El Gobierno dejó sin efecto la restitución de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral y abrió un plazo de 60 días para pedir la rehabilitación. Cómo es el trámite, qué dice la Justicia y qué pasa con la emergencia en discapacidad.
La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, oficializó la nueva suspensión de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían vuelto a cobrarse por orden judicial. La medida quedó plasmada en las Resoluciones 3695/2026 y 3697/2026 y obliga a los titulares a iniciar un trámite de rehabilitación para recuperar el haber.
Según el listado oficial, la mayoría de los alcanzados había perdido el cobro entre junio y agosto de 2025, durante las auditorías lanzadas por la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El anuncio fue realizado el martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa en la Casa Rosada.
¿Qué dicen las resoluciones?
La Resolución 3695/2026, firmada por el secretario de Discapacidad, Diego Masaragian, anuló los efectos de la Resolución 13901/25 de la ex ANDIS, que el 23 de octubre de 2025 había restablecido el pago en cumplimiento de una cautelar del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca. La anulación rige solo para las personas incluidas en un anexo.
La Resolución 3697/2026, en tanto, modificó los canales de atención. Las oficinas del PAMI pasan a ser uno de los principales puntos presenciales para presentar la documentación, en reemplazo de las de ANSES que se usaban hasta ahora.
El universo alcanzado no incluye a todas las personas que tuvieron una pensión suspendida: según explicó la Secretaría, antes se separó a quienes aportaron nueva documentación o están amparados por otros procesos judiciales de quienes deberán acreditar nuevamente su derecho por la vía administrativa.
¿Cómo pedir la rehabilitación?
Los titulares tendrán 60 días corridos desde la notificación individual para presentar certificados médicos actualizados, ratificar sus datos personales y aportar los antecedentes que demuestren que mantienen las condiciones del beneficio. La documentación puede entregarse por estas vías:
- Presencial: agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) del PAMI y dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
- Online: plataforma Trámites a Distancia (TAD), en el trámite Presentación de Documentación para Pensión Invalidez.
- Formulario de Consultas del Ministerio de Salud, en argentina.gob.ar.
- Correo electrónico: citacion@senadis.gob.ar.
Presentar los papeles no garantiza la reanudación del pago: cada expediente será evaluado por las áreas técnicas. Además, los notificados podrán interponer recursos administrativos en plazos de 20 o 30 días, según la vía elegida. Un dato para tener en cuenta: en su conferencia, el vocero habló de 30 días hábiles, mientras que las resoluciones publicadas fijan 60 días corridos desde la notificación.
La postura del Gobierno
Ravier sostuvo que no se registraron antecedentes médicos ni socioeconómicos que justifiquen la continuidad de estas pensiones y aclaró que la suspensión no implica determinar que los titulares carezcan de incapacidad laboral, sino que falta información para verificar que siguen cumpliendo los requisitos.
Como ejemplo de supuestas irregularidades, el vocero mencionó 38 casos con dos o más vehículos, 26 con dos o más inmuebles, algunos con propiedades de más de 40 hectáreas y uno con un avión. También planteó que el padrón de pensiones se multiplicó más de 15 veces entre 2001 y 2023. Según Ravier, hasta el momento no hubo presentaciones judiciales por los casos alcanzados por la auditoría.
Las críticas
Para medios y sectores críticos, la decisión es un nuevo capítulo del ajuste en discapacidad y una forma de desconocer fallos adversos. Infocielo advirtió que el Gobierno vuelve a hablar de irregularidades sin formalizar denuncias, y Minuto Uno enmarcó la medida en la serie de decisiones judiciales que la administración de Javier Milei no acata. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que la cautelar perdió vigencia tras el revés de la Cámara de Tucumán.
El recorrido judicial
- 12 de septiembre de 2025: el juez Guillermo Díaz Martínez, del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, ordena restituir las pensiones suspendidas en esa provincia.
- 17 de octubre de 2025: extiende la cautelar a todo el país y ordena frenar auditorías y nuevas bajas hasta una sentencia definitiva.
- 23 de octubre de 2025: la ANDIS cumple y restituye 119.033 pensiones, según se informó en su momento.
- 20 de noviembre de 2025: sentencia de fondo que declara que la ANDIS actuó de forma ilegal.
- Febrero de 2026: la Cámara Federal de Tucumán revoca el fallo por mayoría, al considerar que el Defensor del Pueblo de Catamarca no estaba legitimado para demandar a un organismo nacional. El juez Fernando Poviña votó en disidencia. Las asociaciones anticiparon un recurso extraordinario ante la Corte Suprema; no se halló información sobre una resolución del máximo tribunal.
- Octubre de 2026: según El Ancasti, la Cámara Federal de Resistencia confirmó un amparo de la Defensoría del Pueblo de Formosa contra la ANDIS, en sentido contrario a lo resuelto en Tucumán. La contradicción entre cámaras podría allanar el camino a la Corte.
Provincias como Formosa, La Rioja y Misiones también judicializaron las suspensiones desde 2025.
El trasfondo: decreto 843/2024 y auditorías
Las auditorías se enmarcan en el Decreto 843/2024, que según los demandantes exige una incapacidad total y permanente del 66% y la ausencia de empleo registrado. El pico de suspensiones se alcanzó en 2025, con casi 120.000 beneficios afectados. El Gobierno argumenta que el crecimiento del padrón generó sospechas sobre cómo se otorgaron las pensiones. La prestación está regulada por la Ley 13.478 y el Decreto 432/97 y se destina a personas sin recursos suficientes, sin cobertura previsional e imposibilitadas de trabajar.
Emergencia en discapacidad: qué pasa en el Congreso
La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue reglamentada por el Decreto 84/2026, luego de un fallo del juez federal de Campana Adrián González Charvay. Su vigencia vence el 31 de diciembre de 2026. El 21 y 22 de octubre, Diputados aprobó con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones un proyecto sobre discapacidad, tras un acuerdo en el que el Gobierno retrocedió con recortes previstos en el Presupuesto 2027 y se preservaron las pensiones no contributivas. La iniciativa debe ahora pasar por el Senado.
Qué sigue
Los titulares incluidos en el anexo deben estar atentos a la notificación individual, porque desde ese momento corre el plazo de 60 días. Las organizaciones del sector y los legisladores opositores siguen de cerca el caso, mientras la discusión sobre la Corte Suprema y la prórroga de la emergencia define el futuro de las pensiones por invalidez.
