El experto de la ONU en derechos humanos, William O’Neill, advirtió que la isla caribeña no está en condiciones de recibir deportaciones debido a la violencia de las pandillas armadas, el desplazamiento récord de 1,5 millones de personas y el colapso del sistema sanitario, justo cuando Washington se apresta a expulsar a más de 350.000 haitianos tras la caída del TPS.
Un nuevo llamado de urgencia se sumó esta semana al drama migratorio que enfrentan cientos de miles de haitianos en Estados Unidos. William O’Neill, experto independiente designado por la ONU para los derechos humanos en Haití, fue categórico: «nadie debería ser forzado a regresar» al país caribeño en las condiciones actuales. Su advertencia llega en un momento crítico, cuando el Gobierno de Donald Trump avanza con un plan de deportaciones masivas tras el fallo de la Corte Suprema que le permitió poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para la comunidad haitiana.
Una isla «no apta» para recibir deportados
Según el diagnóstico del experto de Naciones Unidas, Haití atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. El país está atrapado en un escenario de violencia extrema e ingobernabilidad, con bandas armadas que controlan cerca del 90% de la capital, Puerto Príncipe, y que han expandido su influencia hacia otras regiones que antes se consideraban seguras.
El vacío de poder que dejó el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 nunca se resolvió. Desde entonces, el país solo ha tenido gobiernos provisionales, mientras la violencia armada se intensificó año tras año. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, llegó a describir a los líderes de las pandillas como «aspirantes a dictadores» que convirtieron a la capital en un «patio de juegos violento».
Cifras que golpean: 1,5 millones de desplazados
Los datos difundidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirman el diagnóstico del relator de la ONU. La cifra de desplazados internos en Haití alcanzó un récord histórico de casi 1,5 millones de personas, equivalente al 12% de la población total del país, de unos 12 millones de habitantes. Más de la mitad de los afectados son mujeres y niñas.
«La violencia ya no está contenida: se está extendiendo«, advirtió Gregoire Goodstein, jefe de misión de la OIM en Haití, durante una rueda de prensa en Ginebra. Zonas que antes funcionaban como refugio para familias desplazadas se convirtieron, según el organismo, en nuevos puntos de huida forzada.
Solo en los primeros meses de 2026, la violencia relacionada con pandillas dejó un saldo de al menos 2.310 muertos, 1.106 heridos y 99 secuestros, además de 699 víctimas de violencia sexual, en su mayoría mujeres y niñas, según cifras de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El colapso de los servicios básicos
El panorama humanitario es igual de alarmante. Hospitales y clínicas redujeron sus operaciones o cerraron directamente sus puertas ante la falta de personal y la interrupción de la cadena de suministro médico, agravada por ataques directos de grupos armados contra centros de salud y trabajadores sanitarios. Especialistas de la ONU advierten que el país se aproxima a un «punto de no retorno».
A esto se suma el impacto de los retornos forzados: solo desde enero de 2026 llegaron a Haití más de 110.000 personas repatriadas, luego de que en 2025 regresaran más de 270.000. Entre los grupos más vulnerables figuran niños no acompañados, mujeres embarazadas y en posparto, que según la OIM llegan a «condiciones precarias y a menudo inseguras», con acceso limitado a servicios básicos y protección.
Estados Unidos acelera pese a las advertencias
A pesar del cuadro descrito por Naciones Unidas, la Administración Trump avanza con la ofensiva migratoria. Más de 350.000 haitianos perdieron su Estatus de Protección Temporal (TPS) tras el fallo de la Corte Suprema del pasado 25 de junio, que habilitó al Ejecutivo a revocar esta protección. Según denunciaron congresistas y medios estadounidenses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea detener a cerca de 2.000 haitianos por día para su expulsión, con operativos que comenzarían en distintos estados del país.
La legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz, de Florida, calificó la situación como «inaceptable»: «Va a ser un esfuerzo enorme deportar a los 350.000. Y sé que separar a los haitianos de sus empleos y de sus hijos ciudadanos va a ser la prioridad de la Administración», denunció.
El impacto económico también preocupa a organizaciones civiles: se estima que la comunidad haitiana aporta unos 5.900 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, con la mayor contribución concentrada en Miami, donde trabajan en sectores clave como hospitales, asilos, restaurantes y hoteles.
El drama de la comunidad haitiana en Florida
En el sur de Florida, donde reside la mayor comunidad haitiana de Estados Unidos, la noticia generó conmoción y parálisis. Farah Larrieux, beneficiaria del TPS desde 2010 y actualmente solicitante de asilo, describió el clima de angustia que atraviesan miles de familias, aferradas a la esperanza de una solución de último momento.
«Volver a Haití no es una opción para nadie porque no tenemos adónde ir«, afirmó Larrieux, quien también relató episodios extremos de violencia en el país, incluyendo policías «desollados vivos» y la ejecución en plena calle de una persona que colaboraba con la fuerza internacional respaldada por la ONU contra las pandillas.
Guerline Jozef, directora ejecutiva de la organización Haitian Bridge Alliance, resumió el clima de terror que enfrenta la comunidad: «Una vez más, los miembros de nuestra comunidad enfrentan un estado de trauma, miedo y terror extremo. Uno de ellos me dijo que estas medidas se sienten como un tsunami o un terremoto con réplicas incesantes».
El impacto económico también amenaza a Haití
Especialistas advierten que el retorno masivo de migrantes podría agravar aún más la fragilidad económica del país caribeño. Las remesas enviadas por trabajadores haitianos en el exterior representan el 17% del Producto Interno Bruto de Haití. Una interrupción abrupta de ese flujo de dinero podría desatar un nuevo golpe económico en medio de la crisis humanitaria.
«La pobreza empeorará, la desigualdad empeorará y la inseguridad empeorará«, alertó Joseph Harold Pierre, analista económico radicado en Cap-Haïtien. «Si no resolvemos el problema de la seguridad, no hay nada que podamos hacer en Haití», agregó.
Un llamado que no es nuevo
La advertencia de O’Neill no es la primera. Meses atrás, el propio experto había pedido explícitamente a «quienes ostentan el poder en cualquier parte» que se abstuvieran de enviar a nadie de vuelta a Haití, en un mensaje dirigido especialmente a países con gran diáspora haitiana como Estados Unidos, República Dominicana, las Bahamas, Islas Turcas y Caicos y Turquía.
En la misma línea se pronunció el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien había sostenido que «las violaciones sistemáticas de los derechos en Haití no permiten actualmente el regreso seguro, digno y duradero de los haitianos al país», e instó a los gobiernos de la región a garantizar protección y acceso a servicios de apoyo para todos los haitianos, sin importar el motivo de su salida.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado en reiteradas ocasiones que las deportaciones masivas hacia Haití violan obligaciones legales internacionales, al no garantizar una evaluación individual de cada caso de asilo ni asegurar que las personas no sean devueltas a una situación de riesgo real para su vida.
Un país al límite, una comunidad en vilo. Mientras la Casa Blanca sostiene su hoja de ruta migratoria, los organismos internacionales insisten en que Haití no está preparado para recibir a sus propios ciudadanos. La disputa entre la política migratoria estadounidense y las advertencias humanitarias de la ONU deja, en el medio, a cientos de miles de familias que hoy no saben qué les depara el futuro.