El gobernador bonaerense activó su agenda legislativa con tres proyectos que confrontan directamente con la política sanitaria del Gobierno nacional.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ingresó este martes a la Legislatura bonaerense tres proyectos de ley que había prometido en la apertura de sesiones del 2 de marzo y que ahora, con la primera sesión ordinaria del Senado provincial del año, tomaron estado parlamentario. Las iniciativas apuntan a crear un laboratorio público de medicamentos, establecer un sistema integrado de salud y regular el trabajo en plataformas digitales como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify.
La fecha no fue casual. La vicegobernadora Verónica Magario convocó al Senado para sesionar el miércoles 24 de junio, luego de meses de parálisis legislativa que había generado malestar al interior del propio peronismo. El encuentro, sin embargo, no estuvo exento de tensiones: los cruces entre el bloque axelista y el presidente de la bancada de Fuerza Patria, Sergio Berni, volvieron a exponer la interna que fractura al peronismo bonaerense.
El laboratorio que se cayó y vuelve
El proyecto estrella del paquete es la Ley de Producción Pública de Medicamentos, impulsada por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. La iniciativa había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en diciembre de 2024, pero se cayó por falta de tratamiento en el Senado antes de que concluyera 2025. Kicillof la reenvía desde cero.
El proyecto crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, con la figura jurídica de Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, bajo la órbita del Ministerio de Salud. La nueva entidad podrá desarrollar, producir, importar, exportar y distribuir vacunas, insumos, productos médicos, ingredientes farmacéuticos activos y cualquier otro elemento necesario para la salud. También tendrá a su cargo el control de calidad fisicoquímico y microbiológico de alimentos y agua, y podrá explotar patentes, licencias y marcas nacionales e internacionales.
Los fundamentos del Ejecutivo provincial son explícitos: la producción pública busca «evitar los sobreprecios que aplican los laboratorios privados cuando disponen de un monopolio de producción», al tiempo que aspira a impulsar medicamentos para enfermedades desatendidas por su baja rentabilidad comercial. El gobernador lo había sintetizado ante la Asamblea Legislativa con una frase que circuló ampliamente: «No hace falta ser comunista ni soviético para tener claro que cualquier persona debería poder acceder a los medicamentos que necesita, independientemente de su condición económica».
La propuesta se inscribe en un contexto de fuerte deterioro del acceso a remedios. Datos del propio oficialismo bonaerense señalan una caída del 26% en la compra de medicamentos, producto de la liberación de precios impulsada por el Gobierno nacional y los recortes en la cobertura del PAMI.
Integración sanitaria y disputa con Milei
El segundo proyecto vinculado a la salud crea el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en línea con el plan quinquenal sanitario 2023-2027 y con la propia Constitución provincial. La iniciativa busca articular los subsectores público y privado dentro del territorio bonaerense bajo un criterio de equidad en el acceso a las prestaciones.
Ambas propuestas configuran una contraofensiva sanitaria frente a la política nacional: mientras el Gobierno de Javier Milei avanza en la desregulación del sector salud y reduce la presencia estatal en la cobertura farmacéutica, Kicillof apuesta a ampliar el rol del Estado provincial como garante del derecho a la salud.
Plataformas: la ley que Uber quiere voltear
El tercer proyecto busca regular de manera integral el trabajo de delivery y transporte en plataformas digitales. Empresas como Rappi, Pedidos Ya, Uber, Didi y Cabify ya expresaron su oposición y buscan nuevamente frenar el debate en la Legislatura.
La iniciativa se apoya en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y tiene cuatro pilares: la obligación de contratar un seguro de accidentes personales con cobertura total, la creación de una aplicación estatal de asistencia, la inspección de los «market» o espacios de gestión de pedidos, y el establecimiento de paradores gratuitos para los repartidores.
El ministro de Trabajo, Walter Correa, fue el encargado de anticipar los lineamientos del texto. El proyecto responde, según el Ejecutivo, a la reforma laboral nacional que categoriza a los repartidores como «prestadores independientes», dejándolos sin derechos sindicales ni laborales. «Modernizar las normas laborales no significa quitar derechos», sostuvo Kicillof al presentar la iniciativa.
Los dos proyectos que faltan
De las cinco iniciativas anunciadas en marzo, solo tres ingresaron esta semana a la Legislatura. Las dos restantes, la reforma de la Ley de Formación Policial y la actualización de la Ley de Seguridad Pública, aún no fueron enviadas y continúan bajo análisis dentro del Ejecutivo provincial.
El camino legislativo de los tres nuevos proyectos no será sencillo. En Diputados, cuando el laboratorio de medicamentos obtuvo media sanción en 2024, votaron en contra La Libertad Avanza, el PRO y la UCR-Cambio Federal. El Senado, donde la oposición tiene mayor peso relativo, representará el verdadero test político para una agenda que Kicillof quiere convertir en ley antes de que concluya el año.