El oficialismo acelera los tiempos y busca convertir en ley esta misma semana la reforma de la Ley de Glaciares, una norma que modifica la protección de los glaciares y periglaciares en Argentina. Con plenario de comisiones convocado para este martes 7 de abril y sesión prevista para el miércoles 8, el Gobierno de La Libertad Avanza avanza con decisión para desbloquear inversiones mineras en provincias como San Juan y Catamarca, mientras la oposición anticipa una inmediata judicialización por considerar que se trata de una regresión ambiental.
En un contexto de fuerte tensión entre desarrollo productivo y preservación ambiental, el oficialismo confía en replicar en la Cámara de Diputados el resultado obtenido en el Senado, donde la iniciativa se aprobó con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Fuentes parlamentarias confirmaron que ya está agendada la exposición de gobernadores clave como Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes reclaman la modificación para destrabar proyectos mineros millonarios que la legislación vigente frena desde hace años.
La reforma de la Ley de Glaciares propone un cambio sustancial: ya no se protegerán de forma automática todos los glaciares y el ambiente periglacial, sino solo aquellos que presenten un “aporte hídrico relevante y comprobable” a una cuenca. Además, otorga mayor injerencia a las provincias, que según la Constitución Nacional tienen el dominio originario de los recursos naturales.
Fernanda Ávila, exministra de Minería de Catamarca y actual diputada, defendió con firmeza la iniciativa: “La reforma de la ley de Glaciares dará seguridad jurídica para las empresas y las provincias; no se desprotegerá el recurso hídrico”. Ávila explicó que la modificación “le devuelve a las provincias una facultad que está un poco desdibujada en la ley vigente, que es la de administrar sus recursos y hacer todos los estudios necesarios para poder avanzar en esa administración y la protección real de los recursos naturales”.
La legisladora catamarqueña aclaró que “no se deja de proteger ningún ambiente con la reforma. Todo lo que está inventariado hoy va a seguir inventariado y protegido. Lo único que se va a hacer es determinar si dentro de ese ambiente existe lo que se quiere proteger, que es el agua”. Según sus palabras, la ley actual genera “mucha incertidumbre alrededor de qué se protege” y se convirtió en un obstáculo tanto para las empresas como para las autoridades de aplicación.
Desde la bancada del PRO que lidera Cristian Ritondo, se defiende la iniciativa con un argumento central: “La discusión no tiene que plantearse como una disyuntiva entre cuidar el ambiente o permitir el desarrollo productivo. Los glaciares son reservas estratégicas de agua y su protección es incuestionable, y esta modificación no viene a bajar ese estándar, sino a ordenar y dar mayor claridad a la ley”.
El oficialismo cuenta con 95 diputados propios y el apoyo unificado del PRO. Se suma gran parte de la UCR y bloques federales de Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca y San Juan. Incluso se espera el voto favorable de al menos dos legisladores sanjuaninos y una catamarqueña de Unión por la Patria, replicando la división que ya se produjo en el Senado.
Las audiencias públicas realizadas días atrás registraron más de 100.000 inscriptos y unas 400 exposiciones orales en dos jornadas, lo que refleja la enorme polarización social que genera el tema. Sin embargo, el oficialismo no teme abrir el recinto pese a los recientes cruces políticos.
La oposición, encabezada por Unión por la Patria, ya advirtió que la norma será llevada a la Justicia por considerar que viola los “presupuestos mínimos” de protección ambiental de alcance nacional. Especialistas en derecho ambiental coinciden en que la judicialización es casi inevitable una vez que la Ley de Glaciares sea sancionada.
Según Ávila, la reforma no solo brindará seguridad jurídica a los inversores, sino que permitirá triplicar las exportaciones mineras (actualmente en torno a los 6.000 millones de dólares) al destrabar proyectos de cobre, generando miles de empleos directos e indirectos en el sector. “Los estudios los realizarán las provincias con sus capacidades técnicas”, enfatizó, desestimando que las empresas financien o realicen los relevamientos.
Con esta movida express, el Gobierno busca dar una señal clara a los inversores mineros y a las provincias del norte y oeste del país: el desarrollo no está reñido con la protección de los recursos hídricos estratégicos. La pelota ahora está en la cancha de Diputados, donde todo indica que esta semana podría escribirse un nuevo capítulo en la historia de la Ley de Glaciares en Argentina.