Zonas Frías: 700.000 cordobeses podrían pagar más por el gas

La nueva Ley 27.828 elimina el subsidio automático por Zona Fría en 13 departamentos de Córdoba. El Gobierno nacional modificó los criterios de acceso a la bonificación, que ahora dependerá de requisitos socioeconómicos y de consumo. La Provincia analiza recurrir a la Justicia para frenar el impacto sobre los hogares.

Fin del subsidio al gas: qué cambia en Córdoba

La promulgación de la Ley 27.828 abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y la administración de Córdoba. Desde su publicación en el Boletín Oficial, el 13 de octubre de 2026, la norma modifica el régimen de Zona Fría y deja atrás la bonificación automática que alcanzaba a usuarios de numerosas localidades incorporadas a partir de la ampliación de 2021.

Según estimaciones del Gobierno provincial difundidas por Página/12, alrededor de 700.000 cordobeses podrían perder el beneficio que reducía el importe de sus facturas de gas. La reforma forma parte de una reestructuración nacional de los subsidios energéticos que afecta a millones de usuarios y modifica la distribución territorial de la asistencia estatal.

Hasta ahora, los hogares incluidos en la ampliación de 2021 recibían una bonificación por residir en zonas contempladas por el régimen. Con el nuevo esquema, la ubicación geográfica deja de ser suficiente para acceder al beneficio: los usuarios deberán cumplir condiciones específicas e incorporarse al sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

El cambio genera preocupación porque afecta a familias que viven en regiones donde las bajas temperaturas pueden incrementar la necesidad de calefacción durante buena parte del año.

Los 13 departamentos de Córdoba que pierden el beneficio automático

La reforma alcanza a zonas de 13 departamentos cordobeses. La lista informada por Página/12 incluye:

  • Capital
  • Calamuchita
  • General Roca
  • General San Martín
  • Juárez Celman
  • Marcos Juárez
  • Presidente Roque Sáenz Peña
  • Río Cuarto
  • Río Segundo
  • San Javier
  • Santa María
  • Tercero Arriba
  • Unión

La inclusión de estos departamentos no significa necesariamente que todos sus habitantes quedarán excluidos de cualquier asistencia. El cambio central es que el subsidio deja de otorgarse automáticamente por la ubicación del domicilio y pasa a depender de los criterios establecidos para el nuevo régimen focalizado.

Por eso, el impacto concreto sobre cada hogar estará condicionado por su situación socioeconómica, el tipo de servicio y los requisitos de acceso aplicables.

¿Quiénes podrán conservar el subsidio al gas?

La nueva legislación establece una bonificación adicional por Zona Fría para usuarios residenciales que estén incorporados al régimen de subsidios focalizados, residan en las áreas bioambientales contempladas por la norma y cumplan los criterios exigidos.

La Ley 27.828 modifica el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga varios artículos de la Ley 27.637, que había ampliado la cobertura territorial del beneficio.

De acuerdo con el texto legal publicado en el Boletín Oficial, la bonificación adicional se aplica sobre los consumos base y no reproduce necesariamente el descuento que regía bajo el esquema anterior. Los criterios territoriales se vinculan con las subzonas bioambientales establecidas mediante la normativa técnica correspondiente.

En consecuencia, vivir en una localidad que anteriormente recibía el descuento no garantiza que el usuario conserve la misma reducción en su factura.

Para conocer las condiciones aplicables, los usuarios pueden consultar la información oficial del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad sobre el régimen de Zona Fría.

Qué regiones conservarán el beneficio

La nueva ley mantiene un tratamiento diferenciado para la Patagonia, la región de la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Estas zonas conservan la cobertura territorial prevista en la normativa.

Sin embargo, también se introducen modificaciones en el cálculo y alcance de las bonificaciones. La legislación contempla una bonificación adicional focalizada para determinados usuarios de otras zonas bioambientales, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

La reforma, por lo tanto, no se limita a reducir el número de localidades alcanzadas: también cambia la lógica de asignación de la ayuda estatal, con mayor énfasis en los ingresos y los consumos considerados esenciales.

Llaryora endureció sus críticas contra el Gobierno nacional

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, había cuestionado con dureza la decisión del Congreso de avanzar con la eliminación del beneficio automático. Tras la votación, calificó de “traidores” a los legisladores cordobeses que respaldaron la medida y sostuvo que la decisión perjudica a los habitantes de la provincia.

El mandatario planteó que, si el objetivo era evitar que los hogares de mayores ingresos recibieran subsidios, existían alternativas para focalizar la ayuda sin retirar la bonificación de manera generalizada a territorios con bajas temperaturas.

