Los incendios forestales que han devastado el sur de nuestro país, especialmente en la Patagonia, en provincias como Chubut, Río Negro y Neuquén, han encendido las alarmas a nivel nacional.
Estos siniestros no solo arrasan con bosques nativos y áreas protegidas, sino que también amenazan viviendas e infraestructura, poniendo en riesgo la vida de muchas personas. La situación ha llevado a un esfuerzo sobrehumano por parte de brigadistas y bomberos, quienes luchan incansablemente para contener las llamas.
Ante esta crisis, surge la necesidad de reflexionar sobre la importancia de contar con herramientas legales más robustas que sancionen a quienes, ya sea por acción u omisión, causan daños irreparables al medio ambiente y a la vida humana. En este contexto, se presenta un proyecto de reforma del Código Penal que busca abordar los delitos relacionados con incendios y otros estragos, estableciendo un marco de penas y conductas sancionables.
El proyecto propone que quienes provoquen incendios, inundaciones u otros desastres que puedan causar estragos enfrenten penas de tres a diez años de prisión. Si la acción pone en peligro lugares clave como archivos públicos o patrimonio cultural, la pena podría elevarse hasta quince años. Además, si el siniestro resulta en peligro para la vida de las personas, la sanción podría aumentar de cinco a quince años, alcanzando hasta veinticinco años en casos de fallecimientos o lesiones graves.
Este enfoque no solo busca castigar, sino también reconocer la magnitud del impacto que estos delitos tienen en la biodiversidad, los recursos naturales y la seguridad de las comunidades. La reforma también contempla la destrucción de infraestructura destinada a la defensa común, como diques y medios para extinguir incendios, subrayando que la negligencia o la acción malintencionada pueden agravar la situación.
El Artículo 189 del proyecto se centra en los casos de imprudencia, donde las penas van de tres a seis años, ampliándose a ocho años si se pone en peligro la vida de alguien, y hasta diez años si hay muertes. Este enfoque es crucial para abordar la seriedad de los delitos contra la seguridad pública y el medio ambiente.
La discusión sobre la necesidad de sancionar con mayor firmeza estos delitos debe ir acompañada de políticas de prevención, así como de inversión en infraestructura y capacitación para brigadistas y bomberos. Además, es fundamental fomentar la conciencia ciudadana sobre los riesgos de encender fogatas en zonas secas o arrojar colillas de cigarrillos, conductas que pueden desencadenar tragedias.
La perspectiva que plantea este nuevo proyecto de reforma del Código Penal representa una oportunidad para avanzar en la protección de nuestro ambiente y la seguridad pública. Al establecer penas proporcionales al daño y al peligro que representan los incendios, se envía un mensaje claro de responsabilidad y compromiso con la preservación de la vida, el entorno y el patrimonio cultural de nuestro país.
En un momento en que la naturaleza nos está enviando señales de alerta, es imperativo que tomemos acción. La protección de nuestro entorno y de nuestras comunidades depende de ello.
