La provincia dejó sin efecto la prohibición del glifosato de la Ley de Bioinsumos por unanimidad, en medio de la crisis de la yerba mate, la presión del sector agroindustrial y la polémica por el estudio que detectó agroquímicos en el cuerpo de los argentinos.
Misiones cerró un capítulo clave de su política ambiental. La Cámara de Representantes derogó, con el voto de sus 40 integrantes, la prohibición del glifosato incorporada en 2023 a la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos. El cambio llega en un momento de fuerte tensión productiva y en paralelo a una controversia científica que expone la presencia de plaguicidas en el organismo de la población argentina.
Qué cambió en la ley
La reforma fue sancionada el 3 de septiembre. El gobernador Hugo Passalacqua la promulgó mediante el Decreto Nº 1757, del 8 de septiembre, y quedó registrada como Ley VIII Nº 124. Esta norma dejó sin efecto la prohibición absoluta que contemplaba la Ley VIII Nº 103.
El texto no habilita un uso sin límites. Los bioinsumos podrán utilizarse en la provincia en la medida en que los autoricen los organismos nacionales competentes y, cuando corresponda, los países de destino de las exportaciones. Además, la reforma condiciona el reemplazo del herbicida a que existan alternativas autorizadas y habilita al Poder Ejecutivo a definir plazos y condiciones para una transición progresiva.
La Legislatura mantuvo el objetivo de avanzar hacia modelos productivos más sustentables, y la promoción de bioinsumos sigue vigente, pero sin la herramienta más restrictiva: la prohibición.
Por qué se dio marcha atrás
Los argumentos oficiales apuntan a los mercados. Según se planteó en el debate, algunos países compradores objetan la producción misionera de té por el uso de herbicidas, y sin un sustituto homologado la provincia prefirió dar sustento legal al productor antes que perder ventas. La Sociedad Rural Argentina y la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná, que agrupa más de 400.000 hectáreas de plantaciones forestales, habían pedido la derogación en las semanas previas.
También hubo un componente político. La medida original fue impulsada por Carlos Rovira, y el propio Rovira votó a favor de derogarla. Un análisis del portal Mosca sostiene que la reforma fue impulsada por el sector que responde a Passalacqua y que desanda una decisión que llevaba el sello de Rovira, en el marco de la interna por el poder provincial.
La voz de los productores yerbateros
El debate llega en plena crisis yerbatera. Jorge Skripczuk, productor, habló con Yair Cibel en Otro Día en el Planeta Tierra (AM 530 – Somos Radio) y describió un sector asfixiado. Según explicó, los precios de los productos están estancados desde 2023, los pagos son diferidos y muchos chacareros y cosecheros buscan sustento en Brasil y otros países vecinos. Afirmó que la situación actual es peor que la de los años 90 o el 2000.
Sobre el herbicida, sostuvo que la yerba es un cultivo perenne y que, aplicado con las protecciones adecuadas, el glifosato no afecta la producción. Contó que trabaja con él desde los 15 años. Advirtió además que el gasoil subió más de 50 pesos en los últimos días, mientras el valor de la hoja verde sigue congelado.
El malestar del sector se refleja en otro dato. Los productores presentaron en la Legislatura un pedido de precio mínimo de 520 pesos por la hoja verde, más del doble de lo que hoy pagan las chacras.
Lo que dice la ciencia: un debate abierto
Aquí está el nudo de la discusión. En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, clasificó al glifosato en el Grupo 2A: probablemente cancerígeno para los seres humanos. La agencia ambiental de Estados Unidos (EPA) y la autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA), en cambio, concluyeron que, usado según la etiqueta, no representa un riesgo de cáncer.
La Unión Europea renovó la aprobación del glifosato por diez años, desde el 16 de diciembre de 2023 hasta el 15 de diciembre de 2033. Especialistas señalan que la discrepancia entre IARC y las agencias europeas refleja diferencias metodológicas: unas evalúan estudios de toxicología regulatoria en condiciones controladas y la otra pondera estudios observacionales en personas expuestas laboralmente.
El contexto argentino: uno de los mayores consumidores del mundo
Argentina es un actor central en este mercado. Desde 1996, con la llegada de las semillas transgénicas resistentes a herbicidas, el uso de glifosato creció año tras año, y hoy se aplican alrededor de 250 millones de litros por año en unas 25 millones de hectáreas. Las cifras varían según la fuente y el período: distintos informes hablan de entre 200 y 250 millones de litros anuales.
El estudio que expuso los plaguicidas en el cuerpo
En paralelo a la decisión misionera, estalló otra polémica. La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora del INTA con más de 20 años de trayectoria, denunció que el organismo frenó la difusión de un estudio y busca exonerarla. El trabajo integró el proyecto europeo Sprint, financiado por la Unión Europea, que analizó el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el ambiente.
Según los datos difundidos, el 86,1% de los argentinos que se ofrecieron como voluntarios para las muestras tenía glifosato en el cuerpo, y el herbicida apareció en el 100% de la materia fecal de los bonaerenses analizados. Es importante aclarar que el 86% corresponde a los voluntarios del estudio y no a una muestra representativa de toda la población.
El relevamiento también halló entre 10 y 28 plaguicidas en agua superficial, entre 6 y 22 en alimentos y entre 43 y 86 en polvo doméstico. Con esos números, los resultados ubican a la Argentina como el país con más plaguicidas en personas y ambiente entre los participantes.
Aparicio remarcó que los residuos llegan lejos de las zonas de fumigación. Explicó que en el polvo de pisos de voluntarios se encontró más de un plaguicida y que, con la misma lógica, podrían hallarse restos en un barrio como Palermo. También indicó que los productores convencionales presentan mayores concentraciones que los agroecológicos.
Sumario, acusaciones y respuesta de la científica
Según Agencia Hoy, que cita a LPO, el Consejo Directivo del INTA ratificó en su última sesión un pedido de exoneración e inhabilitación de por vida contra la investigadora. Entre las acusaciones figuran el perjuicio a la administración nacional, pese a que el proyecto fue financiado por la Unión Europea, y no haber entregado datos personales de los voluntarios.
La científica respondió que había firmado acuerdos de confidencialidad con las personas muestreadas, algo habitual en investigaciones con seres humanos. Sostuvo además que el convenio había sido aprobado en su momento por las autoridades del INTA y advirtió que sin información científica es imposible tomar buenas decisiones. Fuentes del organismo consultadas por LPO atribuyeron el conflicto a quejas de corporaciones.
Qué está en juego
La derogación en Misiones y el caso Aparicio muestran las dos caras de un mismo dilema. De un lado, productores en crisis, mercados que exigen certificaciones y falta de alternativas homologadas. Del otro, evidencia sobre la presencia de agroquímicos en el ambiente y en el cuerpo humano, y un debate científico y regulatorio que no está cerrado. Todo indica que la discusión sobre el modelo productivo seguirá presente en la agenda pública.