La discusión enfrenta dos posiciones: por un lado, el argumento oficialista de concentrar los recursos públicos en los usuarios que cumplen determinados requisitos; por el otro, la advertencia provincial sobre el impacto que puede tener el recorte en hogares que necesitan calefacción durante el invierno.

La disputa también tiene una dimensión política, debido a las diferencias entre la administración de Javier Milei y el Gobierno cordobés en torno a las tarifas, la asistencia estatal y el reparto de los costos de los servicios públicos.

Córdoba analiza recurrir a la Justicia

La administración provincial evalúa presentar una acción judicial para intentar frenar la aplicación de la reforma. Según informó Página/12 el 7 de octubre, el ministro de Comunicación de Córdoba, Daniel Pastore, confirmó que el tema estaba bajo análisis del Ejecutivo junto con la Defensoría del Pueblo.

La posibilidad de acudir a los tribunales busca cuestionar la eliminación del beneficio para los departamentos alcanzados y explorar alternativas para proteger a los usuarios afectados.

No obstante, la evaluación de una presentación judicial no equivale a una suspensión de la ley. Mientras no exista una decisión judicial que modifique su aplicación, la normativa publicada en el Boletín Oficial permanece vigente.

El resultado de una eventual acción judicial será clave para determinar si Córdoba consigue preservar el esquema anterior o si los hogares deberán adaptarse a las nuevas condiciones nacionales.

El impacto en las facturas y el bolsillo familiar

Uno de los principales interrogantes es cuánto más deberán pagar los usuarios que dejen de recibir el descuento. La respuesta dependerá del consumo de cada hogar, la tarifa vigente, la composición de la factura y la eventual posibilidad de acceder a una bonificación focalizada.

El gas es un servicio esencial para cocinar, calentar agua y calefaccionar las viviendas. En los meses más fríos, un aumento del costo efectivo del suministro puede representar una presión considerable sobre los presupuestos familiares, especialmente entre jubilados, trabajadores de ingresos bajos y medios y hogares con mayores necesidades de calefacción.

También existe una diferencia importante entre eliminar un descuento y retirar toda la asistencia: algunos usuarios podrían conservar una bonificación si cumplen los requisitos, mientras que otros podrían perder el beneficio que recibían por su ubicación geográfica.

Por esa razón, no es posible afirmar que todas las facturas aumentarán en el mismo porcentaje ni establecer una suba uniforme para los 13 departamentos sin conocer los consumos y las condiciones particulares de cada usuario.

Una reforma con alcance nacional

El cambio en Córdoba forma parte de una modificación de mayor escala. Según las estimaciones difundidas por distintos medios nacionales, alrededor de 3,35 millones de usuarios podrían dejar de recibir el beneficio automático que se había extendido en 2021.

La reforma reduce la cobertura territorial y busca concentrar los recursos en regiones y hogares definidos por los nuevos criterios. Entre los argumentos favorables al recorte figura la necesidad de reducir el costo fiscal de los subsidios energéticos y dirigir la asistencia hacia quienes más la necesitan.

Sus críticos advierten, en cambio, que el criterio de ingresos no siempre refleja las necesidades reales de calefacción: dos hogares con ingresos similares pueden enfrentar gastos muy diferentes según el clima, las características de la vivienda y la disponibilidad de otros sistemas de calefacción.

El debate, en definitiva, no se limita al precio del gas. También plantea una discusión sobre cómo distribuir los subsidios, qué regiones deben recibir una compensación por las condiciones climáticas y cuánto del costo energético deben afrontar los hogares.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

Ante la entrada en vigencia de la nueva ley, los usuarios de Córdoba deberían verificar si su hogar está incorporado al régimen de subsidios focalizados, revisar las condiciones vigentes y consultar las comunicaciones oficiales antes de asumir que conservarán el descuento anterior.

La situación de cada domicilio puede variar según la localidad, el tipo de suministro, los consumos considerados base y los requisitos socioeconómicos establecidos por la autoridad de aplicación.

La información oficial puede consultarse en el texto de la Ley 27.828 publicado por el Estado nacional y en el sitio del organismo regulador.

La controversia continuará tanto en el plano político como en el judicial. Para cientos de miles de cordobeses, el interrogante inmediato es cuánto cambiará la próxima factura y si podrán acceder a una ayuda que amortigüe el impacto.

La eliminación del subsidio automático ya es una realidad normativa; la magnitud del aumento para cada hogar y el futuro de una eventual impugnación judicial siguen siendo cuestiones por determinar.