, Carcarañá, Casalegno, Chañar Ladeado, Chovet, Christophersen, Colonia Belgrano, Correa, Cululú, Elisa, Estación Clucellas, Felicia, Hipatía, Hughes, Irigoyen, La Pelada, Labordeboy, Las Petacas, Logroño, Los Molinos, Lucio V. López, Máximo Paz, Murphy, Oliveros, Pozo Borrado, Progreso, Pueblo Andino, Ricardone (Barrio Monti), San Bernardo, San Gregorio, San José de la Esquina, San Vicente, Sanford, Santa Isabel, Santo Domingo, Sarmiento, Serodino, Soledad, Teodelina, Villa Eloísa, Villa Saralegui, Zenón Pereyra.
La situación expone una deuda histórica del Estado con miles de familias que, día tras día, dependen de controles permanentes para no ingerir veneno en cada vaso de agua. Mientras tanto, la salud pública y el ambiente pagan el costo de una crisis que ya no admite más postergaciones.
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