El Gobierno acusó a la empresa británica Thales UK Limited de volar de Malvinas a Punta Arenas sin autorización argentina, ordenó sanciones y denuncias penales e intimó al Reino Unido a frenar el proyecto petrolero Sea Lion en dos semanas. Si Londres no cede, la Argentina irá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo. El Gobierno argentino denunció que una empresa británica realizó vuelos ilegales desde las Islas Malvinas hacia la ciudad chilena de Punta Arenas. Al mismo tiempo, intimó al Reino Unido a frenar en dos semanas las operaciones de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion y anunció el arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Sanciones y denuncias penales contra Thales UK
Mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei ordenó iniciar con urgencia procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra Thales UK Limited. El motivo es que se detectaron operaciones en la ruta Malvinas-Punta Arenas con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. El Ejecutivo también instruyó a los equipos de gobierno para avanzar con las gestiones diplomáticas correspondientes.
El vuelo se vincula con el Punta Arenas Business Showroom. Este foro, que reúne a empresarios chilenos con la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC), se realiza el lunes 28 y el martes 29 de septiembre. Según la propia FIDC, participan unos cuarenta representantes del sector privado isleño y entre treinta y cuarenta compañías chilenas, con el objetivo de cerrar acuerdos de abastecimiento; es la delegación comercial más numerosa que las islas enviaron al exterior.
La firma señalada tampoco es un operador cualquiera. Thales UK es la filial británica de Thales y trabaja de manera habitual para el Ministerio de Defensa del Reino Unido, con un contrato vigente específicamente para las Malvinas.
Ultimátum de 14 días por Sea Lion
El anuncio más pesado es el arbitraje internacional. En su cuenta de X, Milei escribió que, si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación, la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y cerró con la consigna «LAS MALVINAS SON ARGENTINAS».
Según el comunicado, de no cumplirse el requerimiento en el plazo fijado, la Argentina pedirá al TIDM las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la Plataforma Continental. Es la escalada más concreta del reclamo argentino desde el anuncio de sanciones del 3 de septiembre.
El canciller Pablo Quirno detalló el mecanismo. El Gobierno presentó una nota que inicia el procedimiento del Anexo VII de la CONVEMAR. También aclaró que el tribunal no resolverá la cuestión de soberanía, sino la decisión unilateral de explotar hidrocarburos en las islas. Sobre el plazo de dos semanas, explicó que el procedimiento de arbitraje exige darle a la otra parte la posibilidad de frenar. Además, destacó que es la primera vez que la Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en lo referido a la explotación de hidrocarburos.
La estrategia también apunta al dinero. El objetivo es desfinanciar al consorcio operador, hoy en manos de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, con una advertencia a los bancos que financian el proyecto. Quirno agregó que el Gobierno presentó un proyecto de Ley de Soberanía Nacional para ampliar el efecto disuasorio de las sanciones vigentes sobre compañías que operen con permisos británicos.
Los argumentos jurídicos de la Argentina
El reclamo se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La Resolución 2065 (XX) reconoció la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, y la Resolución 31/49 pidió a las partes abstenerse de modificaciones unilaterales mientras el proceso continúe. Buenos Aires sostiene que la explotación de recursos produce un perjuicio irreversible e irreparable a sus derechos de soberanía.
A eso suma la CONVEMAR. Bajo ese régimen, la plataforma continental se extiende a lo largo de la prolongación natural del territorio, hasta 350 millas marinas desde las líneas de base, y la Argentina considera que Sea Lion, a 220 kilómetros al norte del archipiélago, cae dentro de su jurisdicción.
El comunicado también rechazó la respuesta británica al discurso de Milei en la ONU. Según el texto oficial, ni la denominación de «Territorio Británico de Ultramar» ni el referéndum de 2013, donde el 99,8% de los votantes isleños eligió seguir bajo administración de Londres, alteran la existencia de la controversia de soberanía.
El frente judicial: una cautelar que frenó las obras
En paralelo avanza la Justicia argentina. El 16 de septiembre, la jueza federal Mariel Borruto hizo lugar a una cautelar que alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación. El fallo respondió a una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas.
La magistrada fue cauta. Aclaró que la cautelar no da por probado que el proyecto vaya a causar un daño ambiental. Además, sostuvo que la cuestión no se agota en lo técnico-ambiental, porque también está en juego la defensa de la soberanía nacional, que calificó de bien colectivo indivisible. La medida es provisional y el juzgado deberá resolver si la mantiene, modifica, amplía o deja sin efecto cuando reciba los informes y la respuesta de las empresas.
Londres responde con dureza y cazas
El clima es cada vez más tenso. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, dijo días atrás a The Sun on Sunday que Londres está preparado para defender militarmente las Malvinas. También afirmó que no prevé un conflicto, pero insistió en la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas británicas.
Londres confirmó, además, que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves Tranche 2 a fines de noviembre de 2027, una rotación que el Ministerio de Defensa británico dice haber planificado antes de la tensión actual.
En juego hay mucho dinero. Según cálculos de Londres, la explotación del consorcio formado por Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, con sede en Israel, podría generar USD 2.000 millones en regalías durante 30 años.
Chile, en el medio de la pulseada
La nueva ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino abrió otro frente diplomático. A comienzos de septiembre, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó un contrato entre la FIDC y una naviera chilena para establecer una vía marítima con las islas. Se trata de una ruta que existió durante décadas hasta que dejó de ser rentable a principios de este siglo. Entre las cargas posibles figuran frutas y verduras frescas, lácteos, madera, materiales de construcción, alimento para animales, ganado y maquinaria pesada.
El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, respaldó ese comercio. Sostuvo que Chile apoya el reclamo de soberanía argentino, pero hay una situación de hecho: un país amigo ejerce soberanía sobre las islas desde hace 200 años. Sobre el petróleo, consideró que es un tema puntual que puede ser más conflictivo y que habrá que analizarlo en su momento.
Tras la polémica, el Gobierno chileno aclaró que la política exterior la definen el Presidente y la Cancillería, ratificó el respaldo al reclamo argentino y defendió el derecho de empresas y ciudadanos chilenos a comerciar desde sus puertos. Quirno, por su parte, recordó el compromiso del presidente José Antonio Kast de no dar apoyo logístico al proyecto petrolero. Del lado argentino, rige desde 2010 el decreto 256, que exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental argentino y las islas.
Sanciones sin castigo, por ahora
El Gobierno ya viene acumulando expedientes. Según MercoPress, la Argentina mantiene abiertos 60 procedimientos administrativos, sin sanción aplicada, y tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y sus directivos por la exploración de hidrocarburos en aguas cercanas al archipiélago.
Qué viene
Hay tres frentes abiertos. El primero es el plazo de dos semanas, que vence a mediados de octubre, tras el cual la Argentina pedirá medidas provisionales al TIDM mientras se constituye el tribunal arbitral. El segundo es el Congreso, donde Diputados comenzará a discutir un proyecto para reforzar las sanciones. El tercero es la mediación de Estados Unidos: la Cancillería hace gestiones para que Washington evalúe mediar, algo que requeriría la aceptación del Reino Unido.