La automotriz de Elon Musk enfrenta un juicio histórico en California por presunta discriminación racial en su planta de Fremont, en un caso sin techo de indemnización que podría costarle millones de dólares.
Un tribunal de Oakland, California, comenzó esta semana un juicio que podría convertirse en uno de los procesos por discriminación laboral más relevantes contra una gran corporación estadounidense en los últimos años. Tesla, la fabricante de vehículos eléctricos que lidera Elon Musk, se sienta en el banquillo acusada por el Departamento de Derechos Civiles de California (CRD) de haber permitido durante años un ambiente de acoso racial generalizado contra trabajadores negros en su planta insignia de Fremont.
Un caso que lleva casi cuatro años en curso
La demanda, presentada en febrero de 2022 tras una investigación de casi tres años motivada por cientos de denuncias de empleados, se tramita bajo el número 22CV006830. El CRD, antes conocido como Departamento de Empleo y Vivienda Justos (DFEH), actúa como una especie de fiscal público en materia de derechos laborales y demanda a Tesla bajo la Ley de Empleo y Vivienda Justos (FEHA) y la Ley de Igualdad Salarial de California.
El juicio, sin jurado, está a cargo del juez de la Corte Superior Peter Borkon, quien deberá determinar por sí solo si Tesla violó las leyes de derechos civiles del estado. Las audiencias comenzaron el lunes 21 de septiembre y se extenderán hasta el 30 de octubre.
Insultos raciales, esvásticas y la palabra «plantación»
Según la acusación estatal, los trabajadores afroamericanos de la planta de Fremont fueron sometidos a un hostigamiento sistemático: insultos raciales, grafitis discriminatorios y símbolos de odio pintados en baños, casilleros y áreas comunes.
El abogado del CRD, Brett Watson, presentó ante el tribunal fotografías que muestran insultos raciales grabados en superficies metálicas, junto a esvásticas, banderas confederadas y otros símbolos supremacistas en distintas zonas de la fábrica. De acuerdo con su relato, al menos un trabajador negro declaró ante investigadores estatales haber escuchado insultos raciales hasta 50 o 100 veces en un solo día, y varios empleados llegaron a referirse a la planta como el «barco de esclavos» o «la plantación». Watson sostuvo que estas experiencias no pueden explicarse como hechos aislados de unos pocos empleados.
Más allá del acoso verbal, la demanda estatal plantea acusaciones aún más profundas: que la planta de Fremont estaba segregada racialmente, con trabajadores negros relegados a los puestos peor pagados y menos deseables, sujetos a menores salarios, menos ascensos y despidos más frecuentes que sus pares.
Sin techo de indemnización
A diferencia de la legislación federal, que impone límites a las compensaciones por discriminación laboral, la ley californiana no fija un tope a los daños que un tribunal puede otorgar a los trabajadores afectados. Esto significa que, si pierde el caso, Tesla podría enfrentar una condena de varios millones —incluso decenas de millones— de dólares, además de posibles medidas correctivas que la obligarían a reformar sus políticas internas de recursos humanos.
El caso involucra a más de 6.000 trabajadores, aunque no avanza como una demanda colectiva: en 2025, el propio juez Borkon revocó una certificación previa y determinó que ese grupo de empleados no podía litigar como una sola clase, en lo que fue interpretado como una victoria parcial para Tesla.
La postura de la empresa
Tesla y sus abogados no respondieron a los pedidos de comentarios previos al inicio del juicio. De todas formas, la compañía ha negado sistemáticamente las acusaciones, sosteniendo que no tolera la discriminación en sus plantas y que ha despedido a empleados en los casos en que se comprobó mala conducta.
Por su parte, el director del CRD, Kevin Kish, afirmó en un comunicado que la agencia confía en poder responsabilizar a Tesla por los hechos denunciados.
No es la primera vez: el antecedente de los 137 millones de dólares
Este no es el primer round judicial de Tesla en torno al racismo laboral en Fremont. Durante la última década, la compañía ha sido señalada repetidamente por fomentar un clima hostil hacia los trabajadores negros, tanto en esa planta como en otras instalaciones.
El antecedente más resonante es el caso de Owen Diaz, un exoperador de ascensores contratado en la planta entre 2015 y 2016, quien denunció haber vivido una experiencia «directamente sacada de la era de Jim Crow»: insultos raciales constantes, la frase «vuelve a África» y dibujos ofensivos distribuidos por la fábrica. En 2021, un jurado federal le otorgó una indemnización de 137 millones de dólares —130 millones en concepto de daños punitivos y 6,9 millones por daño emocional—, calificada en su momento como una de las compensaciones individuales más altas registradas en un caso de discriminación racial laboral en Estados Unidos. Un juez redujo posteriormente esa cifra.
Ese caso, sin embargo, fue solo uno entre decenas de demandas individuales que Tesla ha resuelto o enfrentado a lo largo de los años. Actualmente, la compañía también lidia con una demanda federal de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), presentada en 2023 junto al Departamento de Justicia, que alega acoso racial sistemático desde al menos 2015, con episodios de represalias contra empleados que denunciaron la situación.
Un juicio de alto perfil para una empresa de 1,4 billones de dólares
El desenlace del proceso se observa con especial atención por el peso simbólico y económico de la compañía: Tesla es hoy la undécima empresa más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil cercana a 1,4 billones de dólares, tras haber crecido en al menos 100.000 millones de dólares desde que se presentó la demanda original en 2022.
Para los especialistas en derecho laboral, este juicio representa una prueba de fuego no solo para Tesla, sino para la forma en que las agencias estatales pueden litigar contra grandes corporaciones sin las limitaciones que impone la ley federal. El fallo del juez Borkon, esperado tras el cierre de las audiencias a fines de octubre, podría marcar un precedente clave en materia de responsabilidad corporativa frente al racismo en el lugar de trabajo.