El Gobierno de Javier Milei dio un paso clave en su agenda de desregulación al enviar este jueves 26 de marzo de 2026 al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa que propone derogar más de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes, con el fin de simplificar el sistema legal argentino y reducir drásticamente la burocracia.
El objetivo central de la Ley Hojarasca no se limita a la eliminación puntual de estas 70 normas: busca sentar un criterio racional y dinámico para evitar en el futuro la acumulación desordenada de regulaciones. El Gobierno sostiene que un marco normativo claro, accesible y eficiente es esencial para fomentar la actividad económica, optimizar la gestión pública, reducir ineficiencias operativas y costos administrativos, y garantizar el pleno ejercicio de las libertades individuales y la propiedad privada.
Especialistas en derecho y sectores productivos han señalado que la sobrerregulación obliga a empresas y ciudadanos a navegar un entramado normativo innecesario, lo que aumenta los costos operativos y desincentiva inversiones. Con esta medida, el Ejecutivo busca eliminar distorsiones históricas y avanzar hacia un Estado más ágil y previsible.
La iniciativa se enmarca en la estrategia integral de desregulación del Gobierno de Milei, que prioriza la reducción de la intervención estatal innecesaria y la lucha contra la hojarasca normativa que, según el oficialismo, ha asfixiado durante años el potencial productivo del país. Sturzenegger, considerado el principal artífice de esta política, ha enfatizado en ocasiones anteriores que “todo lo que está permitido por la Constitución no necesita leyes específicas”.
Ahora el Congreso deberá debatir este proyecto que promete marcar un hito en la modernización del sistema legal argentino. De aprobarse, representaría un avance concreto hacia la simplificación jurídica, la transparencia y la eliminación de trabas burocráticas que limitan el crecimiento y la generación de empleo