En un fallo que podría marcar un precedente ambiental en el país, la Procuración General de la Nación (PGN) dictaminó esta semana a favor de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia, impulsando una causa judicial por daño ambiental masivo causado por la obra pública conocida como el Canal de La Patria. Este entendimiento, favorable a las organizaciones ambientalistas que denunciaron el caso en junio de 2025, implica que el Alto Tribunal resolverá directamente la controversia, sin intervención de juzgados inferiores, reconociendo responsabilidades conjuntas entre el Estado Nacional y la Provincia de Santiago del Estero.
La decisión de la PGN se basa en la existencia de convenios firmados entre la provincia y entidades nacionales, como el extinto Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. "Los acuerdos dieron lugar a responsabilidades conjuntas, compartidas y específicas de los órganos demandados para el desarrollo de la obra", señaló el dictamen, destacando que resulta "imposible buscar una solución útil que garantice el derecho de defensa de las partes y que restituya el derecho tutelado –la biodiversidad en la ecorregión Gran Chaco– sin la participación de todas ellas". Este paso acelera el proceso judicial, que ya transita entre los ministros de la Corte para un fallo definitivo que aborde el daño ecosistémico en una de las regiones más vulnerables del planeta.
Las denuncias fueron impulsadas por tres ONG ambientalistas de renombre: Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Estas instituciones presentaron la acción judicial por daño ambiental de incidencia colectiva el 23 de junio de 2025, dirigida contra la Provincia de Santiago del Estero y el Estado Nacional. El foco de la controversia radica en el impacto devastador del canal, descrito por los expertos como una "trampa mortal" para la fauna silvestre. Construido en la década de los 70, este curso de agua artificial mide dos metros de ancho y se extiende por 180 kilómetros, con paredes empinadas de hormigón que impiden la salida de los animales que caen en él.
Un informe de mediados de 2025 reveló cifras alarmantes: al menos 250 ejemplares de 40 especies distintas, muchas en peligro de extinción, murieron ahogados al quedar atrapados. La obra no solo afecta la movilidad de los animales y fragmenta el hábitat, sino que agrava la ya frágil situación de la fauna chaqueña, en un ecosistema considerado uno de los más amenazados globalmente por la deforestación sin límites. Las ONG advirtieron desde el inicio de la construcción sobre estos riesgos, pero las alertas fueron ignoradas, permitiendo que el canal se convirtiera en un símbolo de negligencia ambiental.
Más allá del impacto ecológico, el Canal de La Patria representa un peligro inminente para la vida humana. En 2020, se proyectó un revestimiento para prevenir caídas, pero la implementación fallida ha generado tragedias. El 10 de noviembre de 2025, se conoció la muerte trágica de un niño de dos años, identificado como Serrano Díaz Leandro, quien cayó en el canal en la comunidad de Lilo Viejo. Según reportes de Info del Estero, el pequeño se habría escapado de su familia, destacando cómo esta infraestructura, que abastece de agua a pueblos y ciudades a lo largo de su recorrido, se transforma en una amenaza letal cuando los animales o personas caen, mueren y se pudren, contaminando potencialmente el suministro hídrico.
Este dictamen de la PGN no solo valida las denuncias de las ONG, sino que subraya la necesidad de una resolución integral que involucre a todas las partes responsables. Expertos ambientales celebran el avance, argumentando que podría sentar bases para futuras acciones contra obras públicas que priorizan el desarrollo a expensas del equilibrio ecosistémico. Mientras la causa avanza en la Corte Suprema, activistas llaman a la sociedad a unirse en la defensa del Gran Chaco, una región vital para la biodiversidad argentina que enfrenta presiones crecientes por la expansión agrícola y la urbanización descontrolada.
La resolución final podría no solo ordenar la remediación ambiental, sino también imponer sanciones a los responsables, enviando un mensaje claro: el daño ambiental no quedará impune en Argentina. Este caso, que une tragedia humana y ecológica, resuena en un momento en que el cambio climático amplifica las vulnerabilidades de ecosistemas como el Chaco, urgiendo a políticas más sostenibles.
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