La justicia de Estados Unidos volvió a fallar contra España por los laudos renovables y habilitó a los fondos acreedores a rastrear y ejecutar activos del Estado español en territorio norteamericano. La deuda total ya supera los 2.300 millones de euros y crece con cada mes de impago.
El fallo que reabre el frente judicial
Un tribunal federal de Washington D.C. asestó un nuevo golpe a España en la larga batalla legal por el recorte de las primas a las energías renovables. La jueza Loren L. AliKhan, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, firmó el 10 de agosto de 2026 una resolución que rechaza el pedido español de frenar la ejecución de una sentencia vinculada al llamado «caso Antin», y habilita a los inversores a avanzar en la búsqueda de bienes embargables.
La decisión reconoce a los demandantes —los fondos Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar— una deuda de más de 156,6 millones de dólares (unos 136 millones de euros), a la que se suman intereses de demora. El tribunal, además, autorizó a los acreedores a inscribir la sentencia en otros distritos judiciales de EE.UU., lo que multiplica los escenarios donde España podría sufrir embargos.
Qué son los laudos y de dónde viene el conflicto
Los llamados laudos renovables son sentencias arbitrales dictadas contra el Estado español por tribunales internacionales de inversión, principalmente el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial). Su origen se remonta a los recortes retroactivos que los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y, después, Mariano Rajoy, aplicaron entre 2010 y 2014 sobre las primas y subvenciones que habían atraído a cientos de inversores extranjeros al sector solar y eólico español.
Esos inversores —fondos, aseguradoras y empresas energéticas de EE.UU., Reino Unido, Luxemburgo y otros países— recurrieron al arbitraje internacional alegando que España había violado el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un convenio multilateral que protege las inversiones extranjeras en el sector energético. Desde entonces, se iniciaron cerca de 50 arbitrajes, de los cuales España perdió la gran mayoría.
En el caso concreto de Antin, un tribunal del CIADI falló en 2018 a favor de los inversores y fijó una indemnización de 101 millones de euros, cifra que —sumados intereses y costas— ya supera ampliamente el monto original.
El «escudo europeo» que ya no protege a España
Durante años, el Gobierno español sostuvo su estrategia de no pago apoyándose en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en los casos Achmea y Komstroy declaró que los arbitrajes intraeuropeos bajo el Tratado de la Carta de la Energía son incompatibles con el derecho comunitario. A ese argumento se sumó una decisión de la Comisión Europea de marzo de 2025, que calificó el pago del laudo Antin como una posible ayuda de Estado ilegal, lo que en teoría impedía a España desembolsar la indemnización sin arriesgarse a sanciones de Bruselas.
Sin embargo, la jueza AliKhan desestimó ese argumento en su resolución del 10 de agosto. Según su fallo, la posición de la Comisión Europea no exime a España de sus obligaciones internacionales, y llegó a advertir que la insistencia del país en que «no puede pagar» podría reflejar en realidad una falta de voluntad para cumplir la sentencia, más que una imposibilidad real.
Ese razonamiento resulta clave: mientras dentro de la Unión Europea el escudo jurídico de Bruselas todavía frena parcialmente la ejecución de algunos laudos, en terceros países —como Estados Unidos o Reino Unido— esa protección no tiene ningún efecto, y los procesos de embargo siguen avanzando sin obstáculos.
Investigación patrimonial en marcha
La resolución no se limita a autorizar el embargo: también avala que los acreedores continúen su investigación patrimonial para identificar qué bienes del Estado español podrían ser objeto de ejecución en EE.UU. Los fondos demandantes ya enviaron requerimientos de información a The Clearing House Payments Company y al Federal Reserve Bank of New York, con el objetivo de rastrear cuentas y activos financieros vinculados a España. El intento del Gobierno de anular esos requerimientos también fue rechazado por la Justicia estadounidense.
En paralelo, otros acreedores solicitaron a organismos públicos españoles —incluidos entes que podrían considerarse «alter ego» del Estado— un inventario detallado de bienes, cuentas, contratos y propiedades en territorio norteamericano, en un plazo de 30 días, con el fin de localizar activos embargables.
Una deuda que no deja de crecer
Según cifras difundidas por los propios acreedores, España mantiene sin ejecutar 28 de las 29 resoluciones dictadas por el CIADI en materia renovable. La deuda reconocida por los laudos asciende ya a unos 2.333 millones de euros, que incluyen indemnizaciones, intereses de demora y costas judiciales, a los que se suman otros 550 millones en sobrecostes legales y financieros acumulados.
A eso se agrega un dato menos visible pero igual de relevante: los propios fondos acreedores estiman que la inseguridad jurídica generada por este conflicto le costó al Tesoro español un sobrecoste financiero de 6.600 millones de euros desde 2023, como consecuencia del encarecimiento de su financiación por el mayor perfil de riesgo percibido por los mercados.
Entre los acreedores más activos figuran fondos y empresas como NextEra Energy, 9REN, Blasket (que absorbió la reclamación de AES), Eiser y E.ON, entre otros 28 acreedores que aguardan el cobro de sus respectivos laudos.
No es solo Estados Unidos: también Reino Unido avanza
El frente estadounidense no es el único abierto. En marzo de 2026, el Tribunal Supremo del Reino Unido confirmó que también pueden ejecutarse en suelo británico los laudos que obligan a España a indemnizar a Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar. La corte londinense rechazó igualmente el argumento de inmunidad soberana presentado por el Gobierno español, allanando el camino para actuar sobre activos comerciales del Estado en Inglaterra.
De hecho, ya en 2023 el Tribunal Superior de Londres había ordenado el embargo provisional de un edificio histórico propiedad del Estado español, el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en la zona de Notting Hill, además de bloquear cuentas vinculadas a los Institutos Cervantes en Reino Unido.
Qué puede pasar ahora
España notificó formalmente en 2024 su salida del Tratado de la Carta de la Energía, aunque la llamada cláusula de supervivencia del propio tratado mantiene la protección de las inversiones realizadas antes de la salida, por lo que no afecta a los laudos ya dictados. El Gobierno insiste en que continuará litigando y solicitando la anulación de los laudos ante el propio CIADI, una vía que mantiene suspendidos temporalmente varios procesos de ejecución.
Pero mientras esos procedimientos de anulación siguen su curso —y no tienen fecha cierta de resolución—, la deuda sigue generando intereses, y los tribunales de países como Estados Unidos y Reino Unido continúan allanando el camino para que los fondos acreedores puedan cobrar, incluso a costa de embargar bienes públicos españoles en el extranjero.