El Gobierno de la Ciudad oficializó un protocolo que obliga a los directivos de escuelas secundarias a denunciar a estudiantes mayores de 14 años ante posibles delitos, incluso cuando ocurran fuera del colegio. Los gremios docentes lo rechazan y hablan de criminalización de los adolescentes.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un protocolo que impone a los directivos de las escuelas porteñas el «deber» de denunciar a sus estudiantes en casos que puedan enmarcarse dentro del nuevo Régimen Penal Juvenil. La medida, que ya generó un fuerte rechazo sindical, redefine el rol de las escuelas secundarias frente a los conflictos entre adolescentes.
Qué establece la resolución
La normativa se formalizó con la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26, publicada en el Boletín Oficial porteño este lunes. El reglamento, sin embargo, ya había llegado a las escuelas a fines de la semana pasada y generó polémica en redes sociales antes de su publicación formal.
El texto lleva la firma de los Ministerios de Educación, Justicia y Seguridad de CABA, además del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Aprueba dos documentos: los «Lineamientos generales sobre el impacto del Régimen Penal Juvenil en el ámbito educativo» y el «Procedimiento de actuación en el ámbito educativo ante hechos con posible relevancia penal».
Denuncia dentro y fuera de la escuela
Uno de los puntos más cuestionados es su alcance territorial. Según el protocolo, los directivos deberán denunciar los casos ocurridos tanto dentro del establecimiento como fuera de él, si involucran a un alumno de la escuela.
La normativa también habilita la intervención policial dentro de los establecimientos en casos urgentes. En esas situaciones, los directivos deberán denunciar al 911, llamar al SAME y al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad.
Cuando no hay urgencia, el procedimiento prevé que la denuncia se realice ante el Ministerio Público Fiscal porteño, por el 0800-33-FISCAL o por correo electrónico, con una descripción clara y objetiva de los hechos. El protocolo agrega que se deben mantener las medidas de protección, aplicar los reglamentos escolares y brindar acompañamiento de forma simultánea.
Del abordaje interno a la vía penal
El cambio de fondo es que abre la puerta a que los directivos denuncien a sus propios estudiantes en casos que hasta ahora podían trabajarse dentro de los dispositivos internos de los establecimientos, como la violencia entre pares o los robos entre estudiantes. Hasta ahora, esas situaciones solían resolverse con acuerdos de convivencia, sanciones escolares e intervención de equipos de orientación.
El marco legal: la Ley 27.801
El protocolo se apoya en el Régimen Penal Juvenil. La Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2026. Entró en vigencia el 5 de septiembre, y redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
Los puntos centrales de la ley son:
- Alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplan 18.
- Prohíbe la prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad.
- Contempla respuestas diferenciadas según el delito, desde medidas educativas, reparación del daño y servicios comunitarios hasta penas privativas de la libertad.
- Su finalidad declarada es fomentar el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr la educación, resocialización e integración social del adolescente.
En el Congreso, el oficialismo había conseguido en Diputados un dictamen de mayoría con 81 firmas, gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales. Tras la entrada en vigencia, la senadora Patricia Bullrich la celebró en X al afirmar que «se terminó la excusa de la edad para delinquir».
Rechazo gremial: «antesala de las cárceles»
La reacción de los sindicatos docentes fue inmediata. El documento fue difundido en redes por Federico Puy, secretario adjunto de Ademys, quien advirtió que se estaba enviando un protocolo que obliga a las directoras a denunciar a estudiantes que «podrían estar cometiendo un delito». Para el dirigente, el objetivo sería transformar a las escuelas en una «antesala de las cárceles».
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) también repudió la medida. En su comunicado sostuvo que rechaza que las escuelas se conviertan en puertas de entrada al sistema penal y advirtió sobre el riesgo de estigmatización y criminalización de niñas, niños y adolescentes. El gremio reclamó que el Ministerio de Educación garantice equipos, formación y recursos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Además, planteó que la prevención exige fortalecer las políticas sociales, educativas y comunitarias, especialmente en los territorios donde las desigualdades son mayores.
Las claves del debate
La discusión enfrenta dos visiones. Para el Gobierno porteño y los impulsores de la ley, la obligación de denunciar ordena la actuación de las escuelas y evita la impunidad. Para los gremios docentes, el protocolo desnaturaliza el rol pedagógico de la escuela, expone a los directivos a responsabilidades penales por decidir si denunciar o no y puede estigmatizar a los alumnos.
Queda abierta la pregunta sobre cómo se aplicará la norma en la práctica. Habrá que ver cuántos casos se denuncian, con qué criterio se define un hecho de «posible relevancia penal» y si los equipos de orientación escolar tendrán los recursos para sostener el acompañamiento que el propio protocolo exige.